transparencia y acceso A la INFORMACIÓN PÚBLICA

Defensoría no cobra multas por violar ley

Debido a que la cuenta está pendiente de un requisito de la Contraloría, la Defensoría del Pueblo no ha recibido las multas por violar la Ley 6.
DERECHO. Todo ciudadano tiene derecho a solicitar información a las entidades del Gobierno sin necesidad de justificación. LA PRENSA/Archivo DERECHO. Todo ciudadano tiene derecho a solicitar información a las entidades del Gobierno sin necesidad de justificación. LA PRENSA/Archivo
DERECHO. Todo ciudadano tiene derecho a solicitar información a las entidades del Gobierno sin necesidad de justificación. LA PRENSA/Archivo

El 29 de agosto de 2008, el pensionado Anel Blanquiset solicitó información a la Caja de Seguro de Seguro Social (CSS) sobre su expediente. Quería probarle a esa entidad que no recibió el pago de unas incapacidades laborales.

Al no obtener respuesta, interpuso una acción de hábeas data ante la Corte Suprema de Justicia, y el 6 de mayo de 2009, este tribunal falló a su favor. Ordenó a la CSS que le entregara la información solicitada.

Sin embargo, Silvia Alvarado, subdirectora nacional de prestaciones económicas de la CSS, desconoció el fallo y fue sancionada el 30 de mayo de 2011, por desacato, con una multa equivalente al doble de su salario mensual, tal como lo dispone la Ley 6 de 2002 de Transparencia.

Pero el monto de la sanción jamás llegó a depositarse en la cuenta, que según la Ley 6 debe disponer la Defensoría del Pueblo. El artículo 23 de dicha norma dice: “El monto de las multas impuestas por las sanciones establecidas en la prcsente ley, será remitido a una cuenta especial para la Defensoría del Pueblo dentro de su presupuesto y será destinado a programas de participación ciudadana”.

Dicha cuenta nunca ha sido habilitada para que pudieran descontarse las multas a los funcionarios que no acaten el fallo de la Corte Suprema.

Javier Mitil, defensor del Pueblo adjunto, en carta enviada a este medio explicó que la cuenta “se encuentra actualmente en proceso de asignación de clave de descuento (al funcionario multado) por parte de la Contraloría General de la República”. Por esta razón, dijo, no ha ingresado el dinero de la sanción.

MULTAS EN PAPEL

En los 11 años que tiene la Ley 6 de estar vigente, solo se ha multado a dos servidores públicos por negar documentación de acceso público.

El primero es el caso de la CSS y Blanquiset, mientras que el segundo se gestó en el Órgano Judicial.

Sobre este expediente, Mitil dijo que tampoco se ha logrado cobrar el monto de la sanción.

El exdefensor del Pueblo Juan Antonio Tejada (2001-2006) manifestó que durante su ejercicio no decretó ninguna orden judicial de desacato, por lo que no fue necesario habilitar una cuenta para cobrar las multas.

Se intentó obtener una versión del exdefensor Ricardo Julio Vargas (2006-2011), pero no respondió las llamadas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó en sentencia del 19 de septiembre de 2006, que “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda la información es accesible, con excepción de datos restringidos.

El artículo 2 de la Ley 6 de Transparencia establece que toda persona tiene derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, la información de acceso público en poder o en conocimiento de las instituciones.

La recién creada Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, a cargo de Abigaíl Benzadón, también tiene entre sus facultades imponer multas a los funcionarios que violen la Ley de Transparencia, al negar información.

Estas sanciones serán hasta por un monto que no supere el 50% del salario mensual del servidor público.

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