Mañana: Café con La Prensa sobre la reestructuración de la ciudad de Panamá

DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

Deficiencias en los municipios

Al menos, 60 de los 77 municipios del país no cuentan con un acuerdo que adopte un ‘Código de Ética y Transparencia Municipal’.

Carrera municipal, a segundo debate

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Taboga, en la provincia de Panamá, es uno de los 59 municipios del país que reciben subsidios. El aporte anual que le da el Gobierno Central suma $182 mil 918. Taboga, en la provincia de Panamá, es uno de los 59 municipios del país que reciben subsidios. El aporte anual que le da el Gobierno Central suma $182 mil 918.
Taboga, en la provincia de Panamá, es uno de los 59 municipios del país que reciben subsidios. El aporte anual que le da el Gobierno Central suma $182 mil 918. Archivo

Correctivos en procesos administrativos, técnicos y jurídicos forman parte de los retos que tienen pendientes más de la mitad de los 77 municipios que hay en el país, luego de que en enero de 2016 entrara en vigencia la descentralización.

Estas debilidades quedaron al descubierto en un diagnóstico de gestión, elaborado por la Secretaría de Asuntos Municipales de la Procuraduría de la Administración, creada en 2016 para, entre otras responsabilidades, fungir como consejera jurídica de los servidores públicos administrativos del Estado, incluyendo los municipios. En otras palabras, la Secretaría debe ser el enlace para fortalecer la administración pública de los gobiernos locales.

Los datos del informe, que fueron recopilados entre mayo y junio de 2016, analizan la situación interna de las alcaldías de provincias y comarcas, y destacan sus avances y deficiencias, que, a la fecha, según Cristina Díaz, jefa de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Procuraduría de la Administración, no han sido superadas.

Fueron los propios alcaldes, tesoreros, asesores legales, presidentes de los consejos y el personal técnico de los municipios del país quienes, mediante una encuesta de 25 preguntas, dieron detalles de la realidad de sus localidades, pese al proceso de descentralización.

Se les preguntó, por ejemplo, si los municipios cuentan actualmente con manuales de cargos y funciones, con el reglamento interno de personal, con un régimen impositivo actualizado y con un código de ética.

LAS FALLAS

Una de las conclusiones del informe da cuenta de debilidades administrativas, que revelan una clara ausencia de sistematización en las administraciones municipales.

Además, el documento plantea la necesidad de que los municipios actualicen sus bases de datos en lo que respecta a asuntos presupuestarios, financieros, administrativos y legales.

También detalla que de los 77 municipios existentes en Panamá, 60 no han firmado un acuerdo para adoptar el Código de Ética y Transparencia Municipal. Solo 17 municipios trabajan actualmente con esta herramienta.

Asimismo, el diagnóstico muestra que 41 municipios no tienen establecido un plan de desarrollo local ni tampoco un régimen impositivo actualizado.

Cuando se preguntó a los funcionarios si contaban con un manual de procedimientos en sus juntas comunales, la Secretaría de Asuntos Municipales de la Procuraduría de la Administración descubrió que 50 municipios (65%) no tienen, mientras que 27 (35%) sí lo poseen.

La Ley 66 de 2015, que modificó la Ley 33 de 2009, sobre la descentralización municipal, establece la obligatoriedad de la adopción de los manuales y reglamentos de gestión interna necesarios para el procedimiento.

Sobre la actualización del organigrama municipal, que busca una estructura organizativa más eficiente y eficaz, se observó, según el informe, que 43 municipios permanecen sin cambios al respecto, mientras que 34 ya lo actualizaron.

Tampoco existe en la mayoría de las alcaldías de Panamá algún acuerdo municipal que contenga un régimen contractual relacionado con los controles administrativos.

En este sentido, 50 municipios no han creado este acuerdo; solo lo contemplan 23 municipios, cuyos presupuestos son mayores a los del resto, destaca el diagnóstico.

Las debilidades de los municipios también quedaron evidenciadas al conocerse que la mayoría no cuenta con un plan de desarrollo local.

Este plan, diseñado para optimizar el uso de los recursos técnicos, humanos y materiales, solo es usado por 36 municipios. Los 41 restantes no lo tienen.

La mayoría de los ayuntamientos del país que presentan el mayor número de deficiencias son los del interior de la república, señala el informe, aunque sin identificarlos ni ubicarlos.

El diagnóstico expone también que, de los 77 municipios existentes en el país, 59 son subsidiados –reciben aportes del Gobierno Central– y 18 son autosuficientes en sus recaudaciones tributarias.

LO BUENO

Uno de los aspectos en los que la mayoría de los municipios no presenta debilidades, de acuerdo con el diagnóstico, es el que tiene que ver con la creación de manuales de procedimientos para la elaboración de proyectos comunitarios.

Según el documento, 70 de los municipios cuentan con la denominada Guía para el manejo del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales.

Solo siete indicaron que no tienen un manual ni guía para ese procedimiento.

En cuanto a la estructura de alguna estrategia para la promoción y participación ciudadana y la transparencia, quedó evidenciado, según el informe, que “las autoridades locales han demostrado un alto grado de voluntad política para aplicar algunas estrategias de participación ciudadana”.

Es decir, 65 municipios están realizando cabildos abiertos de consulta ciudadana, como lo establece la Ley 66 de octubre de 2015, para la elaboración y formulación de los proyectos en sus comunidades. Mientras tanto, 12 municipios no están aplicando esta estrategia.

OTRAS DIFICULTADES

En una nota publicada por La Prensa el 26 de marzo pasado, titulada “Las trabas de la descentralización”, se plantean otras deficiencias que tienen las alcaldías del país, a la luz de la descentralización.

La información señala, por ejemplo, que en las comarcas tienen dificultades con la contratación de personal.

La nota recoge el testimonio de Irene Vásquez, alcaldesa de Ñürum, en la comarca Ngäbe Buglé, quien manifestó que actualmente están contratando los proyectos con los fondos asignados en 2016, debido a la falta de personal.

“El problema es que no teníamos el ingeniero y el asesor legal para hacer la licitación y subirla a Panamá Compra. Tuvimos que conseguir un ingeniero y un abogado de Veraguas para que fueran a trabajar”, añadió.

Mientras, Calixto Palacios, alcalde del distrito de Kankintú, señaló que “en nuestra comarca no tenemos electrificación y menos internet y tecnología. El equipo técnico tiene que desplazarse a Chiriquí Grande, San Félix o Santiago para elevar los proyectos a Panamá Compra”.

A partir del primer diagnóstico sobre la situación de los municipios de cara a la descentralización, la Secretaría de Asuntos Municipales de la Procuraduría de la Administración empezó a ejecutar un plan de acción, este año, como una segunda fase del informe elaborado en 2016.

Se trata de la presentación de borradores para la confección de manuales que, según la Ley 66 de octubre de 2015, los municipios están obligados a crear.

Díaz contó que ya han realizado giras al interior del país para hacer la entrega a varios municipios de las áreas rurales, que en su mayoría presentan esa deficiencia.

‘ESTAMOS TRABAJANDO’

En tanto, la Secretaría Nacional de la Descentralización, que se encuentra bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia, informó que conoce el informe de la Procuraduría de la Administración y reconoce las deficiencias que aún enfrentan los municipios.

No obstante, aseguró que trabajan para revertir esta situación, ya que se trata de un proceso a largo plazo.

“Han sido casi 43 años de abandono en los que han vivido los municipios por parte de los gobiernos”, manifestó Narciso Machuca, subdirector de la Secretaría Nacional de Descentralización.

“Hace 43 años están pidiendo auxilio para que el Gobierno Central le preste atención”, argumentó.

Continuó diciendo: “Es mentira que los municipios harán un giro de 180 grados en lo que ellos estaban haciendo. El proceso de descentralización es un proceso a mediano y largo plazo”.

Explicó que han enfrentado algunos obstáculos, como la falta o disposición de los técnicos que requieren las alcaldías para hacerle frente a sus necesidades.

Añadió que en las comarcas han pasado de cuatro a cinco meses en busca de ingenieros, porque la gente quiere trabajar en las ciudades y no en los municipios rurales.

Aseguró que en el casi año y medio que lleva andado la descentralización municipal se han vistos mejoras y resultados en dichas instancias. “Antes, las estructuras administrativa de los municipios eran muy débiles. Ahora, hasta abril de 2017, puedo decir que cuentan con equipos de abogados, tienen asesoría legal, cosas que antes no tenían...”, precisó.

A diciembre de 2016, el nivel de ejecución presupuestaria de los municipios correspondía al 46% de una partida de $151 millones procedente del impuesto de bienes inmuebles (IBI). Para este mes, la ejecución ya ronda el 85%, de acuerdo con la Secretaría de Descentralización.

La baja ejecución inicial, según Machuca, se debió a que los fondos llegaron a los municipios casi a mitad de año, “y a partir de esa fecha les correspondió nombrar funcionarios, mejorar infraestructuras y otras”.

RECURSOS

El diagnóstico municipal de la Procuraduría de la Administración precisa que en 2016, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó un presupuesto de $380 millones 825 mil 513 para todos los municipios.

Machuca explicó que los municipios reciben tres partidas: del impuesto de bien inmueble, de la Transferencia de Fondos de Inversiones (antiguo Pronadel) y de una partida de subsidios.

En 2017, la partida del IBI es de $168 millones 283 mil 851; la Transferencia de Fondos de Inversiones suma, al menos, $72 millones, mientras que los subsidios rondan los $33 millones.

EMPLAZAN A MUNICIPIOS

En este escenario, la Secretaría de Descentralización informó a todos los municipios y juntas comunales del país que tienen hasta el 28 de este mes –el próximo viernes–, para comprometer los fondos, licitar las obras y comenzar a ejecutarlas.

Esto es así, debido a que una vez se inicie el proceso electoral de cara a los comicios generales de 2019, los municipios no podrán solicitar la ejecución de nuevas obras.

Machuca adelantó que, al menos, 60 municipios ya entregaron proyectos para ejecutar con los fondos procedentes del impuesto de bienes inmuebles presupuestados para este año, y que la documentación está siendo verificada por la junta técnica, que ya entregó la aprobación de viabilidad a algunos de los solicitantes.

La Secretaría de la Descentralización también dio plazo hasta el próximo mes de junio para que los 77 municipios tengan listo un reglamento interno y un manual de cargos y funciones.

“Los manuales de cargos y funciones deben incluir la escala salarial de todos los funcionarios”, precisó Machuca.

Carrera municipal, a segundo debate

Garantizar la estabilidad de los funcionarios municipales es una de las propuestas que contempla el proyecto  de ley 14, que regula la carrera administrativa municipal.

Esta iniciativa surge como parte del proceso de descentralización municipal, que se inició en el año 2016.

El documento ya fue aprobado en primer debate por la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional.

La propuesta establece que para ingresar a la carrera administrativa municipal se debe aprobar las pruebas de idoneidad, exámenes y demás requisitos que establezcan la ley y los manuales aprobados por el respectivo Consejo Municipal o asociación  intermunicipal.

Además, deben poseer aptitudes morales y físicas propias para el desempeño del cargo, lo que se comprobará mediante información de vida y costumbres, y certificaciones de aquellas instancias consideradas para estos efectos.  

Los proponentes del  proyecto fueron los perredistas Pedro Miguel González, Javier Ortega, Iván Picota, Leandro Ávila, y Sergio Gálvez, de Cambio Democrático.        

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