MAGISTRADO AFIRMA QUE HAY TRANSPARENCIA EN EL MÁXIMO TRIBUNAL DEL PAÍS

´Dejo una Corte unida´: Aníbal Salas

Salas departió ayer amenamente en un acto con su colega Harry Díaz, con quien hace tres meses sostuvo una fuerte polémica pública.

“Salgo con muchas satisfacciones y dejo una Corte unida”, expresó Aníbal Salas, quien el 31 de diciembre próximo finaliza su período de 10 años como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con el magistrado, en el plano personal existe “unidad plena” en la Corte, pero en el laboral hay veces en que los integrantes del pleno tienen criterios diferentes y los expresan.

“Si todos los magistrados pensaran de la misma manera, solo se necesitaría uno solo y no nueve”, opinó.

Para reemplazar a Salas en la Corte, uno de los candidatos con más fuerza es el actual procurador, José Ayú Prado; mientras que a este lo sucedería en el puesto Ana Belfon, secretaria de asuntos legales de la Presidencia.

Las declaraciones de Salas se dieron ayer durante un acto protocolar, en el que se hizo entrega de certificados a funcionarios que concluyeron un diplomado de derecho procesal penal, evento en el que departió amenamente con el vicepresidente de la Corte, Harry Díaz.

A Díaz le correspondió entregar el diploma a Salas y lo felicitó por ser uno de los participantes más destacados.

Pero, hace solo tres meses, Salas y Díaz protagonizaron una fuerte polémica por el fallo que condenó a los hermanos Aquilino y Carlos de la Guardia por la quiebra del grupo Adelag.

Salas también cuestionó la labor de su colega Harley Mitchell, luego de reemplazarlo como presidente de la Corte, en 2010.

Sin embargo, ayer tuvo palabras de elogio para la labor de Mitchell como impulsador de los programas de descongestionamiento judicial, a los cuales, dijo, le dio seguimiento en su gestión al frente del Órgano Judicial (2010-2011).

También salió al paso a la percepción negativa de la ciudadanía sobre el desempeño de los máximos jueces de la República y afirmó que, por el contrario, sí hay transparencia en su actuación.

Lo que ocurre, según él, es que todo lo malo que pasa en el Órgano Judicial se le atribuye a los magistrados.

Salas llegó a la Corte en 2002, en medio de críticas por su cercanía con la entonces presidenta Mireya Moscoso. De hecho, en aquella fecha se desempeñaba como ministro de Gobierno y Justicia, y antes militó en el arnulfismo.

JOSÉ AYÚ PRADO

El candidato con más fuerza

José Ayú Prado Canals, con 27 años seguidos laborando en el Ministerio Público, donde ha ocupado casi todos los cargos, desde asistente de fiscal hasta procurador de la Nación, que ejerce desde enero de 2011, cuando fue designado por el presidente, Ricardo Martinelli, en reemplazo de Guiseppe Bonissi, es mencionado como el candidato con más fuerza para reemplazar a Aníbal Salas, quien culmina este 31 de diciembre sus 10 años como magistrado de la Corte Suprema.

Ayú Prado ha preferido no hacer comentarios sobre las versiones que indican que en enero próximo mudará su oficina de la avenida Perú, en Calidonia, al palacio de Justicia Gil Ponce, en Ancón. Su administración ha sido cuestionada por su “lentitud judicial” en varios casos de alto perfil, principalmente en aquellos en los que han resultado implicados funcionarios del actual gobierno y que al final han sido resueltos en los tribunales de justicia con sobreseimiento de cargos, muchas veces por inconsistencias en las investigaciones hechas por el Ministerio Público.

Como ejemplo están los sobreseimientos que dictó este año el Juzgado Tercero penal en favor de la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras Anabelle Villamonte, por los procesos que se instruyeron en las fiscalías Quinta de Circuito y Segunda Anticorrupción tras el otorgamiento de tierras en Juan Hombrón y Paitilla.

De igual forma, Ayú Prado envió este año a la Corte Suprema, con una solicitud de sobreseimiento definitivo, el expediente sobre supuestas irregularidades en la compra de tres fincas para la construcción de un hospital en Chilibre. También pidió, por falta de pruebas, el cierre de la investigación seguida al exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu por la titulación de tierras en Juan Hombrón. Además, solicitó el archivo de las sumarias del proceso por el supuesto pago de coimas a funcionarios del Gobierno por la compra de radares a Finmeccanica.

ANA BELFON

Posible retorno al MP

Ana Belfon Vejas, conocida como “la fiscal de hierro”, actualmente es la secretaria de asuntos legales de la Presidencia. Abogada de profesión, una buena parte de su vida laboral ha estado ligada al sector público. Su carrera en el Gobierno comenzó en el Ministerio Público.

Entre 1986 y 1989, época en que el dictador Manuel A. Noriega tenía las riendas del país, fue fiscal primera superior del distrito judicial de Panamá, y entre 1989 y 1990 se hizo cargo de la Fiscalía Tercera Superior del distrito judicial. En junio de 1986, por ejemplo, ordenó la detención del periodista Guillermo Sánchez Borbón. De este episodio, Sánchez Borbón escribió así: “Cuando la fiscal norieguista me llamó a su despacho para tomarme una declaración, fui inocentemente a meterme en la boca del lobo...”.

En 1994, durante el período de Mayín Correa en la Alcaldía de Panamá, comenzó su andar profesional por la comuna capitalina. Allí ocupó varios cargos de alto perfil: fue asesora legal del despacho superior, directora ejecutiva de la Dirección de Legal y Justicia y secretaria general. En 1998, mientras era la secretaria general, protagonizó uno de los episodios más escandalosos de su carrera.

Se enfrentó con Heriberto Martínez, entonces vicealcalde, y sus diferencias, incluso, llegaron a los tribunales. Los periódicos de la época registraron la noticia en detalle. ´La Prensa´, por ejemplo, en su edición del 25 de agosto de 1998, y con el titular. “Vicealcalde demandará a Belfon”, contó que Martínez dio a conocer una grabación magnetofónica en la que Belfon, en nombre de la alcaldesa [Correa] le proponía a Martínez que renunciara al cargo como alcalde primer suplente, a cambio del desistimiento de las denuncias en su contra. En el gobierno de Ricardo Martinelli, Belfon fue la que interpuso ante el Ministerio Público la denuncia contra Balbina Herrera para que se investiguen ´presuntos hechos delictivos´ por divulgar correos de Martinelli.

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