SOCIEDAD RECLAMA INDEMNIZACIÓN

Demandan al Estado por Financial Pacific

La acción fue interpuesta con el alegato de que el liquidador de la casa de valores Financial Pacific incumplió con las leyes nacionales.

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La liquidada casa de valores Financial Pacific ha estado envuelta en múltiples escándalos judiciales. La liquidada casa de valores Financial Pacific ha estado envuelta en múltiples escándalos judiciales.
La liquidada casa de valores Financial Pacific ha estado envuelta en múltiples escándalos judiciales. LA PRENSA/Archivo

Una demanda contra el Estado, por la suma de 15 millones de dólares, fue presentada ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia por la sociedad Ojo de Montaña, S.A., que alega daños y perjuicios supuestamente ocasionados por el liquidador de la casa de valores Financial Pacific (FP) al excluirla como acreedora, a pesar de que sus fondos fueron transferidos a la empresa Augusta Payments & Services, en Uruguay.

En la demanda, interpuesta el 2 de este mes, se recuerda que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ordenó la liquidación forzosa de FP, pero durante ese proceso no se reconoció a la sociedad Ojo de Montaña, S.A. su condición de acreedora.

La acción legal señala que, como acreedora, Ojo de Montaña, S.A. mantenía el número de cuenta 100148 por un monto de 11 millones de dólares, aunque esta le fue transferida a la empresa Augusta Payments & Services, en Uruguay.

Además, la demanda resalta que el liquidador de FP solo propuso la presentación de querellas en Uruguay y, como se dijo, no consideró a la sociedad Ojo de Montaña, S.A. como acreedora y beneficiaria en la distribución de activos financieros recuperados y que debían distribuirse entre los inversionistas en forma equitativa, debido a que la casa de valores no tenía los activos suficientes para satisfacer la totalidad del efectivo reconocido en las cuentas de custodia.

SIN PERMISOS

Según la demanda, el liquidador de FP recibió el 19 de noviembre de 2014, de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central de Uruguay, una nota en la que se le informó que la sociedad Augusta Payments & Services había recibido varios depósitos, entre ellos uno por 11 millones de dólares del cliente 100148.

En la demanda también se precisa que los directivos de FP informaron a la SMV, en diciembre de 2013, que Augusta Payments & Services tenía permiso para operar en Uruguay, pero luego se comprobó que dicha empresa no estaba registrada en el ente regulador uruguayo y se ordenó su liquidación.

Asimismo, la acción legal califica de ilícitas las actuaciones de FP al transferir los fondos de Ojo de Montaña, S.A. a la empresa Augusta Payments & Services, que no tenía licencia o no estaba registrada para manejar valores o recibir inversiones.

El recurso alega que esta situación deja claro que Ojo de Montaña, S.A. era acreedora de FP, por lo que debía ser considerada como parte de la distribución de los fondos recuperados por el liquidador.

En ese aspecto, la demanda recalca que la liquidación forzosa de FP, ordenada por la SMV, conocía que la cuenta No. 100148 tenía un saldo de cero por una transferencia indebida de sus fondos a una empresa extranjera, que a la postre se determinó que no tenía autorización de las autoridades uruguayas para dedicarse a esa actividad.

¿ESTADO RESPONSABLE?

En la demanda se asegura que en el presente caso se deriva una responsabilidad extracontractual del Estado, como lo señala el artículo 1645 del Código Civil, en el que se establece que “la responsabilidad directa del Estado sobreviene cuando el daño es causado por el funcionario a quien propiamente corresponde la gestión practicada dentro del ejercicio de sus funciones”, como era el caso del liquidador designado por la SMV.

FP, OTROS CASOS

La casa de valores FP fue intervenida el 2 de julio de 2014 y ese mismo día sus bases de datos desaparecieron, lo que evitó que los interventores obtuvieran información de sus servidores. Por este caso, se abrió una investigación penal por la supuesta comisión de delitos contra los derechos de seguridad informática, caso en el que se investiga la participación de Marcelo Kazuhiro, responsable de informática de FP, actualmente prófugo.

En tanto, los exdirectivos de FP Iván Clare y West Valdés están requeridos por la Fiscalía Primera Anticorrupción en la investigación por supuesto peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros, tras el otorgamiento de un préstamo para la fallida construcción del centro de convenciones de Amador, cuyos fondos terminaron en esa casa de valores.

El 16 de noviembre de 2012, cuando realizaba una auditoría de FP por un supuesto desfalco de 12 millones de dólares, el analista de la SMV Vernon Ramos desapareció, caso que es investigado por el Ministerio Público.

A su vez, el expresidente Ricardo Martinelli es investigado por la Corte por supuestamente usar la cuenta High Spirit de FP para obtener información privilegiada y comprar acciones de la minera Petaquilla.

Además, Mayte Pellegrini, exempleada de FP, y otras 12 personas enfrentan un proceso penal por la supuesta comisión de delitos financieros en perjuicio de esa casa de valores.

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