CASOS CONTRA PERIODISTAS DE ´TVN´ LLEGAN A LA JURISDICCIÓN CIVIL

Demandas por $4 millones

Los gremios periodísticos critican la acción, que, según advierten, es incongruente con la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión.

El caso de las querellas penales por calumnia e injuria presentadas en 2005 contra el periodista Justino González y la entonces directora de Noticias de TVN, Sabrina Bacal, llegó a la esfera civil.

González y Bacal fueron absueltos en primera instancia penal, pero luego condenados en segunda instancia, y finalmente indultados por el presidente, Ricardo Martinelli. Ahora, los dos exfuncionarios de Migración que los denunciaron hace siete años reclaman una indemnización de $4 millones.

Rosendo Rivera y Aida Cecilia Castro Díaz, que se querellaron contra los dos comunicadores sociales por delitos contra el honor, presentaron los procesos civiles por daños materiales y morales, y estos casos quedaron radicados en los juzgados Quinto y Tercero Civil de Panamá, respectivamente.

Rivera, que demandó el 31 de octubre de 2011, reclama una compensación de $300 mil por daños materiales y de $2.7 millones por perjuicios morales.

Castro, por su parte, demandó el 16 de noviembre de 2011 y exige una indemnización de $300 mil por daños materiales y de $700 mil por perjuicios morales.

En ambas demandas se incluyó como responsable solidario a Televisora Nacional S.A., empresa en la que laboraban González y Bacal en 2005.

Los antecedentes

González y Bacal fueron absueltos mediante sentencias del 5 de febrero y del 23 de marzo de 2010, emitidas por los juzgados Decimocuarto y Duodécimo Penal, respectivamente, tras ser querellados penalmente por Rivera y Castro Díaz.

Ambos denunciantes laboraban en Migración y fueron mencionados en un reportaje presentado en el noticiero estelar de TVN el 29 de septiembre de 2005, relacionado con supuestos actos de corrupción a lo interno de esa institución.

Sin embargo, los dos fallos de absolución fueron apelados por los querellantes y por el Ministerio Público, y el 28 de septiembre de 2010 el Segundo Tribunal Superior de Justicia, con el aval de los magistrados Elvia Batista, Joaquín Ortega y Luis Mario Carrasco, revocó las dos sentencias previas y los condenó a un año de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión durante el mismo tiempo, lo que motivó una serie de protestas públicas de los distintos gremios de periodistas del país.

Ante esa situación, Martinelli los indultó a ambos el 7 de octubre de 2010.

Reacciones

Bacal calificó como una “aberración jurídica” la condena penal que se le impuso, que, según dijo, “le abrió la puerta a estos procesos, que son duros ataques a la libertad de expresión de parte de un abogado que ya ha representado a dos funcionarios de este gobierno en querellas contra periodistas”.

Mientras, González dijo que las “reclamaciones civiles son peligrosas cuando son producto de una sentencia penal incongruente, dictada por el Órgano Judicial para favorecer intereses enemigos a ultranza de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo”.

Admitió que Rivera y Castro están en su derecho de reclamar en la vía civil por daños materiales y morales, pero recalcó que también “el juez civil tiene el deber de fallar en estricto derecho, con apego a la ley y sin presiones”.

“Queda claro que lo que se busca es castigar al periodista, que lo que hizo fue denunciar la posible comisión de un delito, que correspondía a las autoridades investigar”, señaló el secretario general del Sindicato de Periodistas, Filemón Medina.

A su juicio, surge la duda de si el objetivo de estas demandas “es un resarcimiento moral o una forma de ganar dinero fácil”.

“El honor no puede ser indemnizado por 4 millones ni 5 millones ni mil millones de dólares, porque el honor es una actitud moral que nos impone cumplir con nuestros deberes; es respeto y decoro, dignidad y honradez, integridad y consideración. El honor es un bien escaso que no se compra ni se vende. No se puede mezclar honor y dinero”, acotó la presidenta del Consejo Nacional de Periodismo, Norma Núñez Montoto.

El abogado Rosendo Rivera contó que después de que TVN divulgó la información en su contra, él intentó que se le ofreciera una disculpa pública para no ir a los tribunales, pero la petición le fue negada.

Dijo que él y Castro fueron destituidos por la noticia, lo que les ocasionó daños morales y materiales.

“No soy enemigo de los periodistas y la ley me concede el derecho de demandar ante la esfera civil, luego de ganar el caso en la jurisdicción penal”, acotó.

Se buscó una reacción de TVN, pero se informó que el único autorizado a declarar, el gerente general Luis Moynés, está fuera del país.

Estos procesos civiles fueron presentados año y medio después de que el Juzgado Segundo Civil condenara en mayo de 2010 al diario La Prensa al pago de $300 mil en concepto de daños morales causados a la fiscal Argentina Barrera.

Barrera demandó al diario por la publicación, el 30 de agosto de 2005, de una nota basada en un comunicado de prensa emitido por el Ministerio Público, que daba cuenta de su destitución.

Ayú Prado solicitó informe

El procurador de la Nación, José Ayú Prado, solicitó un informe sobre la querella por delitos contra el honor interpuesta contra la periodista de La Prensa Mónica Palm, por el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Shamah.

Fuentes del Ministerio Público informaron de que Ayú Prado hizo la petición a través de la Secretaría General de la entidad, para saber el estado de la investigación adelantada por la Fiscalía Octava.

Las fuentes dijeron que el caso está en etapa preliminar, pero no dieron más detalles.

La querella fue presentada el 12 de enero y admitida el 15 de febrero pasado.

La acción, ejercida por el abogado Rosendo Rivera, se fundamenta en una glosa de la columna “Tal Cual”, en la que Palm escribió que Shamah y el presidente, Ricardo Martinelli, habían presionado en 2011 al entonces alcalde Bosco Vallarino para que despidiera a su asesor José Blandón, a cambio de un fallo favorable en la Corte.

Blandón dijo este martes que fue el propio Vallarino quien denunció públicamente tales presiones y que él está dispuesto a declarar eso en la fiscalía.

Elio Núñez

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