ASAMBLEA NACIONAL

Denuncian conflicto de interés en ley fiduciaria

La Superintendencia de Bancos de Panamá dijo que el proyecto dará facilidades más robustas para regular y fortalecer el mercado de fideicomisos en el país.

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La diputada independiente Ana Matilde Gómez propuso varias modificaciones al proyecto 412. La diputada independiente Ana Matilde Gómez propuso varias modificaciones al proyecto 412.
La diputada independiente Ana Matilde Gómez propuso varias modificaciones al proyecto 412. Archivo

El proyecto de ley 412, que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios, el negocio del fideicomiso y modifica la Ley 1 de 1984, fue aprobado ayer en segundo debate por el pleno de la Asamblea Nacional.

Durante la discusión, la diputada independiente Ana Matilde Gómez expresó su preocupación en el sentido de que con esta ley a los bancos se les permita a la vez ser los fiduciarios, es decir, que serían beneficiarios y fiduciarios a la vez.

A pesar de que se realizaron algunas modificaciones al proyecto, Gómez indicó que lo que le queda con el mismo es que se mantiene la posibilidad del conflicto de intereses.

“Definitivamente, para efectos del negocio bancario yo sigo creyendo que todavía se puede hacer un esfuerzo mejor o mayor para que no se confunda o no haya la posibilidad de que quien es a la vez el acreedor sea el que pueda ejecutar la garantía a través, por ejemplo, del producto de fideicomiso, y ejecute tan fácilmente siendo juez y parte”, señaló.

Manifestó que el regulador, en este caso la Superintendencia de Bancos, se debe dar cuenta de que se necesita hacer una reglamentación que contribuya a que esto no les resulte a los bancos un negocio redondo. “Que no sea para jugar vivo, que sea la posibilidad de que siempre se reconozca que hay una parte más débil en esta relación comercial”, anotó.

Ante lo acelerado del debate de este proyecto, Gómez indicó que la reforma a la Ley 1 de 1984, que establece el fideicomiso en Panamá, “no es poca cosa”. “Ante la plataforma de servicios que tiene Panamá y su actividad comercial y todo lo que tiene que ver con el negocio fiduciario, financiero y bancario es de importancia y no puede ser tomado a la ligera”, destacó.

Durante el debate, Meredith Cedeño, de la Superintendencia de Bancos, ante algunas inquietudes de los diputados, explicó que en el artículo 100 se contemplan las causales de incumplimiento del contrato, los términos y las condiciones para dirimir los posibles conflictos y los medios por los cuales se les debe notificar al fideicomitente dónde hay incumplimiento.

Se contempla, igualmente, la obligación del beneficiario, en este caso del acreedor, de identificar y notificar al fiduciario el evento del incumplimiento antes de que proceda a su ejecución.

También incluye la obligación del fiduciario de evaluar y definir si con motivo del evento identificado por el beneficiario corresponde dar inicio a un procedimiento de ejecución o no.

De igual manera se incluye el derecho del fideicomitente de poder oponerse a la ejecución, acreditando que ha cumplido con la obligación o dándoles la posibilidad de subsanar cualquier incumplimiento dentro de un plazo de 15 días calendario, contados desde la notificación del incumplimiento.

En tanto, la diputada perredista Zulay Rodríguez cuestionó la celeridad con la que se discutió y aprobó este proyecto. “Aquí lo que yo veo son dos poderes peleándose los fideicomisos: las fiduciarias y los bancos, ¿qué le queda al pueblo panameño?”.

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