APLICACIÓN DE LA JUSTICIA MILITAR EN VENEZUELA

Denuncian trato cruel e inhumano

El Foro Penal en Carabobo dijo que unos 15 detenidos en Valencia fueron obligados a comer excremento.

Dos nuevas víctimas por violencia en las protestas

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Denuncian trato cruel e inhumano

Al menos 275 civiles han sido sometidos a la justicia militar en 8 de los 24 estados de Venezuela, hasta el pasado 15 de mayo, según un reporte de la oenegé Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch (HRW).

Las organizaciones señalaron en un comunicado que el hecho de que sobre estos casos no haya ningún registro público es un problema, que se agrava con las denuncias de familiares y abogados de los detenidos acerca de violaciones a los derechos humanos contra estas personas e irregularidades en el procesamiento de sus casos.

Entre las violaciones procesales identificadas durante entrevistas efectuadas por HRW a los abogados de las familias, se encuentran: Que las audiencias son presididas por jueces que dependen del ministro de la Defensa, y a veces se llevan a cabo en presencia de militares armados; que los jueces aceptan imputaciones grupales, sin individualización de las conductas ni consideración de la evidencia contra cada uno; que a los abogados solo les dejan ver a sus defendidos minutos antes de la audiencia y es en ese momento en el que tienen acceso al expediente penal; y que existen casos en los que los detenidos fueron imputados con delitos graves previstos en el Código Militar, como rebelión y traición por supuestos actos de violencia durante las protestas.

En cuanto a las violaciones a los derechos humanos que consigna el reporte, está el caso de 16 personas que fueron llevadas juntas a un tribunal militar en Maracaibo, estado Zulia, el 9 de mayo, después de haber sido detenidas por separado. Uno de ellos es un hombre que dice haber sido detenido cuando iba de regreso a su casa, desde el trabajo, y otros dos hombres que alegan que estaban arreglando el techo de su casa cuando los aprehendieron. Los tres fueron llevados sin mediar orden judicial. Ocho de los 16 relatan haber sido golpeados por guardias nacionales.

También se reporta el caso de Carlos Sardí, un activista de los derechos de pacientes con cáncer y personas LGBT, quien fue detenido el 6 de mayo cuando se manifestaba en Valencia, estado Carabobo. “Sardí dijo que fue golpeado brutalmente y obligado a colocarse una capucha negra, mientras autoridades a quienes no podía ver le preguntaban por personas que supuestamente habían participado en las protestas. La fiscalía sostuvo que (...) llevaba cocteles molotov, clavos y gasolina, aunque él afirma que estos elementos fueron colocados para incriminarlo”, relata el informe. Sardí fue imputado de rebelión, traición a la patria y vilipendio.

Otro ejemplo de tratos degradantes lo dio el representante del Foro Penal en Carabobo, Luis Betancourt, quien confirmó que de un grupo de 40 detenidos el pasado 4 de mayo en Valencia, unos 15 denunciaron “que les obligaron a comer pasta con monte y excremento”, tirándoles “polvillo de la bomba lacrimógena en la nariz para obligarlos a abrir la boca”.

La oenegé Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) se manifestó sobre la “inconstitucional” aplicación, de manera sistemática y generalizada, de la justicia militar contra civiles. En un comunicado publicado en su sitio web, señala que desde 2005 vienen advirtiendo sobre la criminalización de la protesta y que en 2012 se empezó a aplicar la justicia militar contra la protesta social, cuando cinco sindicalistas y cinco indígenas, además de un estudiante, fueron procesados por los delitos de “ultraje al centinela” y “violación de zonas de seguridad”; y que entre 2012 y 2016 unos 100 civiles se encontraban procesados en la justicia militar, entre ellas amas de casa que discutieron con guardias nacionales en las colas para comprar comida, y detenidos en los llamados Operativos de Liberación del Pueblo.

Provea advierte que la aplicación de la justicia militar encuadra dentro de la estrategia definida por el Gobierno de considerar a los “sectores críticos al gobierno –delineada en el decreto de estado de excepción y emergencia económica–, como un ‘enemigo interno’ que hay que derrotar”.

Dos nuevas víctimas por violencia en las protestas

Yeison Mora y Diego Arellano se sumaron ayer a la lista de víctimas de las protestas consecutivas que efectúa la oposición desde inicios de abril. Con ellos suman 43 los fallecidos que el Ministerio Público vincula a las protestas de abril y mayo.

La muerte de Mora (17 años) fue anunciada por dos diputados opositores y la gobernadora del estado Barinas, Zenaida Gallardo, quien detalló que se determinó que el impacto que recibió “en la región infraorbital derecha” se produjo mientras participaba en una manifestación en contra del gobierno de Nicolás Maduro, y que “no se trató de un proyectil sino de una metra” lo que le causó la muerte a Mora, contrario a la versión del ministro de Interior, Néstor Reverol, que señaló que fue una bala.

El fallecimiento de Arellano (31 años) fue informado por el gobernador Henrique Capriles. Arellano fue baleado en el tórax mientras participaba de una protesta en San Antonio de los Altos, estado Miranda.  Mientras Maduro decretó ayer estado de excepción y de emergencia en todo el país.

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