PERÍODO 2009-2014

Denunciarán uso de partidas

La acción jurídica incluirá a todos los diputados que recibieron partidas circuitales durante el quinquenio anterior.

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Días antes de las elecciones del 4 de mayo, cientos de bolsas con comida fueron repartidas a electores en la comarca Ngäbe Buglé. Días antes de las elecciones del 4 de mayo, cientos de bolsas con comida fueron repartidas a electores en la comarca Ngäbe Buglé.
Días antes de las elecciones del 4 de mayo, cientos de bolsas con comida fueron repartidas a electores en la comarca Ngäbe Buglé.

Una denuncia para que se examine el uso y destino de partidas circuitales y otros recursos del Estado asignados a los 71 diputados del pasado período (2009-2014) será interpuesta ante el Ministerio Público, a título personal, por un grupo de abogados panameños.

Uno de los juristas que presentará la acción, Sidney Sittón, afirmó que los 71 diputados de la República de la legislatura anterior recibieron programas de ayuda social o partidas circuitales.

Indicó que, a pesar de que solo algunos fueron impugnados por usar recursos del Estado en sus campañas, el Tribunal Electoral, de “manera muy cómoda”, solo pidió que se indagara a los que fueron impugnados.

“Si ellos hablan de un delito a investigar, tienen que ser investigados los 71 diputados del período pasado que recibieron partidas. Ese hecho todavía no ha sido investigado para nadie”, manifestó Sittón, quien defendió a varios de los diputados impugnados por el uso de recursos del Estado para sacar provecho político.

Recalcó que si el Tribunal Electoral no pide una investigación penal que incluya a los 71 diputados del período pasado, él hará esta solicitud al Ministerio Público, que entonces deberá procesar a quienes no se reeligieron y enviar a la Corte Suprema de Justicia los casos de aquellos que sí lo hicieron.

“Ya nos reunimos con un equipo de abogados y vamos a pedir la investigación de los 71 diputados del período pasado. Entonces, el pueblo se va a dar cuenta de que muchos de los que hoy día hacen aspavientos de que utilizaron esos recursos en la población y que son gobierno actualmente, en realidad se lo metieron al bolsillo”, declaró.

El exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima reveló en su momento que en el quinquenio pasado los diputados recibieron cerca de 416 millones de dólares en partidas circuitales y de otros programas de ayuda social del Gobierno.

Diez diputados de Cambio Democrático y uno del Molirena fueron impugnados por el uso de recursos del Estado en sus campañas electorales.

JUSTIFICA RENUNCIA

Por otro lado, Sittón justificó su decisión de renunciar a la defensa del separado magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna con el argumento de que en el proceso no hay equidad para las partes y se viola el debido proceso.

Explicó que dentro de un proceso penal y de las reglas del sistema penal acusatorio uno de los principios básicos es el debido proceso legal y el contradictorio.

“Un abogado no puede ejercitar una defensa correcta y adecuada si no cuenta con las herramientas básicas, como tener derecho al contradictorio”, señaló.

Manifestó que en la última audiencia, después de las solicitudes de la fiscalía, a cargo del diputado Pedro Miguel González, las juezas de garantía le dijeron a la defensa que no tenía derecho a hablar. “Eso no ocurre en cualquier juicio que se precie de ser justo, porque precisamente el contradictorio es lo que nutre el proceso”, destacó el jurista.

“No se le puede pedir a una persona que se defienda, pero no se le da derecho a sus abogados a que se expresen”, recalcó.

Por otro lado, señaló que el plazo que otorga el Código Procesal Penal para investigar es de hasta dos meses y, por el contrario, las juezas y el fiscal aplicaron normas generales que no guardan relación con el proceso especial que se sigue y extendieron dicho plazo por dos meses más.

“Esto obedece a una táctica ilegal para tratar de buscar los votos y producir una condena dentro de dos meses, porque carecen de los votos en este momento”, sostuvo.

Destacó, además, que el fiscal no le ha permitido acceso a la carpeta del caso, ya que siempre elude entregársela para examinarla, a pesar de que hay por lo menos siete protestas por escrito consignadas en ese documento contra las actuaciones del diputado Pedro Miguel González.

“Si esto es así, no existe el más mínimo interés de producir un juicio justo, y si no hay un juicio justo, cómo se puede defender esa persona. Si lo que se busca es condenar al magistrado Moncada Luna violando la ley, eso lo pueden hacer sin la presencia de un defensor”, concluyó.

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Cortesía/Sinaproc

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