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AUDITORÍA INTERNA

Derroche e impunidad en la Caja de Seguro Social

Auditores desconocen a cuánto podría aumentar la posible lesión, ya que funcionarias no entregaron todos los archivos.

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Guillermo Sáez-Llorens. Guillermo Sáez-Llorens.
Guillermo Sáez-Llorens.

Los funcionarios que realizaron contrataciones a empresas “no idóneas” que ponen en riesgo la vida de seres humanos en los centros de atención hospitalaria, y la posible lesión económica por más de un cuarto de millón de dólares a la Caja de Seguro Social (CSS), podrían quedar impunes.

Y es que a inicios de mes –el pasado 2 de septiembre– se promulgó en Gaceta Oficial una resolución de la Junta Directiva de la CSS, que deroga “en todas sus partes” un artículo de una resolución de 2007, que normaba el tiempo de aplicación de sanciones a sus funcionarios.

Pasaron de un término “indefinido” para la prescripción de la recuperación de los perjuicios y pérdidas a la entidad a un lapso de solo 12 meses, lo que dará lugar a la “prescripción de la falta”.

La resolución de 2007 establecía que las acciones por faltas administrativas que ejerciera la entidad para la recuperación de los perjuicios o pérdidas de las que se derive posible afectación económica “no tendrán término de prescripción y podrán ser ejecutadas tan pronto se tenga conocimiento del hecho que cause el perjuicio o pérdida”.

Pero ante la salida inminente del director del Seguro Social, Guillermo Sáez-Llorens, se acordó dar fin a la norma. En la nueva resolución se indica que, de no notificar al servidor público vinculado al proceso de investigación en un término de 60 días calendario –a partir de que la administración tenga conocimiento del hecho– dará lugar a la “caducidad” de la denuncia.

Además, indica que, de haber sanciones disciplinarias por conductas que se “presuman como delitos, la sanción prescribirá en 12 meses”.

No conformes con ello, agregan que, de tratarse de hechos investigados por auditoría interna de la entidad a algún funcionario, también “prescribirá en 12 meses”.

Precisamente, un informe de auditoría de la Caja revela una posible lesión patrimonial por más 312 mil dólares, que podría aumentar, porque “la falta de evidencia documental” de las órdenes de compra impidió a los auditores saber con certeza el monto contra la entidad.

Estos auditores internos del Seguro detallaron supuestos “incumplimientos” de procedimientos en órdenes de compra, “derroches y adjudicaciones ilegales” a varias empresas.

La auditoría, que se realizó de manera aleatoria en junio de 2013, identificó que en las presuntas “irregularidades y omisiones” estarían relacionados ocho funcionarios, entre ellos, la ex secretaria general de la CSS Doris Arias, y la ex secretaria ejecutiva Olga Araica.

Arias adjudicó actos por más de 489 mil dólares “sin estar facultada”, aunque esta cifra no fue sumada a la posible lesión contra la CSS.

En el informe se describen 30 posibles irregularidades, debilidades y fallas que podrían haber provocado el perjuicio, como los contratos, principalmente, de Logística y Transporte Nacional (Logitransa) y de Auguris Dell´Angelo.

Según los auditores, era “imposible” que Auguris y Logitransa cumplieran con los contratos que les adjudicó la Caja, porque solo tenían en planilla una o dos personas.

Advierten en esta auditoría de posibles cortocircuitos y conatos de incendio en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, con lo que se pone en riesgo la vida de pacientes, sus familiares y funcionarios.

La Fiscalía Segunda Anticorrupción investiga la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en la CSS por la contratación anómala de empresas para construir y remozar.

La auditoría comenzó en mayo de 2013, luego de una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que verificó los documentos de la CSS que mostraban las irregularidades detectadas en una investigación de La Prensa.

La publicación reveló que Logitransa y Auguris son administradas por Yadira Hawkins y Ethazel Gómez, madre e hija, respectivamente, que en año y medio lograron más de 2.1 millones de dólares en contratos, según PanamaCompra.

Irónicamente, la contralora Gioconda Torres de Bianchini reveló que espera los resultados de una auditoría que ordenó realizar hace ya más de un año.

La respuesta de Torres de Bianchini, escueta y tardía, llegó el 4 de septiembre pasado, luego de que la Corte Suprema de Justicia le ordenó el 23 de mayo –pasadas las elecciones– responder las interrogantes de este medio sobre los hallazgos detectados.

INVESTIGACIÓN

Sorprendidos quedaron los auditores del Seguro Social al descubrir que la empresa Cheffy Le Chef y Sus Anfitriones, S.A. tenía como directiva a Lyda Rivera, que laboraba en la Dirección Ejecutiva Nacional de Legal de la CSS.

“También ostenta el cargo como dignataria (tesorera) y forma parte de los directores en la mencionada empresa, que fue beneficiada con adjudicaciones, lo cual contraviene lo establecido en Ley 22 [de Contrataciones Públicas] y la Ley 51, Orgánica de la Caja de Seguro Social”, advierte el informe de auditoría interna.

Cheffy Le Chef se habría beneficiado con 37 contratos otorgados por la exsecretaria de la CSS, Doris Arias.

El informe –enviado el 20 de junio de 2013 al director de la CSS, Guillermo Sáez- Llorens– añade que a esta empresa se le otorgaron más de 100 mil dólares para alquiler de implementos para fiestas y decoración. Además, que Arias le otorgó otros 5 mil 300 dólares, “sin estar facultada” para ello.

También se contrató por casi 3 mil dólares en marzo de 2012, pero “se confeccionó el informe de recepción con fecha anterior al día del evento y a la orden de compra”.

Al ser consultada, Rivera negó su vinculación con la empresa y rechazó que su traslado a una sede regional de la entidad tenga relación con los hallazgos detectados en la auditoría especial.

Aunque aseguró que no podía revelar los resultados finales del informe, insistió en que no estaba vinculada.

Rivera renunció el 21 de agosto de 2013 a la directiva de Cheffy Le Chef, de acuerdo con el Registro Público. Es decir, dos meses después de los resultados de auditoría.

La Constitución Política, en su artículo 309, señala que “los servidores públicos no podrán celebrar por sí mismos o por interpuestas personas, contratos con la entidad u organismo en que trabajen cuando estos sean lucrativos y de carácter ajeno al servicio que prestan”.

MÁS CONTRATOS

A empresas como Muebles y Modulares, S.A. y Chateau Design se les adjudicaron contratos, a pesar de que en la página de PanamaCompra aparecía que estaban por “adjudicar”.

El informe precisa que a Muebles Modulares se le otorgaron miles de dólares en contratos para la compra de muebles “costosos y de mala calidad”.

Se intentó obtener la versión del presidente de Muebles Modulares, Ubaldino Isaza, pero los números que aportó en la CSS ya no le pertenecían.

En el caso de Chateau, se le adjudicaron 37 órdenes de compra –entre enero de 2011 y diciembre de 2012–; es decir, tres contratos cada dos meses, en promedio, por 154 mil 355 dólares, y que se encontraron “deficiencias en los trámites de compras”.

Chateau Design tiene como directora y dignataria a Sheyla Castillo, cuñada del ex candidato presidencial por Cambio Democrático José Domingo Arias.

En entrevista previa con este diario, Castillo negó tener vinculación con la empresa que es de su hermano.

Sobre estas contrataciones, la contralora Gioconda Torres de Bianchini aseguró que “de encontrar [se] irregularidades en dicha investigación, procederemos a remitir tal expediente a la instancia que corresponda”.

La auditoría señala como posibles responsables de las afectaciones a auditores de la Contraloría. Lo anterior lo sustentan al afirmar que se dieron “beneficios” a siete empresas “sin haber convocado actos” públicos.

“Los fiscalizadores de la Contraloría no ejercieron sus labores eficientemente, y avalaron los actos sin contemplar los incumplimientos incurridos por parte de los funcionarios y de las empresas contratantes”, subraya el documento.

Otras empresas supuestamente beneficiadas con contratos fueron Ventas y Servicios J.A.P., S.A. y Consorcio Palmas Verdes de Panamá ( ver nota adjunta). Solo la primera de estas empresas logró más de 90 mil dólares en contratos, de acuerdo con un informe de la Contraloría General.

MUSEO, “EN ABANDONO”

Arquitectos e ingenieros del Seguro Social, junto a los auditores, determinaron que la casa que albergaría al “museo” de la CSS se encuentra en “franco deterioro”, y que se realizaron “inversiones infructuosas”.

Se encontró que la casa tenía comején, cucarachas, pisos de madera demolidos, sin instalación eléctrica, techo deteriorado, llena de maleza y sin grama restaurada.

Este informe coincide con la investigación efectuada por este medio en marzo de 2013, cuando se encontró una casa sin puertas ni ventanas y muy deteriorada.

De acuerdo con el guardia de seguridad de la propiedad, “en ningún momento se atendió a trabajadores ni se observó a nadie que haya ido a fumigar”.

Arias pagó unos 30 mil dólares al Consorcio Palmas Verdes –el monto más caro– para darle mantenimiento por “15 días” al lugar.

A pesar de que “se constató que dichas adecuaciones no fueron concluidas, se pagaron en su totalidad”.

Un mes después del informe de recibido conforme por trabajos de plomería, Yadira Hawkins, presidenta de Logitransa, notificó que no había culminado el trabajo, contrastando con la versión de las funcionarias de la CSS.

En lo que no hubo contradicción fue en la cancelación anticipada del saldo del contrato, por más de 16 mil dólares. Este trabajo fue valorado por un arquitecto de la institución en tan solo 819 dólares, una diferencia de 13 mil 500 dólares.

Corresponderá al nuevo director de la CSS realizar las investigaciones administrativas y darle seguimiento a la auditoría que está pendiente de salir de la Contraloría General de la República.

Jardines, un floreciente negocio

En un sobrecosto de 24 mil dólares pudo incurrir la Caja de Seguro Social (CSS) al instalar un jardín en la entrada de su edificio de Clayton, donde se encuentran las oficinas del director general de la entidad, Guillermo Sáez Llorens, y de la Secretaría General.

Lo anterior se desprende de una auditoría especial del Seguro que determinó que el costo estimado del supuesto jardín ascendía a 2 mil 642 dólares, y no los más de 28 mil dólares que se pagó en octubre de 2012 (un sobrecosto de más del 1,000%).

Durante la inspección de campo, los auditores no lograron ubicar 53 metros cuadrados de grama japonesa, tres plantas cubanas, seis plantas grandes de sol y una palma roja pactadas en el contrato con el consorcio Palmas Verdes de Panamá. Esta sociedad –inscrita en el Registro Público en abril de 2011– es parte de una red de empresas familiares compuesta por Logística y Transporte Nacional (Logitransa) y Auguris Dell´Angelo.

Los auditores determinaron que la entonces secretaria general de la entidad, Doris Arias, refrendó de manera “irresponsable” el contrato, ya que tampoco acordó su mantenimiento. El 30 de junio pasado, pocas horas antes de que finalizara el último día de mandato del expresidente Ricardo Martinelli, se dio a conocer en Gaceta Oficial el decreto que indultaba a Arias.

Este decreto fue derogado por el presidente Juan Carlos Varela. La decisión de Martinelli de indultarla se adoptó, a pesar de que las autoridades del Ministerio Público no han finalizado las investigaciones para determinar una posible lesión patrimonial al otorgarse decenas de contratos en procesos dudosos y de corta duración.

EREIDA PRIETO-BARREIRO

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