denuncias de Alma Cortés

Desistimiento a favor de sindicalistas

La acción fue presentado ayer por Víctor Castillo, asesor legal del Mitradel. LA PRENSA/Elio Núñez. La acción fue presentado ayer por Víctor Castillo, asesor legal del Mitradel. LA PRENSA/Elio Núñez.
La acción fue presentado ayer por Víctor Castillo, asesor legal del Mitradel. LA PRENSA/Elio Núñez.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) desistió de una denuncia interpuesta por la exministra de esa cartera Alma Cortés contra nueve sindicalistas por delito contra la administración pública, por supuestamente utilizar, de manera indebida, el subsidio del seguro educativo, cuyo porcentaje es de 5%, y que debe ser entregado a las organizaciones obreras.

El desistimiento fue presentado ayer por Víctor Castillo, asesor legal del Mitradel, ante el Juzgado Décimo de Circuito Penal.

Castillo dijo que esta acción busca la armonía con el sector trabajador y la tranquilidad de los dirigentes objeto de las acusaciones, las cuales tuvieron sus repercusiones internacionales por ser consideradas violatorias a los principios fundamentales del derecho laboral.

Explicó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decretó un sobreseimiento, porque no hubo suficientes pruebas para declarar que los sindicalistas habían malversado fondos, pero por persecuciones políticas, la anterior ministra presentó una querella criminal para que se activara el proceso.

Manifestó que la nueva administración del Mitradel busca respetar la libertad sindical y los acuerdos tripartitos para, de esta manera, fomentar el diálogo social y buscar la solución de los conflictos mediante el entendimiento.

“En este gobierno no caben ni el chantaje ni la persecución en contra de los trabajadores”, dijo.

Por su parte, el sindicalista Guillermo Puga, quien se presentó a la CSJ, expresó que con esta medida se pone un alto a la persecución sindical que se vivió durante la administración pasada.

De acuerdo con el desistimiento presentado, la querella interpuesta ante las Fiscalías Anticorrupción tuvo como motivación consideraciones políticas, catalogadas por la Organización Internacional del Trabajo como violatorias de la libertad sindical.

Agrega que los hechos querellados por Cortés no constituían delito de peculado, dado que los sindicalistas no son funcionarios ni trabajadores de empresas del servicio público.

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