ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN

Investigan nuevos casos en el PAN

Se trata de irregularidades en la compra de bolsas de comida navideña y otro contrato para servicio de mensajería.

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Rolando Rodríguez, secretario general de la Procuraduría; Kenia Porcell, procuradora de la Nación; y David López, subsecretario general de la Procuraduría, presentaron ayer el informe de gestión. Rolando Rodríguez, secretario general de la Procuraduría; Kenia Porcell, procuradora de la Nación; y David López, subsecretario general de la Procuraduría, presentaron ayer el informe de gestión.
Rolando Rodríguez, secretario general de la Procuraduría; Kenia Porcell, procuradora de la Nación; y David López, subsecretario general de la Procuraduría, presentaron ayer el informe de gestión.

Las irregularidades en las contrataciones hechas por el Programa de Ayuda Nacional (PAN) en la pasada administración suman dos nuevos expedientes.

El Ministerio Público investiga un caso por posible peculado en la compra de bolsas de comida navideña. Mientras que el otro es por contratos para servicio de mensajería.

Kenia Porcell, procuradora de la Nación, informó -sin dar mayores detalles- que la investigación de estos nuevos casos apenas se está iniciando en las fiscalías anticorrupción.

Con estos dos, suman 10 expedientes por corrupción y peculado en el PAN, con 123 acusados, según Porcell.

Hasta el momento, las cuatro fiscalías anticorrupción han cautelado $22 millones en efectivo y cuentas bancarias vinculadas a los casos del PAN. Este dinero no incluye autos, casas, yates y demás bienes confiscados.

Los exdirectores del PAN Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia están acusados de peculado y corrupción.

Porcell rindió ayer un informe de sus tres primeros meses de gestión al frente del Ministerio Público.

Detectan nuevas anomalías

El Ministerio Público (MP) abrió dos nuevos expedientes por irregularidades en el Programa de Ayuda Nacional (PAN), uno relacionado con la compra de bolsas navideñas con comida y el otro por contratos de mensajería.

Así lo informó ayer la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, aunque sin precisar detalles sobre las dos investigaciones que tramitan las fiscalías anticorrupción y con la que suman 10 los expedientes que el MP investiga respecto a las operaciones del PAN durante el gobierno anterior.

Porcell entregó ayer un informe de su gestión tras 104 días en el cargo.

Hasta ahora, indicó, se tramitan 160 expedientes en las cuatro fiscalías anticorrupción, y se han cautelado $22 millones en efectivo y cuentas bancarias ligadas con los casos de peculado del PAN [123 imputados].

Sustentó que está obligada a comunicar lo que ocurre en la institución en cuanto a la administración de justicia. “La meta es que la sociedad panameña crea en el Ministerio Público y que [sepa que] las investigaciones son objetivas”, indicó.

El dinero incautado por las irregularidades en el PAN no incluye casas, vehículos, yates y otros bienes confiscados. Según Porcell, las medidas cautelares (detención preventiva, arresto domiciliario y país por cárcel) que han sido otorgadas a los imputados en los casos del PAN dependen del monto de la lesión patrimonial, el peligro de fuga del acusado y su nivel de participación.

De acuerdo con la procuradora, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción está corrigiendo el error en la foliación (numeración de las páginas) del expediente de bolsas de comida con fondos del PAN, para volver a enviarlo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), institución a la que fue enviado, según explicó, porque un informe de la Contraloría menciona a varios diputados.

Pero el sumario no fue recibido en la CSJ el 30 de marzo, debido al error.

PINCHAZOS

La vista fiscal del caso de las escuchas efectuadas ilegalmente a 150 personas por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en el gobierno pasado será enviada al Órgano Judicial esta semana.

Sin embargo, Porcell dejó claro que la investigación no se ha cerrado y que se decidió enviar el sumario al juzgado correspondiente, porque el fiscal adjunto de Delincuencia Organizada, Ricardo Muñoz, logró acreditar el delito. “Es un caso que continúa abierto a la práctica de pruebas, solo que en otro escenario”, explicó.

Por este caso están detenidos los exsecretarios del CSN Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, acusados por delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad. Los exfuncionarios de la entidad William Pitti y Ronny Rodríguez, también sindicados, están prófugos.

En la vista fiscal, Muñoz pedirá llamar a juicio a los cuatro acusados.

Por este mismo caso, la CSJ tiene pendiente admitir o rechazar ocho querellas penales contra el expresidente Ricardo Martinelli, quien es investigado por esa instancia en su condición de diputado del Parlamento Centroamericano.

NUEVOS FISCALES

Mientras tanto, la Asamblea Nacional aprobó un crédito extraordinario de $12 millones al Ministerio Público, que destinó $1.9 millón de ese presupuesto para crear tres nuevas fiscalías anticorrupción; $5 millones para aumentar salarios; $600 mil para comprar vehículos 4X4 y lanchas para áreas de difícil acceso en el interior; $3.4 millones para el sistema penal acusatorio en Chiriquí y Bocas del Toro; y $600 mil para una nueva fiscalía antipandillas.

Porcell anunció que Janeth Rovetto fue nombrada fiscal quinta anticorrupción y Aurelio Vásquez será el fiscal sexto en esa materia.

Rovetto era fiscal segunda de circuito, mientras que Vásquez se desempeñaba como fiscal de circuito en Coclé y Veraguas. A su vez, el encargado de la fiscalía séptima anticorrupción será designado a final de este mes, de acuerdo con Porcell.

“Estoy verificando perfiles de los personeros para esta fiscalía”, indicó.

Las tres nuevas fiscalías anticorrupción instruirán solo casos nuevos y no tramitarán expedientes de las fiscalías ya existentes.

Ninguna de las tres nuevas fiscalías anticorrupción están funcionando aún, porque se realizan las gestiones para la ubicación de los despachos en el edificio Avesa de Vía España y la contratación del personal necesario.

Además, la nueva Fiscalía Antipandillas –que tendrá jurisdicción a nivel nacional– estará a cargo de Julio Villarreal, quien era fiscal de drogas en Colón.

De 3 mil funcionarios que laboran en el MP, 67% (dos mil 10) ganan entre 400 y 900 dólares mensuales, por lo que se les dará un aumento de 200 dólares.

“Su salario era por debajo del mínimo. No cualquiera puede llevar a cabo una investigación penal con todas las tentaciones lógicas de los tipos de casos que aquí se ven”, justificó.

ESPINOSA FUE REMOVIDO

En cuanto a las rotaciones de fiscales, la procuradora aseguró que los cambios no han incluido el desmejoramiento del salario. Agregó que los funcionarios tienen que entender que deben trabajar en el lugar que se les requiera, porque hay delitos en todas las provincias del país. Reconoció que a raíz de los cambios, hubo cinco renuncias de fiscales.

Otros fiscales han sido ascendidos, porque había algunos que “no estaban siendo considerados”.

Sofanor Espinosa es el único que fue despedido el 13 de enero pasado como fiscal tercero superior, tras 24 años de servicio.

Espinosa presentó una demanda de nulidad en la Sala Tercera de la CSJ el pasado 1 de abril, en contra de su destitución. El ponente de la demanda es Luis Ramón Fábrega.

Sobre este caso, Porcell dijo que no lo destituyó, porque no se le abrió ningún proceso disciplinario. “Fue removido del cargo, porque no era funcionario de carrera judicial y mi persona era su superior jerárquico”, puntualizó.

DROGAS

En los tres primeros meses de este año, las fiscalías de droga se incautaron de 10 mil 479 kilos de cocaína y marihuana.

Por estos casos han sido acusadas 636 personas, de las cuales 310 están presas.

Porcell explicó que, pese a que en muchos casos de incautaciones de drogas no hay detenciones de inmediato, esto no significa que no se capture a los responsables durante el transcurso de la investigación.

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Cortesía/Sinaproc

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