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CORTE SUPREMA EVALÚA ANTEJUICIO A JIMMY MORALES

Día decisivo para Guatemala

El Ministerio Público y la Cicig consideran que existen hechos que ligan al mandatario a un probable financiamiento irregular de su campaña.

Jimmy Morales ‘está siendo utilizado’

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Jimmy Morales afronta el escrutinio de la Corte, que definirá si existen elementos para que le quiten el fuero. Jimmy Morales afronta el escrutinio de la Corte, que definirá si existen elementos para que le quiten el fuero.
Jimmy Morales afronta el escrutinio de la Corte, que definirá si existen elementos para que le quiten el fuero.

El pleno de la Corte Suprema de Guatemala –de 13 magistrados– analizará hoy 3 solicitudes de antejuicio interpuestas contra el presidente Jimmy Morales.

La primera y quizás la más compleja es la interpuesta por el Ministerio Público y la C omisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) el pasado 25 de agosto, por un presunto financiamiento electoral de la campaña de 2015 no reportado por el oficialista partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), del cual Morales era secretario general para esa fecha y, por tanto, responsable de la entrega oportuna de los informes y los soportes contables.

Según la investigación, FCN-Nación habría manejado de forma ilícita al menos 6.7 millones de quetzales (unos $923 mil), de los cuales unos 4.3 millones de quetzales (unos $602 mil) corresponderían a gastos de campaña electoral no reportados y fuentes de financiamiento no identificadas, y unos 2.3 millones de quetzales (unos $320 mi) a depósitos en las cuentas del partido en 2015, no reportadas al Tribunal Supremo Electoral, según un informe presentado a la prensa y que está disponible en el sitio de la Cicig.

Las otras dos solicitudes fueron presentadas por los ciudadanos Alejandro Balsells, Eleonora Muralles, Elvin Díaz y Gabriel Wer; y por Acción Ciudadana, capítulo de Guatemala de Transparencia Internacional. En estas peticiones se argumenta que el mandatario habría incurrido en el delito de obstrucción a la justicia y abuso de autoridad al declarar persona no grata al comisionado jefe de la Cicig, Iván Velásquez, e intentar expulsarlo del país.

¿Cuál es el escenario constitucional si la Corte aprueba el antejuicio?

“Que la Corte pase el antejuicio al Congreso, que es el que debe conocer y decidir”, explicó a este medio el presidente del capítulo de Transparencia Internacional de Guatemala, Manfredo Marroquín.

“Por sorteo se conforma una comisión investigadora y esta presenta al pleno los resultados y sobre esa base votan, si a lugar o no, quitarle el antejuicio”, añadió.

La de hoy es la segunda ocasión en dos años en que la justicia guatemalteca se somete a prueba al decidir la suerte de un presidente en funciones. El 25 de agosto de 2015 fue con Otto Pérez Molina, a quien también el Ministerio Público y la Cicig ligaron a una red infiltrada en las aduanas (La Línea).

Ese mismo día, los magistrados decidieron por unanimidad enviar al Congreso el trámite de antejuicio de Pérez Molina, una figura que evita que los presidentes y otros altos miembros del Gobierno, establecidos por la Constitución, sean sometidos a procesos judiciales sin la aprobación de los diputados de la República.

Seis días después, el 1 de septiembre de 2015, el Congreso despojó de su inmunidad al mandatario para que pudiera ser investigado por la justicia ordinaria por asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de estafa. Al día siguiente, cerca de la medianoche, entregó al Congreso su renuncia, que la aceptó el 3 de septiembre.

¿Si el Congreso le quita la inmunidad a Morales está obligado a renunciar para que se inicie la investigación?

“No. Pueden levantarle la inmunidad y él seguir en el cargo, pero ya demasiado débil”, opinó Marroquín.

Morales llega a este proceso con su imagen golpeada, local e internacionalmente, luego de que el pasado domingo, dos días después de que el Ministerio Público y la Cicig solicitaran el antejuicio de mérito, anunció a la nación que había decidido declarar no grato al comisionado Velásquez y que había ordenado su expulsión del país de forma inmediata.

Su objetivo no fue posible, porque amparos contra la medida fueron interpuestos ante la Corte de Constitucionalidad, que los acogió, suspendiendo provisionalmente y luego en definitivo la orden de expulsión.

Oenegés locales y gremios de juristas aseguraron que la decisión de Morales tenía motivaciones personales, ya que las mismas instituciones que lo señalan a él por el caso de su partido vincularon en septiembre de 2016 a su hijo y a su hermano por el caso que hoy se denomina “El Estado como botín: Registro de la Propiedad”, que involucra el pago de plazas fantasmas y pagos por alimentos para banquetes del Registro Público que no tuvieron lugar.

Actualmente, el hijo del mandatario, José Manuel Morales, está acusado de fraude en forma continuada; y su hermano, Samuel Morales, de lavado de dinero u otros activos y fraude.

“No estoy defendiendo gente corrupta, no estoy en contra de la lucha contra la corrupción, ni siquiera he dicho que esté en contra de la Cicig”.

Jimmy Morales Presidente de Guatemala

El Ministerio Público alega tener 408 medios de prueba documentales, 12 peritos, 98 testigos y 13 evidencias materiales para este proceso.

“Había una relación cercana entre el presidente y el comisionado [Velásquez], pero definitivamente se produjo un distanciamiento que coincide con el caso contra su hermano y su hijo. No es la misma persona hoy que era hace un año”, dijo a la agencia de noticias Reuters la exministra de Salud Lucrecia Hernández, quien renunció el mismo día que Morales declaró no grato al jefe de la Cicig, por no compartir su decisión.

Aunque desde su primera declaración, el 13 de septiembre, a través de un video, Morales dijo: “Respetamos a las instituciones responsables de impartir justicia en nuestro país y bajo ninguna circunstancia interferiremos en su actuar”, dos fuentes del Gobierno confirmaron a Reuters la semana pasada que en privado el presidente comenzó a irritarse por lo que consideró excesiva agresividad de la Cicig y la fiscalía general, que allanaron en noviembre de 2016 la casa presidencial, en busca de pruebas contra su hijo.

El momento culminante habría sido el arresto de su hermano y de su hijo en enero pasado, una decisión que puso furioso a Morales, quien llegó a acusar de “traidores” a algunos miembros de su gobierno por alinearse con la Cicig, relataron tres fuentes del actual gabinete que presenciaron la escena. “Ahí fue cuando el presidente dijo: ‘lo saco’ [a Iván Velásquez]”, recordó otra fuente cercana al mandatario que pidió no ser identificada por no estar autorizada a declarar, reveló Reuters.

Según dos de las fuentes, Morales comenzó entonces a buscar apoyos entre los que se sienten amenazados por la Cicig. La ruptura se hizo visible en junio: el presidente no invitó a la fiscal general, Thelma Aldana, a la cumbre regional convocada por Estados Unidos en Miami, a la que asistieron varios fiscales generales de la región, y más tarde ese mes se abstuvo de acudir a las Naciones Unidas para la renovación del contrato de Velásquez.

Fue hasta el pasado viernes que visitó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a quien le comentó sus inquietudes, mas Guterres aseguró tras la orden de expulsión de Velásquez que Morales nunca le pidió que sacara al comisionado de su cargo.

El presidente del capítulo de Guatemala de Transparencia Internacional coincide en que existe temor a las investigaciones que llevan adelante la Cicig y el Ministerio Público. “Lo que hay es un gran temor a que sigan las investigaciones y a que prácticamente todos los sectores que han controlado y dominado el país se vean involucrados, y por eso hay una intención manifiesta de muchos poderes, incluido el Congreso, el ejecutivo y el judicial, de echar primero a Iván Velásquez y después ver cómo hacen el segundo paso, que sería cerrar la Cicig”, advirtió en una entrevista con este medio.

La semana que terminó Morales la dedicó a reunirse con diversos grupos sociales y uno donde su discurso trascendió y que fue muy encendido fue ante la Asociación de Municipalidades. Allí expresó que sigue fiel a lo que le prometió al pueblo de Guatemala. “Sigo fiel a tratar de hacer bien las cosas, en lo público y en lo privado. Hay decisiones muy difíciles de tomar y es muy fácil juzgar cuando no se tiene la información completa y eso ha pasado en Guatemala”, aseguró.

También dijo no tener miedo a la justicia. “De todo corazón les puedo decir que no tengo temor de la ley y si en algún momento hay que llegar ante la ley, hay que llegar como establece la ley, y nadie debe estar exento, nadie; la justicia no puede ser selectiva, la justicia no puede inclinarse ni a la izquierda ni a la derecha”, afirmó.

Morales también negó estar defendiendo gente corrupta o estar en contra de la lucha contra la corrupción, “ni siquiera he dicho que esté en contra de la Cicig”, remarcó.

Y, como para zanjar las críticas, agregó: “También puedo ver al frente y decirles que el presidente que más ha apoyado al Ministerio Público es Jimmy Morales. No solamente se incrementó el presupuesto y se entregó puntualmente, sino que nunca he intervenido en una sola cosa, ni nacional, ni personal, ni de ninguna naturaleza”.

Jimmy Morales ‘está siendo utilizado’

Víctor Hugo Godoy, comisionado presidencial de Derechos Humanos en Guatemala hasta el pasado sábado cuando renunció a su cargo, está convencido de que el presidente Jimmy Morales era sincero cuando se comprometió con la lucha anticorrupción. No obstante, también opina que actualmente está siendo utilizado por los “poderes que siempre” han gobernado su país “para ellos no sacar la cara”.

En conversación con este medio, Godoy —quien afirma que no quiere hacer de su dimisión un problema— manifestó que hubo una especie de mente diabólica que de alguna manera hizo que se involucrara a la familia del presidente en una cosa menor —se refiere al caso del hijo José Manuel Morales— con el propósito de enajenarlo de la postura inicial que había tenido de apoyar las reformas a la justicia.

Son estas reformas a las que aludió Morales para señalar que el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), Iván Velásquez, había presionado al Congreso para su aprobación, excediendo el mandato de su cargo.

“Ahora el presidente está poniendo el pecho por otro tipo de intereses que puede ser el propio poder económico que siempre ha gobernado el país, (...) poderes paralelos, en los que el presidente no está involucrado pero que han involucrado a su familia y el resultado fue ese”, indicó.

Godoy renuncia en un momento que él mismo califica como de incertidumbre y convulsión, y lo hace por la decisión de Morales de expulsar a Velásquez y cuestionar el papel de la Cicig, ya que, añade, eso contraviene toda la política que el presidente había encaminado, y para la cual él tuvo el apoyo de Morales.

Relató que el mandatario le dio la tarea de sacar a Guatemala de la lista negra de países violadores de derechos humanos a la cual habían ingresado por desacato a las sentencias de la Corte Interamericana y no permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitara el país. “Es así como este año la Corte celebró un período extraordinario de sesiones en mi país, se publicaron las sentencias que Guatemala había negado su publicación anteriormente y, a principios de agosto, se hizo la visita in loco de la CIDH que estaba pendiente”, enumeró.

Lo anterior, apuntó Godoy, significó que Guatemala retomaba el camino de cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano, y hasta ahí yo conté con el respaldo del presidente.

 

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