polémica por hidroeléctricas en comarca ngäbe buglé

Diálogo se centra en proyecto

Representantes de la empresa Genisa acudieron al diálogo para explicar el proyecto en una sesión de preguntas y respuestas.

MARCHA. Indígenas realizaron protestas en Chiriquí. LA PRENSA/Sandra Alicia Rivera MARCHA. Indígenas realizaron protestas en Chiriquí. LA PRENSA/Sandra Alicia Rivera
MARCHA. Indígenas realizaron protestas en Chiriquí. LA PRENSA/Sandra Alicia Rivera

La cacica general de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, dio ayer un ultimátum a las autoridades del Gobierno para que hoy den una respuesta “definitiva y satisfactoria” al pueblo ngäbe buglé sobre el futuro de la concesión hidroeléctrica de Barro Blanco, que construye la empresa Generadora del Istmo S. A. (Genisa), a la cual se oponen.

Ayer representantes de la empresa acudieron al diálogo minero e hidroeléctrico en el salón azul de la Asamblea Nacional y explicaron el proyecto en una sesión de preguntas y respuestas que se extendió por más de cuatro horas.

No obstante, ni la cacica Silvia Carrera ni lo dirigentes de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé quedaron satisfechos con la sustentación de la empresa, poniendo en duda las explicaciones de la empresa.

“Quedamos comprometidos con el pueblo de llevar una respuesta hoy [ayer], pero no hay respuesta satisfactoria, entonces qué más podemos hacer. El pueblo ahora mismo está cerrando calles, por qué, porque no hay respuestas”, dijo Carrera, un tanto molesta.

Manifestó que lo que el pueblo lo que está esperando es la restitución del artículo 5 en la ley especial (que prohíbe la minería y la construcción de hidroeléctricas en la comarca y áreas anexas), pero el Gobierno no quiere atender esa solicitud.

GENISA SE DEFIENDE

Aldo López, gerente general de la empresa Genisa, se encargó de dar las explicaciones del proyecto. Y también refutó los argumentos de la dirigencia indígena de que no se hicieron consultas de esta obra.

Por su parte, Javier Víquez, asesor de la dirigencia indígena, puso en duda la legalidad de este proyecto y los planteamientos de los representantes de la empresa Genisa, tras argumentar que se violaron normas de la Constitución y de la Ley 10 que creó la comarca, al permitirse la apropiación privada de terrenos de las áreas anexas, las cuales deben, a su juicio, manejarse con el concepto de tierras colectivas en las que no opera el régimen de propiedad privada.

NUEVA PROPUESTA

A pesar de que no confían en la explicación de los representantes de la empresa Genisa, la dirigencia indígena informó que hoy presentarán una propuesta al Gobierno, de la cual no revelaron detalle.

En este sentido, el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, manifestó que mantienen la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo. “Desafortunadamente estamos en un momento muy difícil, en el que no pareciera que podemos llegar a un acuerdo que a lo mejor involucre un poco más de consultas, pero nosotros, el Gobierno, nos vamos a mantener en la mesa”, dijo.

En cuanto al plazo dado por la cacica Carrera, Fábrega señaló que no le gusta la palabra ultimátum y señaló que los diálogos siempre abren oportunidades.

VIOLAN ACUERDO

Mientras, el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, advirtió que los reiterados cierres de calles realizados por grupos “vinculados a la Coordinadora Indígena y a la cacica” son una violación al acuerdo de San Lorenzo.

Dijo que el acuerdo para iniciar el diálogo era retirar a los miembros de la Policía Nacional, mientras que los indígenas se comprometieron a no cerrar las vías.

“Pareciera que hay algunos grupos radicales que quieren provocar nuevos enfrentamientos”, dijo el titular de la Presidencia.

CIERRE DE VÍAS

Las bases indígenas del sector de Viguí, límite entre Chiriquí y Veraguas, se mantuvieron ayer a la expectativa y realizaron un cierre parcial de la vía Interamericana, como medida de respaldo a la coordinadora indígena.

El cierre de un paño de la vía empezó a las 11:27 a.m. y se extendió hasta la 1:30 p.m., mientras los indígenas se mantuvieron en uno de los carriles de la carretera internacional gritando consignas bajo el intenso sol.

La medida provocó un flujo lento de vehículos de transporte de carga y pasajeros por ese sector, aunque no se generó embotellamiento. Pero en la noche los indígenas volvieron cerrar la vía, esta vez en su totalidad durante una hora, lo que afectó el tránsito.

SAN FÉLIX

Aunque la carretera Interamericana en el cruce de San Félix no fue cerrada en todo el día de ayer, ni parcial ni totalmente, el ambiente entre los indígenas era de tensa calma y a la expectativa de todo lo que se genera en la mesa del diálogo en la ciudad de Panamá.

(Con información de Víctor Eliseo Rodríguez y Flor Bocharel Q.)

HIDROELÉCTRICA CONFÍA EN SEGURIDAD JURÍDICA DEL PAÍS

Mientras los indígenas ngäbe buglé y las autoridades siguen en posturas opuestas, Generadora del Istmo, S.A. (Genisa), que construye la hidroeléctrica de Barro Blanco, en Tolé (la discordia en el diálogo) confía en la seguridad jurídica para que se respete el contrato de concesión. De las 250 hectáreas del proyecto, 243 (97%) están dentro del distrito de Tolé, Chiriquí y las 6.68 restantes (2%) en áreas anexas de la comarca Ngäbe Buglé.

Julio Lasso, vocero de Genisa, dijo a este diario que ni siquiera han contemplado la posibilidad de demandar al Estado ante un posible resultado desfavorable del diálogo porque creen en la protección a los inversores.

Lasso aseguró que el 25 de junio de 2011, luego de 62 reuniones realizadas desde 2007 con indígenas, se pactó construir la hidroeléctrica y se firmó un acuerdo de compensación por el territorio anexo ngäbe a inundar con el embalse.

El proyecto fue aprobado por las autoridades de la región Kädriri, bajo la presidencia de Resilia Mendoza, con 54 votos a favor, 35 en contra y una abstención. Genisa se comprometió a aportar $40 mil anuales durante los 50 años de la concesión que totalizan $2 millones para el desarrollo social, infraestructuras, escuelas, iglesias o lo que decidieran las autoridades Kädriris. El acuerdo también lo aprobó en 2009 el entonces cacique Máximo Saldaña.

Genisa indicó que lo pactaron para tener una buena relación con los indígenas, pero que no tienen la obligación porque la obra no está dentro de la comarca.

Sin embargo, Bernardo Jiménez, dirigente ngäbe, reclamó ante la comisión de la Asamblea que Saldaña “lo manejó de forma personal” y “nadie de esa región conocía el documento”.

Manolo Miranda, otro aborigen, recordó que en 2011 se estableció con el exviceministro de Trabajo Luis Carles, durante las manifestaciones, anular el acuerdo entre Genisa y el otrora cacique.

Lasso enfatizó que las 6.68 hectáreas de área anexa son servidumbre del río Tabasará. Además que bajo los 103 metros sobre el nivel del mar (altura a represar) no hay ninguna comunidad.

Más alejadas hay tres comunidades que no pasan de 250 personas, dijo.

Sin embargo, Miranda expresó que no comprende por qué los terrenos próximos a la represa están en “adjudicación forzosa” si no se usarán. Alegó que allí ellos desarrollan la agricultura.

La Cámara de Comercio de Chiriquí propuso bajar la altura de la represa para no afectar la zona comarcal. “Si tomamos en cuenta que el avance de la obra es de 20% están a tiempo de hacer las modificaciones”, expresó Manuel Reyes Sicilia, presidente del gremio.

La empresa construye desde febrero de 2011, y en 2014 debe comenzar a operar la planta de 28.5 megavatios, energía que abastecería 7 mil hogares.

Genisa se ganó la concesión en 2007 en una subasta por $750 mil, lo que les permite usar el agua. Rechazó nexos con el actual o anterior gobierno y mencionó que el capital del proyecto es centroamericano.

Mary Triny ZEA Sandra Alicia Rivera

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