CONVERSACIONES PARA LOGRAR ACUERDO SOBRE HIDROELÉCTRICA PASAN A NUEVA ETAPA

Diálogo se retoma hoy en un nuevo escenario: la ONU

La Iglesia católica y la Asamblea piden que las autoridades investiguen los incidentes del jueves. El Ministerio Público inició una investigación de oficio.

El diálogo entre representantes de la etnia Ngäbe Buglé y el Gobierno, desde hoy tiene un nuevo escenario: la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Clayton.

Esto luego de los disturbios del pasado jueves en la Asamblea Nacional, que dejaron cuatro indígenas y a un miembro de la seguridad del Legislativo heridos, después de lo cual se paralizaron las conversaciones entre las partes.

El cambio de sede se determinó en una reunión que sostuvieron ayer la Coordinadora Indígena, las autoridades tradicionales de la comarca y la cacica Silvia Carrera con monseñor José Luis Lacunza, mediador del diálogo. En ese mismo encuentro, los integrantes de la coordinadora también habían pedido que el Gobierno cambiase su equipo de negociadores en el debate, incluyendo al jefe, el ministro Jorge Ricardo Fábrega.

Bernardo Jiménez, hijo de la cacica Carrera, y miembro de la Coordinadora, justificó esta solicitud argumentando que Fábrega no ha mostrado ningún interés en encontrar una solución a esta discusión. Alberto Montezuma aclaró que la petición finalmente no fue aceptada en esta reunión. “Vamos a respetar las decisiones de ellos, pero que también respeten las de nosotros”, dijo.

Montezuma señaló que mantienen su posición de que se cancele la concesión de la hidroeléctrica de Barro Blanco. “Esperamos que se solucione el problema; ya nosotros le hemos demostrado con nuestros técnicos que se puede cancelar la concesión e inclusive indemnizarlos. Ellos están hablando de la inseguridad jurídica, pero no han expresado por qué no pueden parar la empresa”.

´NADA MÁS QUE DAR´

También se refirió al tema el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, quien manifestó que el Gobierno ha dado prácticamente todo lo que tiene que dar en las negociaciones. “Dijeron no a la minería, y ya no hay minería; el tema de la protección de los recursos hídricos, también se está protegiendo al 100%”, afirmó tras agregar que la intransigencia de este grupo, puede llevarlos a perderlo todo. “Ellos no entienden que están a punto de perder todo lo que lo han logrado, porque cada vez que se sientan a la mesa están pidiendo más y más”, dijo.

ASAMBLEA SE PRONUnCIA

Mientras, el presidente de la Asamblea, Héctor Aparicio, pidió ayer al Ministerio Público (MP) que empiece una investigación para esclarecer las causas del enfrentamiento en los predios del Palacio Legislativo, donde la dirigencia indígena de la comarca Ngäbe Buglé alega que se dispararon perdigones a los manifestantes.

Aparicio, en conferencia de prensa, negó que la seguridad de la Asamblea haya utilizado perdigones de plomo, aunque sí dijo que tienen escopetas de doble uso (usan balas de goma o perdigones) no se utilizaron perdigones de plomo, porque estos permanecen custodiados por la seguridad de la armería de la Asamblea.

“Queremos pedir formalmente una investigación a los estamentos autorizados para tal fin y estaremos en la disposición de entregarles a las autoridades competentes copia de las filmaciones que se hicieron”, indicó.

Rechazando las afirmaciones del jefe de seguridad, Juan Vallarino, de que un grupo de indígenas estaba tomando licor y fumando marihuana en los predios del parque Legislativo, Aparicio manifestó que es muy temerario señalar que se estaba tomando licor o fumando drogas.

Por su parte, el subjefe de seguridad de la Asamblea, Jaime Fornione, mostró las escopetas y las municiones usadas y detalló que se trata de perdigones y balas de goma, que en su interior tienen gas pimienta, que se activa una vez hace impacto con el objetivo, “sin penetrar en la piel”.

También pidieron una investigación los representantes de la Conferencia Episcopal Panameña, que preside el mediador del diálogo José Luis Lacunza, al igual que la Alianza Evangélica de Panamá, a través de su presidente, Rolando Hernández.

MP INVESTIGA

La petición de estos grupos fue escuchada. Fuentes del MP confirmaron ayer a este diario que la Fiscalía Auxiliar comenzó una investigación de oficio por los hechos ocurridos este jueves en las inmediaciones de la Asamblea.

De acuerdo con las fuentes, apenas se registraron los hechos, en horas de la tarde de ese día, la Fiscalía abrió la investigación y corresponderá al fiscal Dimas Guevara continuarla.

Como parte de este proceso, ayer se hicieron varias diligencias en el lugar de los hechos.

DEMANDA

En tanto, la abogada y activista Celma Moncada interpuso una demanda contra la seguridad de la Asamblea Nacional. Después de los disturbios del jueves, Moncada, quien en el pasado ha impulsado causas contra la minería y los proyectos hidroeléctricos, manifestó que los agentes de seguridad del Legislativo fueron los agresores.

Explicó que pidió una prueba de alcoholemia y antidoping, luego de las declaraciones del jefe de seguridad de la Asamblea, Juan Vallarino, que dijo que los indígenas habían consumido alcohol y fumado marihuana.

ALERTA EN CHIRIQUÍ

En San Félix, Chiriquí, luego de que casi a la medianoche del jueves la cacica Carrera pidiera la reapertura de la vía Interamericana, las bases indígenas en esa área se replegaron hacia la plaza de juegos de San Félix, a cinco kilómetros de la carretera internacional.

El tráfico por esa importante vía se mantuvo fluido ayer durante todo el día.

En El Salado, distrito de Remedios, Santa Mariano, dirigente en esa base, movilizó al grupo hacia un costado de la vía Interamericana y con pancartas y consignas pidieron respeto y exigían la presencia del presidente de la República, Ricardo Martinelli, en la mesa del diálogo.

Al mediodía de ayer, los indígenas de San Félix se movilizaron en una marcha hacia la intersección, donde han mantenido el bastión de resistencia. Después de ondear pancartas por 15 minutos, regresaron hacia la sombra de un árbol Panamá, donde permanecen en vigilia.

Miembros de la Cruz Roja del área visitaron todos los puntos de protesta para evaluar las condiciones de salud de los manifestantes.

A través de teléfonos celulares y de radios de dos bandas se mantienen en comunicación permanente con los miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesinos que están en la capital.

(Con información de Elio Núñez y Flor Bocharel).

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