presiones en el órgano judicial

Díaz atenderá el caso Ballesteros

El exjuez Alexis Ballesteros denunció haber sido presionado por magistrados del Segundo Tribunal de Justicia.
José Ayú Prado LA PRENSA/Archivo. José Ayú Prado LA PRENSA/Archivo.
José Ayú Prado LA PRENSA/Archivo.

Al magistrado de la Corte Suprema Harry Díaz le corresponderá tramitar las denuncias presentadas por Corporación La Prensa (Corprensa) y la Alianza Ciudadana pro Justicia, para que se investiguen las denuncias del exjuez cuarto penal Alexis Ballesteros, de recibir presiones de sus superiores para manipular algunos fallos judiciales.

Según una nota de prensa del Órgano Judicial, el magistrado presidente, José Ayú Prado, le remitió a Díaz la petición para que se investigarán las denuncias, por lo que ya se encuentran en su despacho.

La iniciativa de Ayú Prado, según la nota, se da para cumplir con los principios de economía procesal, es decir que se acumulen en un mismo expediente ambas denuncias.

Al despacho del magistrado Díaz le correspondió la denuncia interpuesta por Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana pro Justicia, sobre el mimo tema.

Sin embargo, tanto Ayú Prado como Díaz fueron recusados por los abogados de Ballesteros. Dichos recursos deben ser resueltos por los magistrados Hernán De León y Víctor Benavides.

En tanto, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) condenó la inacción de la Asamblea Nacional y de los entes encargados de investigar las denuncias hechas por Ballesteros, y exigió que estas averiguaciones correspondan al Consejo Judicial.

En un comunicado expedido ayer, el CNA planteó que “la transparente y correcta tramitación de las declaraciones del exjuez Ballesteros ponen a prueba la capacidad del Órgano Judicial y del Ministerio Público de recuperar la deteriorada imagen de la administración de justicia”.

También señala que la “idoneidad de los profesionales del derecho que integran la administración de justicia se ve cuestionada con dichos señalamientos”.

Sostiene el CNA que los administradores de justicia que se mantienen en sus cargos tienen la obligación legal y moral de defender su independencia.

Por su parte, el Movimiento de Abogados Gremialistas planteó que “a 15 días de un escándalo que revela el secreto a voces que perciben los panameños y que existe en el ya deteriorado sistema de judicial, deben tomarse acciones firmes y contundentes para evitar un daño mayor al país”.

A la vez, destaca que solo el Órgano Judicial ha anunciado el inicio de una investigación administrativa, sin que se conozca resultado alguno, mientras que ni la Asamblea ni el Ministerio Público han iniciado las averiguaciones necesarias.

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