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Diputados dilatan denuncias contra magistrados

En su mayoría tratan sobre el supuesto delito de los magistrados de la Corte Suprema contra la administración pública por abuso de autoridad.

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Jorge Alberto Rosas (derecha), quien preside la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, debe junto con sus otros colegas decidir si avala o no las denuncias contra los magistrados de la Corte Suprema. Jorge Alberto Rosas (derecha), quien preside la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, debe junto con sus otros colegas decidir si avala o no las denuncias contra los magistrados de la Corte Suprema.
Jorge Alberto Rosas (derecha), quien preside la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, debe junto con sus otros colegas decidir si avala o no las denuncias contra los magistrados de la Corte Suprema. Archivo

Improductividad, poco compromiso y un pacto de no agresión entre los órganos Legislativo y Judicial son parte de las fuertes críticas que hacen dirigentes de los diferentes sectores del país, luego de que a semanas para que finalice el periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional, la Comisión de Credenciales mantiene engavetados 26 expedientes sobre denuncias y querellas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La indignación ciudadana se recrudece más, luego de que en los últimos meses la Corte, por su parte, ha desestimado denuncias contra varios diputados.

Por ejemplo, la semana pasada la Corte en pleno decidió no admitir una denuncia contra el presidente de la Asamblea, Rubén De León, acusado por supuestas irregularidades en las donaciones, subsidios y contratos por servicios profesionales otorgados con presupuesto del Órgano Legislativo.

También, el 28 de marzo pasado los magistrados de la CSJ archivaron una denuncia por la supuesta comisión del delito de lesiones personales contra el diputado del Partido Revolucionario Democrático Leandro Ávila.

Los magistrados de la CSJ también se han inhibido de conocer denuncias de supuestos delitos electorales contra diputados. Esta situación tiene cerca de ocho expedientes en el limbo, tras una disputa entre la Corte y los magistrados del Tribunal Electoral.

LAS DENUNCIAS

Mientras, los diputados no han entrado a analizar 26 expedientes de denuncias presentadas entre 2012 y 2017 contra magistrados de la Corte, según un informe al que tuvo acceso este medio.

El documento también precisa que, en 2014, la Comisión de Credenciales abrió una investigación de oficio luego de las publicaciones noticiosas a principio del mes de abril de ese año, sobre las declaraciones efectuadas por Alexis Ballesteros, relacionadas con supuestos actos irregulares en el Órgano Judicial.

Sin embargo, no señala si se concluyó la investigación.

En marzo pasado se presentó una denuncia en la Asamblea. La misma fue interpuesta por la Alianza Ciudadana Pro Justicia que dirige Magaly Castillo, y dicha denuncia es contra los magistrados José Ayú Prado, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, quienes conforman la directiva de la CSJ, por incumplir la Ley 53 de 2015, que regula la carrera judicial.

Ayú Prado y Harry Díaz son los magistrados que acumulan más casos, señala el informe.

Ayú Prado ha sido acusado en 9 ocasiones, mientras que Díaz, 11 veces. Le siguen el magistrado Oydén Ortega, que ha sido señalado en 7 casos.

A De León y al magistrado Abel Zamorano se les ha denunciado a cada uno en cuatro ocasiones, mientras que a Fábrega y al magistrado Jerónimo Mejía, tres veces.

Los nuevos magistrados de la Corte, Ángela Russo y Cecilio Cedalise, no escapan a los señalamientos y denuncias en su contra, pues a ambos ya se les ha denunciado, en una ocasión (ver cuadro).

Dentro de las denuncias y querellas presentadas en la Asamblea Nacional también se señalan a algunos suplentes de magistrados.

Denuncias contra magistrados de la Corte Suprema Expandir Imagen
Denuncias contra magistrados de la Corte Suprema LA PRENSA/Roy Hernández

SIN DECIDIR

La comisión de la Asamblea encargada de darle curso a estas denuncias es la de Credenciales, que integran los panameñistas Jorge Alberto Rosas, Adolfo Valderrama y Luis Eduardo Quirós.

También son miembros de esta instancia los diputados de Cambio Democrático: José Muñoz, Sergio Gálvez y Rony Araúz. Por el Partido Revolucionario Democrático están Elías Castillo, Crescencia Prado y Rosa Canto.

EN 2016

Durante la pasada legislatura 2016 la Comisión de Credenciales, que era dirigida por el panameñista Jorge Iván Arrocha, archivó en marzo de ese año ocho casos contra Ayú Prado, relacionados con las denuncias presentadas por el juez Juan Domingo Ibarra.

La decisión se tomó en pleno, y en ese momento los diputados miembros de la Comisión manifestaron que las denuncias no tenían elementos de convicción que sustentaran los hechos para admitirlas. Ni tampoco que permita a los diputados “emitir un razonamiento jurídico del tema”.

Ibarra acusó a Ayú Prado, entre otros delitos, de la supuesta comisión del delito de infracción de los deberes de servidores públicos, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Para ese entonces, Ayú Prado, quien fue reelecto como presidente de la Corte en enero de 2016, se mantenía como el magistrado con más denuncias en el Legislativo.

COMPLICIDAD

En ese sentido, Annette Planells, del Movimiento Independiente por Panamá, cuestionó la demora de los diputados de la Comisión de Credenciales, y manifestó que no existe “ninguna voluntad” para investigar estas denuncias.

“Nos parece gravísimo que la Asamblea no analice esta situación, ya sea que no existan los méritos en las denuncias, en cuyo caso deben ser absueltos de cualquier duda y archivados los expedientes; o que haya méritos para investigar. Es más grave que las denuncias sean en contra de los magistrados, quienes deciden sobre la vida, honra y bienes de todos los panameños”, planteó.

En tanto, José Alberto Álvarez, miembro del Colegio Nacional de Abogados, dijo que no es una sorpresa que se mantenga una veintena de denuncias en la Asamblea contra los magistrados.

Señaló que lo que le “extraña es la actitud” del diputado Rosas, quien no ha entrado ni siquiera a analizar las denuncias.

Explicó que no porque se inicie una investigación uno es culpable, y que ese parece es el miedo de los diputados y magistrados, mientras tanto “los ciudadanos queremos saber la verdad”.

Pidió a los diputados cumplir con su labor e iniciar las investigaciones, ya que la Asamblea es el ente encargado para ello, pues de no hacerlo se aumenta la “incredibilidad” por parte de los ciudadanos hacia el sistema de justicia del país, que ya se encuentra deteriorado.

En tanto, Richard Morales, del Frente Amplio por la Democracia, manifestó que la actitud de los diputados demuestra la “complicidad” entre los órganos Legislativo y Judicial.

A su juicio, ambos “se encubren mutuamente sus actos de corrupción, protegiéndose entre sí para evitar se expongan las redes de corrupción que atan a todos los órganos del Estado, a los más altos niveles”.

“Es una confirmación de que las instituciones se han descompuesto completamente, incapaces ya de cumplir con sus funciones”, acotó Morales.

CAMBIOS CONSTITUCIONALES

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, va más allá. Considera que el mecanismo de investigación de ambos poderes contemplados en la Constitución debe ser revisado, ya que está siendo utilizado como un “mecanismo de negociación”.

“No hay ninguna confianza en la ciudadanía de que las investigaciones se manejen con la independencia necesaria, pues pareciese que hubiera un arreglo entre ambos órganos del Estado”, acotó.

A su vez, Lee expresó que dichas actitudes “lesionan” el interés ciudadano de esclarecer los casos y que la impunidad no sea lo que predomine en el sistema de justicia panameño.

COMISIÓN SE DEFIENDE

Al ser consultado del porqué estas denuncias no han sido deliberadas, el diputado Rosas sostuvo que “hay muchos abogados que creen que la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional es un cuarto tribunal para resolver las decisiones…”.

Continuó diciendo que si un magistrado falla en un sentido, vienen acá a presentar una denuncia por extralimitación de funciones por haber ejercido su función de impartir o no justicia.

Explicó que la mayoría de las denuncias presentadas en la Comisión son así, por lo que anotó que “habrá que analizarlas [las denuncias]. Las que no tienen mérito se desecharán y las que sí se admitirán”.

No obstante, en las pocas reuniones que ha realizado la Comisión de Credenciales estas denuncias no han sido abordadas por sus miembros.

A la fecha, se desconoce si la Comisión en su próxima reunión tratará el tema de las denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

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