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EL VETO AL PROYECTO de LEY No. 198

Discapacidad, tarea pendiente

La ley que buscaba brindar descuentos a las personas con discapacidad no prosperó, ya que Senadis no está en posición de determinar quiénes tendrían derecho al beneficio.

El proyecto de ley No. 198 que ofrecería descuentos para las personas con discapacidad no prosperó el año pasado, luego de que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, vetara la propuesta.

La iniciativa legislativa planteaba descuentos de 50% en las entradas de actividades de recreación, 30% en la tarifa de transporte público, 15% en establecimientos de expendio de comidas rápidas, 25% en restaurantes y en la facturación de recibo de luz, agua y teléfono, y 20% en medicinas, entre otros.

La razón del veto es que en Panamá no se utiliza la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), a pesar de que el tema de la discapacidad ha tomado auge desde 2006 cuando se hizo la Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (Pendis).

Se trata de una clasificación regulada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que ofrece un lenguaje unificado sobre la condición de salud y movilidad que pueda tener una persona con discapacidad.

De acuerdo con el director de la Secretaría Nacional de Personas con discapacidad (Senadis), Ramón Alemán, el Presidente de la República vetó la ley y dio un plazo de ocho meses para que se empiece a implementar el CIF en el país y encaminar el trabajo.

Es decir que el próximo mes de julio se deberá tener la clasificación de los primeros beneficiados por este proyecto de ley.

El funcionario agregó que el problema para implementar esta clasificación en el país radica en que se carece de un equipo interdisciplinario de salud.

Solo hay dos personas capacitadas en clasificación y no laboran en Senadis. Se trata de Magalis Díaz, que fue coordinadora técnica del Pendis 2006 y la doctora Iris Medina, ambas formadas sobre el asunto en Argentina y México.

En este sentido, Alemán –dijo Senadis– ya se reunió con las expertas que se convertirán en formadoras de otros profesionales, ya que están validadas por la OMS.

Magalis Díaz, una de las especialistas en discapacidad, dijo: “vamos a colaborar, porque este es un tema de Estado y derechos humanos”.

Otro aspecto que hay que considerar, según Díaz, es que aún no se ha terminado la reglamentación de la Ley No. 42 del 27 de agosto de 1999, mediante la cual se especifica si la persona presenta una discapacidad leve, moderada o severa, que es un indicador indispensable para esta clasificación.

¿Por dónde empezar?

El director de Senadis explicó que una vez se prepare a un grupo de profesionales, se podrá iniciar el proceso de captación elaborando un informe de trabajo social para determinar si la persona tiene derecho a los beneficios que señala el proyecto de ley, propuesto por la diputada perredista Irasema de Dale.

Posteriormente, son referidos a Senadis donde se expedirá o no la certificación que lo acredita a recibir los descuentos.

El funcionario también dijo que la OMS recomienda empezar a clasificar en un pequeño sector y luego ir cubriendo el país, pero aún no se ha determinado por qué región se va a empezar.

En tanto, Díaz recordó que una ventaja es que hay convenios con México y Argentina mediante los cuales se puede solicitar personal médico de apoyo especializado para esta clasificación.

Tanto Díaz como Alemán coinciden en que este es un tema complejo, teniendo en cuenta que gran cantidad de personas se va a querer certificar con alguna discapacidad, por lo que es un proceso que tomará tiempo.

De acuerdo con el Censo de 2010 de la Contraloría General de la República, hay 106 mil 375 personas con discapacidad en el país.

Por otro lado, Senadis admitió que otro aspecto que sustentó el veto fue que no se hizo un estudio para saber el costo económico que tendrían las 22 exoneraciones en el presupuesto nacional.

Gestiones pendientes

La exprimera dama de la República Vivian de Torrijos manifestó que este atraso con la CIF denota que, en tres años y medio de gobierno, no se han valorado los logros que hubo en materia de discapacidad en años anteriores.

Por su parte, la diputada proponente del proyecto Irasema de Dale señaló que esta ley es de interés social.

El secretario regional de la Asociación de Jóvenes y Adolescentes Sordos de Panamá, México, Centroamérica y el Caribe, Irving Jiménez, instó a las autoridades a no dejar sin efecto esta iniciativa que está vigente en El Salvador, México, Argentina y Chile.

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