PROTESTAS EN COLÓN CONTRA LA LEY 72 DE 2012

Disparos vinieron de fuerzas del Estado, asegura HREV

El uso excesivo de la fuerza, la utilización indiscriminada de armas letales y la militarización para el control de multitudes fueron las principales violaciones a los derechos humanos que el Gobierno de Panamá, a través de diversos entes uniformados, cometió en las protestas contra la Ley 72 de 2012 que se produjeron en Colón del 19 al 26 de octubre pasado.

“El Estado empleó a miembros de la Policía Nacional, del Servicio Nacional de Fronteras [Senafront] y del Servicio Nacional Aeronaval [Senan] durante las protestas y el paro convocado por el Frente Amplio por Colón... e impidieron a los manifestantes realizar marchas pacíficas por las calles y avenidas de la ciudad”, se destaca en el informe preliminar presentado ayer por la organización Human Rights Everywhere (HREV) en la iglesia San José, en Colón.

“Hay numerosos testimonios de cómo agentes de las fuerzas de seguridad intervinieron disolviendo las marchas pacíficas sin que mediara provocación alguna y disparando gases lacrimógenos, perdigones y, posteriormente, balas de calibre 9 mm, escopeta 12, y fusiles automáticos AK-47”, agrega el documento.

Según el informe, el equipo de campo registró “algo más de 200 casos de violación de derechos humanos” –aunque se sigue recabando información en el terreno–, y de esta cantidad se han verificado ya 91 casos que “apuntan tendencias e ilustran lo ocurrido a la población civil de Colón”.

Detenciones (46 casos), golpes (41), allanamientos (32), baleados (19) y amenazas (17) fueron las principales denuncias recibidas, aunque también se reportó persecución, uso de gas pimienta, negación a la atención médica, violación de correspondencia y tres personas fallecidas como consecuencia directa de los enfrentamientos.

HREV resalta que los “heridos civiles de bala y la muerte de civiles se dieron, principalmente, por disparos de armas de fuego empleadas por las fuerzas del Estado”, de acuerdo con los registros de balística y los testigos entrevistados.

También se destaca que los allanamientos colectivos en Santa Teresita, Casa Lara y Casa Wilko se hicieron bajo los argumentos de que había armas guardadas o mercancía robada durante los saqueos, pero en ningún caso se encontró evidencia.

La organización insiste en el “patrón de actuación” del Estado que se ha repetido desde 2010: “Aprobación de leyes impopulares o polémicas sin suficiente consulta, protestas, estigmatización de las mismas y represión”.

Cuando el número de víctimas “provoca una reacción de la opinión pública y se genera una crisis de gobernabilidad”, se deroga la ley y se ofrece el diálogo.

Luego, las instancias judiciales no investigan a fondo, “por lo que no se desarrolla un proceso de verdad, justicia y reparación que permita cerrar heridas y hacer justicia”.

Hasta ahora, la aprobación de leyes impopulares ha provocado tres grandes episodios de protestas en el país. El primero fue en julio de 2010, cuando la llamada “ley chorizo” –que vulneraba derechos sindicales­ generó manifestaciones en Changuinola por parte de los trabajadores bananeros.

El choque terminó con dos fallecidos reconocidos oficialmente (Antonio Smith y Virgilio Castillo), y otras 716 personas heridas, muchas de ellas con perdigones en el rostro, que, incluso, perdieron la visión.

El segundo conflicto fue en febrero de 2012, cuando los indígenas ngäbes y buglés protestaron por las concesiones hidroeléctricas y mineras en su territorio. Perdieron la vida Jerónimo Rodríguez Tugrí y Francisco Miranda.

HREV recomienda que, al mismo tiempo que avanzan las investigaciones judiciales, se establezca una comisión independiente para realizar otra “que vaya al fondo de los hechos y de las condiciones estructurales” que violan los derechos humanos de los colonenses.

También destaca la necesidad de “prohibir” el uso de agentes del Senafront y Senan en conflictos sociales, así como revisar los protocolos de actuación de los uniformados, para que se incluyan técnicas de control de multitudes “respetuosas con el marco internacional de derechos humanos”.

Agrega la necesidad de “establecer un marco de protección para periodistas y defensores de derechos humanos”, así como “revisar y reforzar el papel de la Defensoría del Pueblo”.

HREV es una organización sin fines de lucro, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos. En Panamá fue reconocida como ONG con personería jurídica en marzo de 2010. En esta organización milita el periodista Francisco Gómez Nadal, expulsado de Panamá en abril de 2011.

13 expedientes en las fiscalías por disturbios

Las fiscalías primera, segunda, cuarta, sexta, decimotercera y decimoquinta de circuito investigan los daños causados a entidades públicas en los disturbios del pasado viernes en la capital.

Según el procurador, José Ayú Prado, los expedientes se tramitan por separado para facilitar el inventario de daños, aunque no se descarta que más adelante sean acumulados.

Entre las entidades afectadas están las procuradurías de la Nación y de la Administración, la Gobernación de Panamá, el Tribunal Electoral, el Instituto de Medicina Legal y el Banco Nacional de Panamá.

Además, la Fiscalía Auxiliar tiene cuatro expedientes: uno por los disturbios en la capital; otro por las protestas en Colón, y otros dos sumarios por abuso policial en esa provincia.

La Personería Primera de Colón investiga los tres homicidios ocurridos en las protestas; la Fiscalía Tercera de Circuito de Colón tramita un caso de homicidio culposo que se dio el 23 de octubre; y la Fiscalía Primera de Circuito de Colón investiga el caso de los policías heridos.

Por su lado, la gobernadora de Panamá, Mayín Correa, informó que la próxima semana irá al Ministerio Público a rendir informe de los daños en esa entidad.

Rubén Polanco

Yaritza Gricel Mojica

´Hubo violaciones a los derechos humanos´

La Defensoría del Pueblo concluyó que, durante las protestas en Colón ocurridas del 19 al 26 de octubre pasado contra la Ley 72 de 2012, que autorizaba la venta de tierras de la Zona Libre, hubo violaciones de derechos humanos por parte de agentes de la Policía Nacional (PN) que usaron armas de fuego para dispersar a los manifestantes.

En el informe preliminar de los hechos, dado a conocer ayer en conferencia de prensa, se destaca que “la falta de utilización de protocolos y de una correcta aplicación de la reglamentación para la contención de manifestaciones públicas trajo la pérdida de vidas humanas y un número plural de personas heridas”.

“Con el pretexto del toque de queda a las 4:00 p.m. se dieron detenciones de personas que caminaban libremente, violando el debido proceso”, agrega el documento.

Entre los derechos violados se mencionan la vida, integridad y libertad personal, la protección judicial y el debido proceso.

Además, se señala que como parte del uso excesivo de la fuerza por la PN se registraron intercambios de disparos, reportes de heridos con arma de fuego, afectados por gases lacrimógenos, detenciones y allanamientos arbitrarios.

Estas conclusiones, que constan en 12 puntos, también destacan que a pesar de que las autoridades tenían conocimiento de las discrepancias de las fuerzas vivas de Colón por la ley, no se apoyaron en un diálogo para llegar a un acuerdo. Asimismo, que el Gobierno intentó entablar el diálogo cuando ya el conflicto había dejado 48 heridos y tres fallecidos. El documento detalla que grupos ajenos a las fuerzas vivas de Colón abrieron fuego contra la PN, que respondió disparando en el torso y cuerpo de menores y adultos mayores.

La Defensoría del Pueblo concluye que a raíz de los enfrentamientos hubo pánico en la comunidad, reacción aprovechada por otras personas para cometer actos vandálicos.

Al respecto, la defensora, Patria Portugal, señaló que en las protestas ella prefirió no dar declaraciones para “no echar más leña al fuego”, y aclaró que la labor de la entidad se centró en los hospitales y cuarteles, para conocer el estado de los heridos y detenidos.

En cuanto a los disturbios en la capital el viernes 26 de octubre, la Defensoría sumó 232 detenidos, de los cuales cinco eran mujeres y el resto hombres. También hubo tres civiles y cinco policías heridos. Aún hay 31 detenidos, 34 salieron de prisión con medidas cautelares y nueve fueron liberados. Otras 150 personas pagaron multa y quedaron libres.

Portugal aclaró que este informe es preliminar, por lo que darán seguimiento a la conclusión de las investigaciones para emitir el resumen final.

El informe fue enviado al presidente, Ricardo Martinelli, y a los ministros.

Rubén Polanco

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