Disputa por garita en Punta Pacífica llega a la Corte

El amparo fue presentado el pasado miércoles y quedó en manos del magistrado Víctor Benavides.

Un amparo de garantías constitucionales contra la nota No-36-DG/OAL del 10 de febrero, emitida por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que ordena la demolición de una garita ubicada en la calle Darién, Punta Pacífica, que permite el acceso a los edificios PH Pacific Blue, Royal Pacific y Courtyard View, fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia por residentes del lugar.

El abogado Juan Carlos Henríquez, en representación de los residentes del PH Courtyard View, presentó el recurso y solicitó a los magistrados de la Corte la suspensión provisional de la orden emitida por el director general de la ATTT, Roberto Moreno, de derribar la garita, por los graves daños que se pueden ocasionar a los residentes del lugar.

En el amparo se plantea que la orden impartida por Moreno vulnera varias normas constitucionales y además es una violación a los derechos humanos de los residentes del lugar.

Según el recurso, la orden dada por la ATTT infringe el artículo 32 de la Constitución, en donde se establece que “nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, política o disciplinaria”.

En este sentido, plantea que la decisión de la ATTT viola los derechos de los propietarios de los edificios afectados, ya que no se ha practicado un proceso administrativo que hubiese determinado la naturaleza jurídica de la caseta.

A la vez, la ATTT asegura que el sitio en donde se encuentra la garita es de uso público, pero según los planos entregados a los propietarios dicha área es propiedad privada.

Así mismo, estima que la orden de derribar la caseta viola el artículo 47 de la carta magna en donde “se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley por personas jurídicas o naturales”.

En el amparo se establece que la orden de hacer de la ATTT no le ha dado oportunidad a los residentes del lugar a ser oídos dentro de un proceso en el cual puedan hacer valer sus derechos fundamentales.

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