DONACIONES Y SUBSIDIOS, EN LA MIRA

Donaciones son contrarias a la ‘Constitución’

El magistrado de la Corte Harry Díaz afirma que ‘el decreto es inconstitucional porque regula una materia que es inconstitucional’.

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Entre julio de 2014 y diciembre de 2016, el Legislativo desembolsó $14 millones en donaciones y subsidios. Entre julio de 2014 y diciembre de 2016, el Legislativo desembolsó $14 millones en donaciones y subsidios.

Entre julio de 2014 y diciembre de 2016, el Legislativo desembolsó $14 millones en donaciones y subsidios. Foto por: Archivo

La decisión fue adoptada favorablemente por cinco magistrados de la CSJ. La decisión fue adoptada favorablemente por cinco magistrados de la CSJ.

La decisión fue adoptada favorablemente por cinco magistrados de la CSJ. Foto por: Archivo

El abogado Ernesto Cedeño catalogó de “excelente” la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),  que declaró inconstitucional el Decreto 441 del 25 de octubre de 2016  expedido por la  Contraloría General de la República  para limitar y regular los donativos y subsidios que entregan los diputados con presupuesto de la  Asamblea Nacional.

“Eleva este órgano del Estado a las alturas que el pueblo los quería ubicar poniendo un coto a una práctica clientelista y aberrante de los diputados: utilizar el dinero del pueblo panameño en hábitos que no le son propias conforme a la Constitución”, aseguró Cedeño, quien demandó la disposición emitida por el contralor Federico Humbert.

La decisión fue adoptada el día de ayer con el voto favorable de cinco magistrados: Harry Díaz  (ponente), Abel Zamorano, Oydén Ortega, Jerónimo Mejía y Hernán De León. Secundino Mendieta, suplente de Ángela Russo, votó en contra, y Cecilio Cedalise, José Ayú Prado y Efrén Tello –suplente de Luis Ramón Fábrega- se abstuvieron.

 La Prensa  documentó que entre julio de 2014 y diciembre de 2016, el Legislativo gestionó $14 millones en donaciones y subsidios, dinero que en algunas ocasiones no fue a parar íntegramente a sus beneficiarios originales. Este diario también reveló que la entidad destinó $68 millones en contratos por servicios profesionales, pero algunos de estos trabajos no se hicieron.

El magistrado Díaz ya había advertido de que este dinero es entregado sin que exista “ninguna disposición constitucional, legal ni reglamentaria” que avale dicha práctica. El pasado 6 de marzo, el magistrado envió una nota a José Ayú Prado, presidente de la Corte, en la que recomendó a sus colegas la lectura de las noticias publicadas por este medio, en las que se revelaron estas dudosas donaciones.

En su carta a Ayú Prado, Díaz adjunta un cuadro facilitado por el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, en el que constan los montos asignados a la Asamblea para donativos y subsidios “benéficos”, “cultural y científico”, “deportivo” y “educacional”: $375 mil 696 en el año 2014, $3.9 millones en 2015, $8.4 millones en 2016 y $994 mil 500 asignados por ley para 2017.

Mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, dijo a La Prensa que el dinero para las donaciones está amparado por las partidas 611 y 930, incluida en el presupuesto de la Asamblea.

Díaz fue el ponente de la demanda de inconstitucionalidad que presentó Cedeño contra el Decreto 441. El fallo, de acuerdo con fuentes de la Corte, solo aplica para las donaciones y subsidios que otorga la Asamblea, porque no tienen fundamento en el artículo 159 de la Constitución, y están “expresamente prohibidas en el 163, numeral 3. Todo el resto de las donaciones y subsidios que ejecuta el Órgano Ejecutivo a través de sus diferentes instituciones se mantienen vigentes”.

En efecto, ninguno de los 17 numerales del artículo 159 de la Constitución del país, le da a la Asamblea la potestad de realizar donaciones. Mientras que en el 163 se les prohíbe (ver tabla).

¿Qué ocurrirá ahora con estos fondos? Este medio consultó al Ministerio de Economía y Finanzas al respecto, y fuentes de esa entidad dijeron que deberán esperar la divulgación del fallo. Pero en todo caso, en situaciones como esta, las entidades públicas deben transferir o no usar la partida designada.

DESDE LA ASAMBLEA

La decisión de la Corte hizo reaccionar casi de inmediato a varios diputados. El panameñista Adolfo Valderrama, expresidente del Legislativo, manifestó que el Judicial “es un órgano del Estado independiente que tiene derecho a ejercer su criterio en base a las denuncias que se hagan (...) Si ya la Corte se ha pronunciado, esto es irrevocable y esto determina entonces que el rubro de donaciones no es permitido en el Legislativo”.

A consideración de Valderrama, pareciera que dentro del fallo se puede interpretar que la Asamblea Nacional “no tiene dentro de su rol ejercer las donaciones y la Corte entonces determina al fiscalizador de los órganos del Estado [La Contraloría General de la República] que su reglamento es inconstitucional”.

“Ese rubro, entonces, si está presupuestado desaparece (...) hay que consultarle al Ministerio de Economía y Finanzas qué va a hacer con esos fondos que fueron asignados por la Asamblea Nacional en el presupuesto del legislativo”, añadió.

Para el también diputado panameñista, José Luis Varela, la Asamblea deberá respetar el fallo. Sin embargo, afirmó que “hay que ver el fondo de la medida, si decretan inconstitucional el “decreto” o las “donaciones”, porque hay fallos anteriores de la Corte donde ellos decretan constitucional las partidas circuitales”.

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Donaciones son contrarias a la ‘Constitución’

Por su parte, Héctor Valdés Carrasquilla, de Cambio Democrático (CD), coincidió con Varela e indica que deben ser “respetuosos” de las diferentes instancias de poder del país.

Otro diputado de CD, Raúl Hernández, explicó que la Corte tendrá sus razones para haber considerado inconstitucional dicho decreto. “Esto va a significar de forma formal y oficial que no debe de haber ningún tipo de donaciones por parte de la Asamblea”, acotó.

Luego de que este medio dejara al descubierto las irregularidades en las donaciones, el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, anunció la creación de una comisión interna que investigará las anomalías en las donaciones y contratos por servicios profesionales otorgados por el Legislativo.

El grupo está conformado por los diputados Juan Carlos Arango, del Partido Popular; Leandro Ávila, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); y Yanibel Ábrego, de CD y actual vicepresidenta de la Asamblea. El contralor Federico Humbert ordenó auditar las donaciones y contratos por servicios profesionales efectuados por el Legislativo, desde el 1 de junio de 2014, y los periodos fiscales completos, 2015 y 2016.

Luego de la decisión de la CSJ el día de ayer, la Contraloría dijo que continuará con su papel de fiscalizar a la Asamblea. “La Contraloría General de la República por mandato de nuestra Constitución Política específicamente en el numeral 2, del artículo 280, dispone que son funciones de la Contraloría ‘fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, según lo establecido en la ley”, indicó un comunicado emitido por la entidad.

Agrega también que “en el momento en que sea notificada del fallo de inconstitucionalidad, y el mismo se adscribiera solamente a nuestro decreto de Control, procederemos con todos los recursos legales dentro de nuestras capacidades para evitar se cercene nuestra facultad reguladora del manejo de fondos públicos. Por lo anterior, si el fallo de la Corte Suprema de Justicia solo declarara inconstitucional nuestro manual de control y no declarara inconstitucional por conexión la partida presupuestaria de donaciones asignadas a la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República procederá inmediatamente a solicitar la inconstitucionalidad de dicho objeto de gasto”.

OTRAS ACCIONES LEGALES

Cedeño, además, presentó una denuncia penal contra De León, por las presuntas irregularidades en la gestión de donaciones.

Según el jurista, la acción fue interpuesta solo a De León y no al resto de diputados, debido a que este fue quien dio el aval de los fondos a estos donativos. “Conforme al análisis de la investigación y la documentación en el manual de donativos de la Contraloría establece que los diputados no pueden disponer de los recursos si no los aprueba el presidente de la Asamblea Nacional”, dijo.

“En derecho penal, cuando no ejerces el control eres responsable”, enfatizó el jurista. En tanto, este medio llamó ayer en reiteradas ocasiones a De León para que se pronunciara sobre el particular, pero no respondió.

El pasado 13 de julio de 2015- también bajo la presidencia de De León- Cedeño presentó otra denuncia, pero esta vez contra 29 diputados suplentes por recibir una doble remuneración del Estado.

Cedeño aportó como prueba un informe de la Contraloría. En ese momento se supo que estos diputados recibían de la Asamblea una remuneración mensual de 2 mil dólares, que consiste en mil 500 dólares de combustible y 500 dólares de viáticos, pero, además de ello, laboran en instituciones estatales.

Según el abogado, esta denuncia, de la cual su ponente es el magistrado Luis Ramón Fábrega, no ha sido ni admitida ni rechazada. “Es un limbo, he interpuesto una cantidad de recursos procesales para que se pronuncie y no camina nada”, explicó.

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