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Dudas por control de precios de alimentos

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En compañía de los ministros de Comercio, Melitón Arrocha, y de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango, el mandatario Juan Carlos Varela anunció el decreto que establece precios tope a 22 productos. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez. En compañía de los ministros de Comercio, Melitón Arrocha, y de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango, el mandatario Juan Carlos Varela anunció el decreto que establece precios tope a 22 productos. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez.
En compañía de los ministros de Comercio, Melitón Arrocha, y de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango, el mandatario Juan Carlos Varela anunció el decreto que establece precios tope a 22 productos. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez.

La firma en la noche de ayer del Decreto Ejecutivo No. 165, con el cual el presidente de la República, Juan Carlos Varela, establece temporalmente un control de precios máximo de venta al por menor de 22 productos de la canasta básica familiar de alimentos generó más críticas que elogios por parte de diversos sectores empresariales, obreros y de organizaciones de defensa de los consumidores.

El decreto, firmado por el presidente Varela y el ministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha, entrará en vigencia el lunes 7 de julio desde las 8:00 a.m. y tendrá una duración de seis meses. También se establece que la medida quedará eliminada una vez que desaparezcan las causas que motivaron su adopción.

El gobierno justifica la decisión alegando que se requiere generar condiciones en los mercados que permitan a la población la satisfacción de sus necesidades básicas ante el constante incremento de los precios en los productos de la canasta básica familiar de alimentos registrados en los últimos años.

La norma señala además la obligación del establecimiento comercial que ofrezca para la venta al por menor estos productos, ofrecer al menos una marca al precio máximo de venta al por menor establecido en el artículo 1 del decreto (ver tabla con 22 productos) en aquellos productos a los cuales se les estableció un margen bruto de comercialización al por menor.

El resto de las marcas incluidas dentro de cada producto tendrá un margen bruto de comercialización máximo del 10% o 15%, según se indica en la tabla, calculado sobre el precio de costo para el minorista.

las inquietudes

Para el empresario Roberto Lombana, con la firma del decreto se cumple con una de las promesas de campaña de Varela, sin embargo, expresó que el control de precios no es una medida saludable.

“Sabemos que es una medida temporal... Ojalá no sea necesario extender el período más de lo establecido, porque a nadie le gusta que le digan qué ganancias debe lograr”, manifestó.

En tanto, para Gabriel Diez, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el establecimiento de precios tope “es un experimento que está haciendo el presidente Varela, por lo que espera que sea por un tiempo perentorio, porque “esa no es la forma que la libre empresa se maneja, hay otros mecanismos que se pueden realizar”.

Diez dice que, como parte de la campaña política, Varela hizo esta promesa sin mucha evaluación, por lo que ahora lo importante será ver cómo funcionará el experimento.

Para Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), faltaron algunas explicaciones antes de este anuncio y lograr mayores consensos con todos los sectores involucrados en la producción, venta e importación de alimentos.

“Era obvio que había que reunirse con los sectores involucrados, como lo es el sector agropecuario y distribuidores para lograr que todos pusieran de su parte, y que se lograra un consenso por un término de emergencia que no sea mayor de seis meses”, manifestó.

A Troncoso le inquieta lo que ocurrirá después del período de seis meses con el esquema del tope de precios.

“Habrá que ver qué va a ocurrir cuando culmine la veda, y si nuevamente va a tener que entrar la mano del Estado a través del Gobierno para, otra vez , establecer sistemas de regulación de precios”, dijo.

De acuerdo con el Decreto No. 165, será la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia la que ejecutará y velará por el fiel cumplimiento de esta disposición, así como también de la aplicación de las sanciones para quienes infrinjan esta norma.

El control de precios máximo no incluye, por ahora, la provincia de Darién y las zonas insulares de la República de Panamá, las cuales serán incluidas posteriormente luego de un análisis que realice la Comisión de Ajustes de Precios, conformada por los titulares del Ministerio de Comercio e Industrias, Desarrollo Agropecuario y de Economía y Finanzas, quienes también serán los encargados de evaluar las solicitudes de ajustes de precios que presenten tanto empresas individuales, como gremios productores o asociaciones empresariales.

Por su parte, el economista Raúl Moreira consideró que al Instituto de Mercadeo Agropecuario –que desde ayer dirige Edwin Cárdenas– debe estar pendiente de que, una vez sea eliminada la medida, los precios no varíen mucho. Dijo que esta institución también debe ofrecer productos a los mismos precios que establece el decreto. No obstante, considera que el decreto no terminará con la inflación, puesto que se requiere un esquema más permanente y sostenido en el tiempo.

Según Moreira, los precios regulados no afectarán la subsistencia de los productores, ya que “son razonables”.

En tanto, Javier Said Acuña, miembro de la Cámara de Comercio, consideró que si bien se cumple con una promesa política, este decreto debe ser objeto de un análisis profundo, particularmente por la forma en que se pretende implementar.

Obreros opinan

Para Rafael Chavarría, de la Confederación Nacional de Trabajadores Organizados, la decisión del presidente Varela solo es un paliativo para encarar los altos precios y recordó que los artículos de primera necesidad no son 22 sino 52, lo que indica –a su parecer– que hay otros productos que se deberían regular.

Sostuvo además que el Presidente debe dar a conocer los precios que pagan los grandes importadores para introducir al país determinados alimentos. Mencionó que, por ejemplo, en productos como el poroto algunas empresas obtienen ganancias de entre 100% y 300%.

De igual manera, indicó que si el Presidente quiere hacer algo por el pueblo, tiene que evitar la especulación de los grandes supermercados y los grandes importadores. “Que se ponga los pantalones y haga cumplir la ley y acabe con la especulación de las grandes cadenas de supermercados y de importación”.

También opinó que algunas tarifas de servicios básicos, como el suministro de electricidad, deben ser reguladas.

Medida inconsulta

Yakarta Ríos, presidenta de la Asociación de Consumo Ético, dijo que en algunos productos los precios máximo fijados son bastante parecidos a los que hasta hace poco tenían ciertos supermercados, como El Rey y el Súper 99.

Dijo que, por ejemplo, el arroz de primera, al cual se le fijó un precio máximo de 40 centésimos la libra, se puede encontrar hasta cuatro centésimos más barato.

“En el análisis preliminar que hemos hecho no hay una baja significativa. El decreto como está formulado no llenó las expectativas de ahorro que se pensaba que debía tener”, afirmó.

También cuestionó la creación de la Comisión de Ajustes de Precios, porque no contempla la participación de los consumidores, solo de funcionarios y agentes económicos. “Los sectores que estamos vigilantes del tema de la defensa de los consumidores ni siquiera fuimos considerados para las consultas”, dijo. Además, señaló que la lista de 22 productos debió ser ampliada.

(Con información de Eduardo Mendoza)

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