VENEZUELA

EU aplica sanciones a magistrados del TSJ

Los siete magistrados de la Sala Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo fueron incluidos en la lista Clinton.

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La inclusión en la lista Clinton implica congelamiento de bienes e imposibilidad de negocios con personas o entidades de Estados Unidos.Tomada de internet La inclusión en la lista Clinton implica congelamiento de bienes e imposibilidad de negocios con personas o entidades de Estados Unidos.Tomada de internet
La inclusión en la lista Clinton implica congelamiento de bienes e imposibilidad de negocios con personas o entidades de Estados Unidos.Tomada de internet

Ocho de los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela fueron sancionados ayer por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU), a través de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que los incluyó en la llamada lista Clinton.

La medida aplica para el presidente del poder judicial, Maikel Moreno Pérez, así como para los siete integrantes de la Sala Constitucional: Luis Damiani Bustillos, Arcadio Delgado Rosales, Gladys Gutiérrez Alvarado, Juan Mendoza Jover, Calixto Ortega Ríos, Lourdes Suárez Anderson y Carmen Zuleta de Merchan, a quienes responsabiliza de interferir o limitar la autoridad de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015, y que tomó posesión en enero de 2016.

La información, contenida en un comunicado del Departamento del Tesoro, señala que la medida se fundamenta en la Orden Ejecutiva 13692, dictada el 8 de marzo de 2015, por el entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017).

Esa orden determinó que la “situación en Venezuela, incluida la erosión de las garantías a los derechos humanos por parte del Gobierno, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia en respuesta a las protestas antigubernamentales y el arresto y detención arbitraria de manifestantes, así como la presencia exacerbada de la corrupción pública, constituían una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

La nota de prensa, divulgada por la Oficina de Prensa del Departamento de Estado, señala que los magistrados incluidos en la lista son responsables de varias sentencias que en 2016 usurparon la autoridad de la Asamblea Nacional democráticamente elegida y que además permitieron al Ejecutivo legislar a través de decretos, restringiendo los derechos de los venezolanos y frustrando su voluntad expresada en las urnas.

“El pueblo venezolano está sufriendo un colapso de la economía, debido a la mala administración y corrupción de su gobierno. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia del país han exacerbado la situación al interferir sistemáticamente con la autoridad del poder legislativo”, manifestó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, citado en el comunicado. “Al imponer estas sanciones específicas, Estados Unidos apoya al pueblo venezolano en sus esfuerzos para proteger y promover la gobernabilidad democrática en su país”.

Entre las acciones más recientes de la Sala Constitucional a las que alude el Departamento del Tesoro están la sentencia 155 del pasado 27 de marzo, que desconoció la inmunidad parlamentaria y dio poderes ilimitados al presidente Nicolás Maduro, y la sentencia 156, del 29 de marzo, con la que se arrogó los poderes del Legislativo –que luego derogó parcialmente–, acciones que desencadenaron las protestas que por 48 días consecutivos lleva adelante la oposición venezolana, por considerar que existe un golpe de Estado continuado en el país.

También mencionan el hecho de que la Sala Constitucional dictaminó a inicios de 2017 que el mandatario podía presentar su informe anual ante el TSJ y no ante la Asamblea y que estaba exento de presentar al Legislativo el presupuesto de la Nación para su aprobación. También aluden a que ha permitido la extensión continuada de un estado de excepción y emergencia –el séptimo se produjo esta semana– que ha implicado la restricción de derechos constitucionales.

En total, de acuerdo con una lista elaborada por el constitucionalista venezolano José Vicente Haro, desde la elección de la Asamblea de mayoría opositora el TSJ ha emitido 58 decisiones “inconstitucionales” contra la Asamblea.

Ninguna persona o entidad estadounidense puede llevar a cabo transacciones financieras o comerciales con las personas que figuran en la lista Clinton. Aparecer en ella también implica que se “congelan” los bienes ligados a ellos que afectan la jurisdicción de Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, reaccionó al anuncio. “Venezuela repudia sanciones unilaterales y extraterritoriales del Departamento del Tesoro de EU contra magistrados del máximo tribunal. Es inaudito e inadmisible q EU imponga sanciones a un poder público soberano e independiente violando leyes internacionales y venezolanas. El Pdte @NicolasMaduro en su condición de jefe de Estado ratifica su respaldo a los magistrados víctimas del poder imperial estadounidense. La autoría y dirección de EU en la desestabilización de Venezuela, su Estado de derecho y contra la paz han quedado en evidencia otra vez”, manifestó a través de cuatro tuits.

El TSJ actual es el resultado de una maniobra efectuada por el chavismo, luego de que la oposición ganara las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015. El 23 de diciembre, cuando su período se había extinguido, el presidente saliente, Diosdado Cabello, nombró a 13 magistrados principales y 21 suplentes.

Luego de tomar posesión la mayoría opositora, una comisión especial determinó que la designación se había efectuado por medio de una serie de irregularidades y que la mayoría de los magistrados no cumple con los requisitos para el cargo, por lo que solicitó que se revocara su nombramiento, pedido que el TSJ negó en marzo de 2016.

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Cortesía/Sinaproc

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