Eisenmann tiene esperanza en el Tribunal Tributario

Expertos discuten en Panamá sobre el derecho tributario durante un congreso sobre el tema, que concluye hoy.

Aunque diferentes sectores de la sociedad panameña coinciden en que muchas instituciones del país carecen de independencia, el empresario y fundador del diario La Prensa, Roberto Eisenmann, confía en que el Tribunal Administrativo Tributario defiende por igual los derechos de los contribuyentes.

Expertos de Panamá, España, Venezuela, Argentina y Perú participan hasta hoy en esta capital en el primer Congreso Internacional de Derecho Tributario, al cual asisten profesionales vinculados con este sector.

Eisenmann , socio de Desarrollo Golf Coronado S.A., empresa a la cual la Dirección General de Ingresos (DGI) le ha secuestrado 35 fincas por un reclamo de una supuesta deuda con el fisco de poco más de $3 millones, presentó dos recursos de apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario.

La DGI ordenó el secuestro pese a que había dos amparos de garantías constitucionales en la Corte Suprema y dos recursos de apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario.

“Nosotros sentimos que es una esperanza que este nuevo Tribunal esté haciendo un acto, como este, frente a representantes internacionales donde están estableciendo sus principios de independencia”, dijo Eisenmann, quien asiste al congreso como oyente.

El Tribunal Administrativo Tributario de Panamá fue creado para conocer los recursos de apelación contra las decisiones de la DGI del Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad con lo establecido en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010.

“Sus decisiones agotarán la vía gubernativa, como condición previa para comparecer ante la jurisdicción contencioso-administrativa ejercida por la Corte Suprema de Justicia”, se indica en uno de sus objetivos.

Según Eisenmann, la independencia del Tribunal dependerá de la actitud que tomen los magistrados que lo componen (Isis Ortiz Miranda, Reinaldo Achurra Sánchez y Ana Mae Jiménez Guerra).

Informó que ya tiene bastante adelantada la demanda penal que presentará contra el jefe de la DGI, Luis Cucalón, “por los abusos que ha cometido violando la Constitución y la ley”.

El abogado José Javier Rivera, que también asistió al evento, recalcó la necesidad de que el Tribunal no tenga la dependencia del Ejecutivo ni del Presidente de la República.

Es necesario que el Tribunal “tenga las herramientas jurídicas para administrar una justicia pareja, para que el contribuyente se sienta que está en igualdad de condiciones con la administración”, dijo.

Proyectándolo hacia el futuro, dijo, el Tribunal es una garantía de inversión, una garantía del estado de derecho para que el ciudadano de a pie sepa que cuando hay una situación con la administración, no se cometerán actos arbitrarios contra él ni se le intervendrán sus empresas.

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