Ejecutivo discute cambio a Ley 22 de Contrataciones

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Isabel de Saint Malo presidió la reunión. Isabel de Saint Malo presidió la reunión.

Isabel de Saint Malo presidió la reunión.

La reunión fue presidida por la vicepresidenta de la República y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, en compañía del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán. CORTESÍA La reunión fue presidida por la vicepresidenta de la República y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, en compañía del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán. CORTESÍA

La reunión fue presidida por la vicepresidenta de la República y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, en compañía del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán. CORTESÍA

El Gobierno empezó ayer la evaluación y análisis de las reformas a la Ley 22 del 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones públicas.

En una reunión presidida por la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, se presentó a más de 10 jefes de entidades el borrador del proyecto.

La propuesta oficial del Ejecutivo estaría lista en dos semanas, para luego iniciar las consultas con los gremios y la sociedad civil.

Ejecutivo afina reformas a ley de contrataciones

El Ejecutivo tendrá listo en dos semanas una propuesta oficial para reformar la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas, informó Salvador Sánchez, asesor jurídico de la Presidencia de la República.

Sánchez presentó ayer el borrador del proyecto de reformas a la Ley 22 ante representantes de más de 10 entidades gubernamentales. La reunión fue presidida por la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado.

El funcionario afirmó que la reunión tuvo como objetivo que las diferentes entidades implicadas en el tema analicen el documento y hagan llegar sus propuestas para confeccionar una proposición oficial e iniciar un debate y consultas con la sociedad civil y diversos sectores económicos del país.

Entre las entidades invitadas a exponer su opinión sobre las nuevas reformas están los ministerios de la Presidencia y Economía y Finanzas, así como la Contraloría General de la República, la Asamblea Nacional, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Antai), el Tribunal de Contrataciones Públicas, la Dirección de Contrataciones Públicas y la Autoridad de Innovación Gubernamental.

Sánchez afirmó que lo que busca el Gobierno con esta propuesta es que las compras sean más transparentes, que el Estado sea más eficaz al atender las necesidades de los ciudadanos y que se haga uso racional de los recursos del Estado.

La directora de Antai, Angélica Maytín, no quiso evaluar el contenido del borrador, porque todavía falta ser consultado con otras instituciones, gremios y organizaciones de la sociedad civil.

“Aún le falta introducir propuestas contundentes, para fortalecer la transparencia y es lo que se espera mejorar en las próximas semanas. Se hará una amplia consulta y eso es lo importante. Existe la voluntad de hacer cambios profundos”, precisó.

Por su parte, el diputado y expresidente de la Asamblea Nacional Adolfo Valderrama tampoco adelantó comentarios sobre el contenido del documento, debido a que todavía no hay nada definitivo y hay que esperar que la propuesta vaya al debate con todas las recomendaciones.

La sociedad civil ha planteado que las empresas que estén involucradas o investigadas en casos de corrupción no participen en licitaciones del Estado.

En mayo pasado, el Gobierno adjudicó la línea 2 del Metro a un consorcio liderado por la brasileña Odebrecht, cuyos principales directivos enfrentan a la justicia en Brasil por supuestos pagos de sobornos. Además, el proyecto de renovación de Colón también fue adjudicado a Odebrecht.

Durante el quinquenio anterior, en la administración de Ricardo Martinelli, la Ley 22 de 2006 recibió nueve modificaciones: dos en 2009, cuatro en 2010 y tres en 2012.

Las reformas incluyeron procedimientos como la licitación abreviada, la licitación por mejor valor con evaluación separada, cambios al efecto suspensivo del recurso de impugnación y se aumentó a 15% el monto de la fianza del recurso de impugnación. Sectores del país consideran que estas reformas facilitaron los sobrecostos y desfalcos con dineros del Estado.

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