ÁREAS PROTEGIDAS

Ejecutivo busca reducir el humedal bahía de Panamá

Organizaciones ambientales denunciaron que el Ejecutivo, a través de un proyecto de ley, promueve disminuir la extensión de esa reserva.
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El patrimonio natural que existe dentro del humedal bahía de Panamá nuevamente está en peligro.

Ahora el Consejo de Gabinete autorizó al ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, a presentar un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que reduce los límites del humedal bahía de Panamá.

De acuerdo con el documento al que tuvieron acceso varias organizaciones ambientales, como el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), Sociedad Audubon de Panamá y la Fundación para la Protección del Mar (Promar), la zona protegida pasaría a tener unas 75 mil 332 hectáreas.

Actualmente esa reserva, que se extiende desde los manglares de Juan Díaz hasta los de Chimán, tiene 85 mil 652 hectáreas. De esas, 39 mil 691 corresponden a la superficie terrestre y 45 mil 960 son marinas.

Según Rosabel Miró, directora de la Sociedad Audubon de Panamá, lo que más le interesa al gobierno con este proyecto de ley es dejar sin protección cerca de 750 hectáreas donde hay proyectos de construcción en estos momentos.

Como organizaciones ambientales, dijo que estarán “alertas”, ya que lo menos que esperaban era que los límites del área protegida crecieran por su importancia para especies animales y la protección a comunidades aledañas a Juan Díaz.

Por su parte, el ambientalista y abogado Félix Wing mencionó que esto viola el fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido en diciembre pasado que devolvió la protección al humedal.

A raíz de esto, Wing presentó ayer dos amparos de garantía ante la Corte. Uno contra la convocatoria a sesiones extraordinarias que hizo el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Nacional y donde podría discutirse la nueva normativa, y otro contra la propuesta que reduce los límites del área protegida humedal bahía de Panamá.

Para los activistas, antes de presentarse un documento como este debe haber una amplia consulta pública y desarrollarse estudios científicos que demuestren que el lugar perdió su valor ecológico y además que se hizo un esfuerzo por salvar el sitio con categoría Ramsar.

De hecho, consideran que este es un nuevo intento del gobierno saliente por afectar el humedal bahía de Panamá.

Ya lo hicieron en abril de 2012, cuando la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) AG-0072-2009 de 3 de febrero de 2009, por medio de la cual se creaba esta área protegida.

Un mes después, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá redujo el costo y las indemnizaciones por daños o deforestación de manglares.

Luego el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial impulsó una consultoría para reducir los límites de esta zona, para que finalmente la Anam, a través de su administrador, Silvano Vergara, solicitara a la Convención Ramsar disminuir la extensión de esa reserva natural.

De acuerdo con los ambientalistas, como hasta la fecha la Convención Ramsar no le ha dado el visto bueno a la Anam para disminuir los límites del humedal, ahora el Órgano Ejecutivo lo intenta promoviendo un proyecto de ley.

EL DOCUMENTO

Pese a que busca reducir la protección del humedal, dentro del proyecto se menciona en su artículo 4 que el objetivo general del área protegida bahía de Panamá es la “conservación y protección de los ecosistemas existentes en el área protegida, fomentando el uso racional de los recursos naturales a fin de mantener procesos evolutivos y ecológicos, el flujo genético y la diversidad de especies de flora y fauna silvestre, que son la base de los bienes y servicios que estos ecosistemas nos ofrecen para beneficio de las presentes y futuras generaciones”.

También el artículo 13 deja sin efecto la Resolución AG-0072-2009 de 3 de febrero de 2009 de la Anam, por medio de la cual se creó dicha área protegida.

Sin embargo, un punto al que prestan mayor importancia las organizaciones defensoras del medio ambiente con los cambios de límites que propone el nuevo proyecto de ley es que se beneficiarían a varias obras en construcción, y que ahora mismo tienen problemas debido a que allí se encuentra el área protegida.

La lista que manejan los activistas son: Parque industrial Zona Sur, La Marina, Panamá Bay y Panatroolis (ver mapa).

Algunos de esos ya fueron sancionados por la Anam o se les abrieron expedientes por incumplir normas ambientales como Zona Sur. Sobre este proyecto se denunció el año pasado que uno de sus accionistas, Henri Mizrachi, fue designado por el presidente de la República, Ricardo Martinelli, en la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

Incluso, sobre el proyecto Panamá Bay fue el propio administrador de la Anam, Silvano Vergara, quien coordinó el estudio de impacto ambiental.

Por su parte, Vergara manifestó que desconoce el documento que será presentado por el ministro de Economía y Finanzas, pero que sí está al tanto de que el Ejecutivo presentaría una normativa en ese sentido.

“Ellos me pidieron un mapa que nosotros enviamos a la Convención Ramsar cuando solicitamos la reducción de los límites, pero no sabemos más. En caso de que ese nuevo proyecto de ley vaya a la Asamblea seremos consecuente con el mismo, es decir lo apoyaremos”, concluyó.

Según Vergara, en los manglares de Juan Díaz, Pacora y Tocumen hay 16 proyectos con estudios de impacto ambiental aprobados y dos de esos están dentro de la reserva.

Ayú P. pide proyecto a Gálvez

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, solicitó a la Asamblea Nacional una copia autenticada del proyecto de ley que pretende modificar un artículo del Código Procesal Penal y que será discutido en las sesiones extraordinarias que se inician hoy.

 Ayú Prado envió ayer a los medios de comunicación la nota que remitió al presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez, donde pide copia del proyecto, presentado por el Ejecutivo. El magistrado presidente de la CSJ advierte de que el documento se requiere para ser distribuido entre los nueve magistrados del pleno, a fin de conocer su contenido y consultarlo con todos los funcionarios de la institución. La carta fue remitida además a siete magistrados de la CSJ.

El único magistrado cuya firma no aparece en la nota es Víctor Benavides. La Presidencia de la República emitió un comunicado el pasado viernes en el que convoca a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional, para discutir 23 proyectos de ley, entre esos, uno que modifica el Código Procesal Penal.

Rubén Polanco

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