ESCOGENCIA DE MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El Ejecutivo fue informado

La Comisión de Estado por la Justicia pidió aplicar este mecanismo de consulta para los próximos nombramientos de magistrados en la CSJ.

Lea el informe completo que presentó la Comisión de Estado por la Justicia al Órgano Ejecutivo aquí

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Los miembros de la Comisión de Estado por la Justicia acudieron a la Presidencia de la República a entregar el informe, luego de la audiencia pública realizada a los 10 aspirantes al cargo de magistrado. Los miembros de la Comisión de Estado por la Justicia acudieron a la Presidencia de la República a entregar el informe, luego de la audiencia pública realizada a los 10 aspirantes al cargo de magistrado.
Los miembros de la Comisión de Estado por la Justicia acudieron a la Presidencia de la República a entregar el informe, luego de la audiencia pública realizada a los 10 aspirantes al cargo de magistrado. LA PRENSA/Roberto Cisneros

La Comisión de Estado por la Justicia hizo señalamientos propios sobre 4 de los 10 aspirantes al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que entrevistaron del 23 al 27 de noviembre pasado.

Los señalamientos de la Comisión se recogen en un informe que sus miembros entregaron ayer al ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, en el Palacio de las Garzas.

Guillermo Márquez Amado, Cecilio Antonio Cedalise, Vasco Torres De León y Octavio Del Moral Prados fueron los candidatos que recibieron comentarios de la Comisión en torno a su participación en las audiencias.

En cuanto a Márquez Amado, la Comisión planteó que durante la audiencia pública se hizo alusión a que tuvo un señalamiento de su desempeño como liquidador judicial en la quiebra de Fotokina, del cual fue informado.

En este sentido, el documento expone que la respuesta dada por Márquez Amado en relación con este cuestionamiento público “no fue satisfactoria ni consecuente con el nivel de detalles brindados hasta ese momento de la entrevista”.

En torno al entrevistado Cecilio Antonio Cedalise, la Comisión expresó preocupación por el vínculo tan directo de este aspirante con uno de los integrantes del ente nominador, toda vez que es asesor del ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, quien es miembro del Consejo de Gabinete.

“Hechos como estos fueron los que motivaron en el pasado cuestionamientos de la ciudadanía y que impulsaron una reforma constitucional”, añade el informe

El informe de la Comisión agrega: “se le hizo saber y se le presentó una imagen en la que se apreciaban dos personas, de las cuales él reconoció que uno era su hijo y ambas personas portaban lo que aparentan ser armas de fuego”.

En relación con el aspirante Vasco Torres De León, al ser analizadas sus respuestas en la audiencia pública, llamó la atención de la Comisión el hecho de que reconoció ser, hasta la presente fecha, miembro inscrito de un partido político, en este caso del Partido Popular, parte de la alianza de gobierno, y manifestó que renunciaría al mismo después de producirse su designación por el Ejecutivo.

“Su respuesta produjo reacciones en las redes sociales y en la ciudadanía, toda vez que tal aseveración contrasta con el clamor ciudadano que señala ‘renuncian hoy, para ocupar el puesto mañana”, indica el informe.

Respecto a Octavio Del Moral Prados, la Comisión consideró que el nombramiento de esta persona “comprometería la transparencia de su designación por su cercanía con el Ejecutivo, tal y como fuera reconocido por el propio aspirante”.

Durante la entrevista, Del Moral aceptó que representa al Estado en un recurso interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia, que pretende la nulidad del contrato firmado en 2010 entre Panamá y la empresa Selex, filial de la italiana Finmeccanica, para la compraventa de 19 radares. Asimismo, que representa a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y que su firma de abogados se ha visto beneficiada con contrataciones directas con el Estado.

También llamó la atención esta afirmación hecha por Del Moral durante su intervención: “me gustaría ver una serie de normas civilizadoras aplicadas en la comarca”.

“Llamó la atención de todos los comisionados por tratarse de conceptos que se consideraban ya superados en cuanto al respeto de la identidad cultural de los pueblos originarios. De igual forma, su concepción en cuanto a las normas del Código Civil denotan el manejo de unos criterios jurídicos que han quedado desfasados por los nuevos paradigmas del derecho”, destaca el informe.

El documento de la Comisión de Estado por la Justicia lleva la firma del coordinador y procurador de la Administración, Rigoberto González; de Rómulo Bethancourt, en representación de la Procuraduría de la Nación; Carlos Lee, por la Alianza Ciudadana pro Justicia; de la diputada Ana Matilde Gómez, en representación de la Asamblea Nacional; Eric González, del Comité Ecuménico; Javier Mitil, de la Defensoría del Pueblo y Ricardo Quirós, que fungió como secretario técnico.

MÁS OBSERVACIONES

El informe también da cuenta de que la Comisión recibió cuestionamientos por parte de la ciudadanía sobre los aspirantes María Eugenia López, Ana Zita Rowe, Siaska Salcedo y Cinthia Camargo durante las entrevistas y a través de las redes sociales.

De María Eugenia López, el informe detalla que la propia entrevistada hizo de conocimiento que existe un expediente en su contra por posibles faltas a la ética que no ha sido resuelto por la Corte.

De hecho, uno de los presentes durante la entrevista informó a la Comisión que interpuso una denuncia por posible falta a la ética en contra de López.

En relación con Rowe, la Comisión recibió de una persona presente en la audiencia documentos vinculados con una denuncia por faltas a la ética contra la aspirante, quien, a su vez, presentó documentos autenticados que dan cuenta de que esta causa ya fue archivada.

En cuanto a Siaska Salcedo de Lorenzo, la Comisión hizo referencia a cuestionamientos que se le hicieron por el manejo del personal cuando estuvo al frente del diario La Prensa, y que recibió documentación relacionada con la conducta de su padre, quien fue condenado penalmente.

En este último caso, el informe detalla la explicación que dio Salcedo, quien respondió que nunca vivió con su padre y que fue criada por su abuela materna, de la cual recibió su formación moral.

Sobre Cinthya Camargo Saavedra, el informe destaca cuestionamientos hechos en las redes sociales con relación a que durante el período en que estuvo ligada al Órgano Judicial hubo malos manejos de fondos. Camargo Saavedra trabajó en la Sala Tercera de la Corte.

SIN CRÍTICAS

El informe no hace críticas ni observaciones sobre los aspirantes Ángela Russo Mainieri y César Augusto Moreno.

De Ángela Russo Mainieri, se resalta que durante el período de audiencias planteó que uno de los retos de la administración de justicia y la mayor debilidad en los procesos civiles es la mora y la interposición de recursos, y que los procesos de familia tienen que ser reservados y confidenciales.

Sobre el aspirante César Augusto Moreno, el informe destaca que no se recibió por parte de la ciudadanía ni del público ningún señalamiento ni mención de hecho en su contra.

LA REUNIÓN

Los miembros de la Comisión de Estado por la Justicia llegaron cerca de las 3:55 p.m. al salón Gaviota de la Presidencia de la República. El ministro Alemán y el director de Asesoría Jurídica de la Presidencia, Salvador Sánchez, los recibieron.

Durante la reunión, el procurador González expresó al ministro Alemán la inconformidad de la Comisión por el poco tiempo que se le dio para permitir la participación de más organizaciones en el proceso.

RECOMENDACIONES

Los integrantes de la Comisión de Estado por la Justicia instaron al presidente de la República, Juan Carlos Varela, a tomar en “alta consideración” el “esfuerzo” y “dedicación” hecho por las organizaciones e instituciones que forman parte de ese organismo.

También plantearon al Ejecutivo valorar el proceso de entrevistas aplicado a los 10 finalistas a magistrados en la escogencia final del reemplazo del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, quien purga una condena de cinco años por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos.

En ese sentido, el documento señala: “Sugerir al señor presidente y al Consejo de Gabinete apoyarse en este esfuerzo, a objeto de atender lo dispuesto en el artículo 203 de la Constitución Política en lo referente a la vacante absoluta producida por la condena del magistrado [Moncada Luna]...”.

REACCIONES

A juicio del procurador González, le corresponde al Ejecutivo “analizar” y “estudiar” el informe que se le entregó, ya que refleja el compromiso que se asumió.

“Por lo tanto, lo mínimo que debe tenerse presente es tomar en cuenta lo que se hizo”, indicó.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia,manifestó que el aporte que hizo la Comisión tiene una fundamentación y sustentación científica similar a la usada por empresas cuando va a contratar personal.

Explicó que la Comisión cumplió con su rol y que fue consciente de que no se le designó la tarea de nombrar a un funcionario. “Nos cuidamos de no hacer ningún señalamiento que pudiese interpretarse como alguna sugerencia para el Ejecutivo”, expresó.

Aseguró que, en última instancia, es a los ciudadanos a quienes les corresponde manifestarse frente a la decisión que tome el Ejecutivo, porque con las entrevistas “ha podido percatarse y sacar sus propias conclusiones y evaluación”.

Recordó que el orden en que se llevaron a cabo las entrevistas fue decidido por un sorteo entre los 10 aspirantes.

PARTICIPACIÓN

En el informe, la Comisión también expone que las entrevistas, que se transmitieron en directo por televisión durante una semana, fueron monitoreadas por organismos internacionales, entre ellos la Fundación para el Debido Proceso, organismo consultivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En ese sentido, se hizo entrega al Ejecutivo de las grabaciones íntegras de cada uno de los 10 participantes.

A GABINETE

Mientras tanto, en un comunicado, el Ejecutivo indicó que concluido el período de consultas, el Ministerio de la Presidencia someterá la lista de seleccionados a la consideración del Consejo de Gabinete.

El Ejecutivo planea realizar en la segunda semana de este mes el Consejo de Gabinete para decidir el nombramiento de los dos magistrados que reemplazarán a Harley Mitchell y Víctor Benavides.

Para tal fin, el presidente Juan Carlos Varela informó que del 14 al 23 de diciembre próximo convocará al Legislativo a sesiones extraordinarias, para que considere la ratificación de los nombramientos en la Corte.

PIDEN NOMBRAR DOS MUJERES

Por su lado, la Alianza de Mujeres de Panamá envió una carta al presidente, Juan Carlos Varela, en la que lo insta a que nombre a dos mujeres como magistradas de la Corte.

En la carta, firmada por representantes de 16 organizaciones de mujeres que funcionan en Panamá, se señala al mandatario que actualmente no hay equidad de género en el pleno de la Corte, cuyos miembros son todos hombres.

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