Recursos humanos del estado

Ejecutivo propone crear otro tribunal

El Tribunal Administrativo de la Función Pública estaría integrado por tres magistrados nombrados por concurso.

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La propuesta presentada por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, fija en $500 el sueldo mínimo de los servidores públicos a partir del 4 de enero de 2016. La propuesta presentada por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, fija en $500 el sueldo mínimo de los servidores públicos a partir del 4 de enero de 2016.
La propuesta presentada por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, fija en $500 el sueldo mínimo de los servidores públicos a partir del 4 de enero de 2016.

El Gobierno derogará las leyes aprobadas durante el gobierno de Ricardo Martinelli, que fueron consideradas como una especie de blindaje para los funcionarios nombrados durante la pasada administración.

A través del proyecto que adopta medidas para la modernización del sistema de recursos humanos del Estado, presentado ante el pleno legislativo el pasado martes por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, se propone derogar las leyes 39 del 11 de junio de 2013 y 127 del 31 de diciembre d e 2013, que establecieron un régimen de estabilidad laboral para los servidores públicos.

En su momento, ambas iniciativas fueron consideradas por sectores políticos como un “blindaje” a los funcionarios del entonces gobernante partido Cambio Democrático.

Ya el Gobierno había revocado en julio de 2014 el Decreto No. 52 del 26 de junio de 2014, firmado por Martinelli a tres días de abandonar el cargo, y que reglamentaba las leyes 39 y 127 para garantizar de forma casi inmediata el pago de prestaciones laborales a los servidores que renunciaran o fueran destituidos justificada o injustificadamente.

Propuesta

Según Alemán, la iniciativa presentada establece la creación de un Tribunal Administrativo de la Función Pública, que atendería las apelaciones contra las acciones de recursos humanos dirigidas contra servidores públicos permanentes.

El tribunal, que estará integrado por tres magistrados que serían nombrados por el Presidente de la República por cinco años y a través de concursos, tendrá la facultad de ordenar el reintegro o pago de indemnizaciones en caso de fallo favorable al servidor público.

La norma propuesta dispone además que las sumas reconocidas mediante resolución del Tribunal Administrativo de la Función Pública, en concepto de prestaciones a favor de los servidores destituidos injustificadamente, deberán ser efectivas en el plazo de tres meses, posterior a la fecha en que queda ejecutoriada la sentencia.

La iniciativa será discutida en los próximos días, posiblemente en la comisión de Trabajo de la Asamblea.

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