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resolución de gabinete

El Ejecutivo vende isla; manglares están en peligro

En isla Largo Remo, provincia de Colón, se pretende construir un puerto multimodal. La obra abarcará cerca de 657 hectáreas.

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El megapuerto en la isla Largo Ramo busca atender la demanda de servicios marítimos y suministro de combustible para barcos pospanamax que pasarán el Canal una vez ampliado. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga. El megapuerto en la isla Largo Ramo busca atender la demanda de servicios marítimos y suministro de combustible para barcos pospanamax que pasarán el Canal una vez ampliado. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga.
El megapuerto en la isla Largo Ramo busca atender la demanda de servicios marítimos y suministro de combustible para barcos pospanamax que pasarán el Canal una vez ampliado. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga.

El Consejo de Gabinete autorizó a la Unidad de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el pasado martes 8 de abril, vender 126 hectáreas en isla Largo Remo, provincia de Colón.

En ese sentido, el Gabinete decidió dar el aval “mediante procedimiento excepcional”, es decir, de forma directa, para que la sociedad SMC Barcelona S.A., construya, desarrolle, administre y opere un puerto multipropósito para el manejo de contenedores y otras actividades complementarias en el área.

Esto generó molestias a organizaciones ambientales como el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), entre otras, que denuncian que el proyecto implica una influencia directa en una superficie de 657 hectáreas.

La zona está formada por las islas Largo Remo, Samba Bonita y el área de fondo de mar usado para la obra. De ese total se estima que 153 hectáreas comprenden manglares en Largo Remo y se verán afectadas por el puerto multimodal.

De hecho, el estudio de impacto ambiental (EIA) presentado para el proyecto advierte que la construcción de toda la obra está programada a ejecutarse durante siete años aproximadamente.

Según el documento, la fase correspondiente al análisis del EIA tiene duración de dos años. Mientras que el costo global estimado es de $7,972 millones, incluyendo los costos directos e indirectos, administración, construcción, pruebas, mitigación ambiental y puesta en ejecución de los trabajos durante los siete años.

No obstante, la resolución de gabinete, publicada en Gaceta Oficial señala que la sociedad SMC Barcelona S.A., tiene prevista una inversión de $17,753 millones. Además, que la obra generará 8 mil 761 puestos de trabajos indefinidos y mil 816 puestos de trabajo temporales.

Sobre la venta del polígono en isla Largo Remo, la resolución destaca que “supone un gran impacto social, un gran aporte para el desarrollo del país, adicional que la zona objeto de interés ha sido promovida para el plano internacional, para expertos en la actividad logística y marítima, por su potencial impacto en el desarrollo de la actividad portuaria hemisférica”.

También plantea que el valor estimado de esa área es de $16.1 millones; sin embargo, los representantes legales de la sociedad extranjera formalizaron una oferta para la compra por la suma de $30 millones.

“La oferta propuesta por la sociedad supera en más de $13 millones el valor del polígono en mención, lo cual constituye un mayor ingreso para la Nación”, menciona el documento publicado en la Gaceta Oficial.

DETALLES DEL PUERTO

De acuerdo con la resolución de gabinete, específicamente en el polígono vendido se levantará un relleno de costa de 2.5 metros sobre el nivel del mar, una infraestructura viaria y ferroviaria y un ecoparque compuesto por plantas de tratamiento de agua potable, agua residual, reutilización de agua, residuos sólidos urbanos, entre otras.

Esa terminal marina tendría como objetivo atender la demanda futura de servicios marítimos y suministro de combustible para los barcos pospanamax que pasarán por el Canal una vez ampliado. Además, servir como puerto complementario para el atraque de los barcos de mayor dimensión que no pasarán por la vía acuática. Es decir, los llamados súper pospanamax.

Para Antonio Chang, miembro del Ciam, es inquietante cómo se da esa concesión sin importar las hectáreas de manglares que serán deforestados.

De acuerdo con el activista, el proyecto afecta indirectamente el área protegida de Punta Galeta. “Ya hay proyectos portuarios en esa área que han afectado los pocos manglares que quedan en Colón y ahora se nos presenta este”, dijo.

Resaltó que se mantendrán alerta ante la consulta ambiental que hay para el EIA de este proyecto y si es necesario presentarán recursos legales en contra de este proyecto portuario.

En lo que respecta a las medidas de mitigación, el EIA de este puerto señala que la vegetación talada será mitigada mediante la restauración o reforestación de 2 mil 500 hectáreas de manglar en zonas aledañas al proyecto o en otros sitios.

Para este fin se implementará un plan de manejo en conjunto con la Autoridad de los recursos Acuáticos (ARAP), las autoridades locales y las comunidades aledañas.

Esto, tomando en cuenta que las 153 hectáreas de manglares que serán afectadas por la obra representan el 2.6% del total de manglares del Caribe panameño y el 9.9% de los manglares de la provincia de Colón.

Manglares, en jaque

Stanley Heckadon, investigador del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés) y director del Laboratorio Marino de Punta Galeta en Colón, expresó que este megapuerto tendrá sus consecuencias sobre los manglares de esa provincia en el Atlántico.

Mencionó que un grupo de técnicos del laboratorio evalúa este proyecto y sus resultados para el medio ambiente y los recursos naturales.

“A este paso vamos a quedar sin islas en bahía Las Minas, pues todas están siendo otorgadas en concesión”, agregó.

Por otra parte, explicó que cuando se presentó el plan de uso territorial para Colón elaboraron una propuesta en la que pedían convertir todas las islas de esa zona en un área protegida o un parque marino con el fin de conservar los pocos manglares que quedan, pero no fue tomada en cuenta.

Al igual que Heckadon, la exdirectora de Ancon Alida Spadafora considera que esta terminal marítima no es viable ni desde el punto de vista ambiental ni social.

Spadafora, junto al equipo legal de Ancon, presentó a finales del año pasado una serie de observaciones al proyecto en la Autoridad Nacional del Ambiente debido a que el mismo debe ser replanteado y bien analizado tanto por sus promotores como por las autoridades.

“Esta venta de la isla deja mucho que decir porque ni siquiera se ha aprobado un estudio de impacto ambiental para poner en marcha la obra”, añadió Spadafora, quien considera que es perjudicial la destrucción de más de 150 hectáreas de manglares en una zona como Colón que requiere ese ecosistema.

Aunque el EIA menciona que se escogió el sitio de isla Largo Remo por su estratégica posición geográfica para la oferta y demanda de servicios marítimos vinculados con la expansión del Canal.

EVALÚAN EIA

Por su parte, el administrador de Anam, Silvano Vergara, explicó que el EIA para el proyecto Puerto Verde en el Atlántico se encuentra en proceso de observación y evaluación por parte de la entidad.

Vergara manifestó que el estudio todavía no ha sido aprobado y que cualquier interesado en tener acceso o hacer alguna observación al mismo puede acudir a la entidad en Albrook.

Este medio ha enviado varios cuestionarios a Sergi Sugranyes, representante legal en Panamá de este proyecto, para conocer detalles del mismo, pero no ha respondido. En una de esas ocasiones se limitó a decir que el proyecto estaba en etapa de revaluación.

En Panamá, hay una gran red de puertos que provee una variedad de servicios a los buques y a los pasajeros de los diferentes cruceros.

Actualmente existen cinco grandes puertos con características multipropósito.

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