Debate de Indígenas y gobierno en la asamblea nacional

Escollos durante el debate del proyecto de ley No. 145

No se logró un acuerdo sobre las concesiones de las hidroeléctricas. Mientras que hay inquietud por el estatus legal de los dirigentes.

JORNADA. Una olla común alimenta a los indígenas que se encuentran en vigilia en el parque legislativo, a la espera de que se resuelvan los puntos polémicos del proyecto de ley 415. LA PRENSA/Joniel Omaña JORNADA. Una olla común alimenta a los indígenas que se encuentran en vigilia en el parque legislativo, a la espera de que se resuelvan los puntos polémicos del proyecto de ley 415. LA PRENSA/Joniel Omaña
JORNADA. Una olla común alimenta a los indígenas que se encuentran en vigilia en el parque legislativo, a la espera de que se resuelvan los puntos polémicos del proyecto de ley 415. LA PRENSA/Joniel Omaña

La preocupación por el estatus legal de los dirigentes de la Coordinadora Indígena se convirtió en otro obstáculo en la negociación del proyecto de ley No. 415 que mantienen en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional los dirigentes indígenas y autoridades del Gobierno.

Tanto la cacica Silvia Carrera como Rogelio Montezuma se mostraron preocupados por informaciones de que los dirigentes indígenas tienen expedientes en su contra por los enfrentamientos registrados en Chiriquí y Veraguas.

Carrera pidió que se le aclarara su estatus legal, porque ella no ha hecho nada para que se le abra un proceso.

Montezuma manifestó que era necesario conocer si hay o no algún proceso contra los dirigentes indígenas. A su juicio, sin tener ese tema claro habrá una presión psicológica que no les permitiría concentrarse para hacer una propuesta a conciencia. “En medio de esa presión no va a poder producir”, dijo Montezuma.

Frente a esto, la diputada de la comarca Crescencia Prado solicitó que se aprobara un proyecto de amnistía que garantizara que no habrá persecución contra ningún dirigente.

El diputado Jorge Alberto Rosas opinó que lo mejor era continuar con la discusión del tema hidroeléctrico y que se verificara con nombres si hay algún detenido y se procediera a hacer las gestiones para su liberación.

Sin embargo, Montezuma dijo que esto demostraba que no había disposición por parte del Gobierno, porque si bien no pueden interceder en las decisiones de otro órgano, sí puede conversar para lograrlo.

Más temprano

Más temprano a las 10:30 a.m. cuando empezó la sesión, tanto el Gobierno como los indígenas mantuvieron sus posiciones.

Las autoridades gubernamentales defendieron la necesidad e importancia de las hidroeléctricas para la generación eléctrica y los indígenas sustentaron su oposición a los proyectos hidroeléctricos en aéreas comarcales, sitios anexos y adyacentes.

Al respecto, el ministro de Comercio, Ricardo Quijano, dijo que no pueden aceptar el artículo 5 como está redactado. Manifestó que no van a aceptar que se prohíban proyectos hidroeléctricos en áreas adyacentes a la comarca y en poblados indígenas.

Técnicos

Los primeros en hacer uso de la palabra fueron los técnicos de ambos grupos. Fernando Díaz, director de electricidad de la Secretaría de Energía, expuso la importancia y necesidad de los proyectos hidroeléctricos para la generación eléctrica.

Manifestó que hay mucho potencial hídrico que no se puede dejar de utilizar, porque no se puede retrasar el avance de un país por una posición de intransigencia.

El funcionario indicó que actualmente hay 17 proyectos hidroeléctricos en trámite: 2 de estos están en áreas comarcales, 3 en áreas cercanas a la comarca y 12 en poblaciones indígenas.

Sostuvo que si se suspende el trámite de los proyectos habría un aumento de entre el 25% y el 30% en el costo de la energía, lo que representaría $200 millones anuales para el Estado.

Por su parte, Yaritza Espinoza, técnica de los indígenas, sostuvo que los proyectos hidroeléctricos en la comarca y sus áreas están afectando los ríos de esta región.

Aseguró que los caudales de los ríos disminuyen drásticamente, afectando el consumo de sus residentes. Además manifestó que estos proyectos hidroeléctricos no han beneficiado a los residentes de estas áreas.

En la contrapropuesta presentada por el Gobierno se señala que las concesiones para la exploración y explotación de los recursos minerales y la explotación de proyectos hidroeléctricos futuros dentro de la comarca Ngäbe Buglé podrán ser otorgadas siempre y cuando sean aprobadas por el pleno del congreso general, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 10 de 1997 que crea la comarca Ngäbe Buglé y el Decreto Ejecutivo 194 de 1999. Este mismo punto destaca que los proyectos que se aprueben de esta manera deben contemplar los beneficios que conlleven el desarrollo de las comunidades del área.

Posición de la Cámara

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá manifestó la importancia de incrementar las inversiones en generadoras de energía eléctrica, a fin de evitar un incremento en la tarifa eléctrica para la población en general o un desabastecimiento en el servicio de energía. “De no incrementarse la generación de energía a un mayor ritmo, todos los panameños enfrentarán grandes incrementos en los costos de la luz eléctrica”, comentó Federico Humbert Arias, presidente del gremio.

Solicitan la participación de C. Guerra

Un centenar de indígenas de diversos sectores de Bocas del Toro mantuvieron cerrado anoche el puente sobre el río Changuinola. La medida obedece a la exclusión de Celio Guerra, presidente del Congreso General Tradicional, de la región de Ño Kribo, de las negociaciones que se llevan a cabo en la Asamblea Nacional. Feliciano Santos, miembro de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino, expresó su malestar por la exclusión de Guerra, a pesar de que este se mantuvo al lado de la cacica Silvia Carrera.

Pedro Rodríguez Sanjur

PN impidió notificaciones a acusados

El Ministerio Público no pudo notificar formalmente a todos los detenidos durante las protestas indígenas de la semana pasada sobre las medidas cautelares que les impuso tras acusarlos por delitos contra la seguridad colectiva, contra la libertad y contra la administración pública, pues la Policía Nacional (PN) los liberó luego de la firma del acuerdo de San Lorenzo, el 7 de febrero.

Así lo informaron ayer fuentes de la Fiscalía Auxiliar, las cuales también dijeron que, al final, después de depurarse las listas iniciales, fueron 141 los detenidos durante las protestas.

Del total de apresados, 68 quedaron libres sin cargos, 73 fueron indagados y, de estos últimos, a solo siete se les notificó la medida cautelar de país por cárcel y de presentación mensual ante la fiscalía que le impuso la autoridad.

Los otros 66 imputados no fueron notificados de esa medida cautelar, pues la PN los liberó tras la firma de los acuerdos.

Todos guardan relación con los hechos de Chiriquí. Por lo sucedido en Veraguas no hay acusados, confirmó el fiscal auxiliar, Dimas Guevara.

En tanto, fuentes judiciales informaron que por el caso del menor de 16 años muerto el 7 de febrero en Las Lomas, Chiriquí, ya declararon 13 testigos, algunos de los cuales dicen haber visto a un policía salir de detrás de unas plantas y disparar de abajo hacia arriba contra el menor.

Las fuentes precisaron que hay un informe de un policía del cuartel de David, que indicó haber sido informado de un menor herido por arma de fuego en Las Lomas.

Amnistía Internacional, que esta semana difundió una “acción urgente” sobre los hechos, pidió nuevamente ayer a las autoridades investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza policial.

El vocero de la PN, Jairo Polo, dijo que no habría comentarios por los disturbios ni por el caso del menor, “para no entorpecer las averiguaciones”.

Rubén Polanco

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