LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Escuchas alertan a relatores

El relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, y la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Catalina Botero, se pronunciaron en contra de la existencia en algunos Estados americanos de programas y prácticas de seguridad que puedan generar un perjuicio serio a los derechos a la intimidad, y a la libertad de pensamiento y expresión.

En una declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión, instaron a las autoridades correspondientes a que revisen la legislación pertinente y modifiquen sus prácticas, con la finalidad de asegurar su adecuación a los principios internacionales en materia de derechos humanos.

Los relatores de ambos organismos aluden al alcance de algunos programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) sobre comunicaciones telefónicas y contenido de informaciones digitales.

Sin embargo, advierten de que según la información recogida en informes temáticos y de país de las relatorías especiales, “autoridades de otros Estados americanos, amparados por leyes de inteligencia, o al margen de la regulación legal existente, habrían interceptado las comunicaciones de particulares, en muchos casos con criterios o finalidades políticas e, incluso, las habrían difundido masivamente, sin autorización de su titular, en medios de comunicación estatales”.

Recuerdan también que los derechos a la privacidad y a la libre circulación del pensamiento e información se encuentran protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros acuerdos, reafirman los relatores, reconocen de manera expresa el derecho de toda persona, sin discriminación, a manifestar libremente su pensamiento, y a buscar y recibir información de toda índole.

Situación de panamá

El pronunciamiento de los relatores de estos organismos se da cuando en Panamá, miembros de la sociedad civil y dirigentes de partidos políticos opositores denunciaron ser víctimas de grabaciones ilegales y de los llamados pinchazos telefónicos.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) remitió la semana pasada una misiva al secretario de Estado estadounidense John Kerry, en la que pide que Estados Unidos investigue el supuesto uso de equipo estatal para supuestas escuchas ilegales.

La solicitud se hizo luego de que circulara una grabación de una conversación entre el candidato presidencial del PRD Juan Carlos Navarro, y el primer subsecretario del colectivo Javier Martínez Acha. “El único que puede hacer pinchazos es el Estado y más nadie. Eso forma parte de una campaña sucia del gobierno”, acusó en su momento Navarro.

Poco antes de la petición a Estados Unidos, el precandidato a la Alcaldía capitalina por el PRD Roberto Bobby Velásquez se vio obligado a renunciar luego de conocerse una grabación en la que, supuestamente, este ordenaba a un sujeto agredir físicamente a su copartidario y contrincante José Luis Fábrega.

Sospechas

Las miradas de miembros de la sociedad civil y dirigentes opositores, en torno a quién pueden realizar las escuchas telefónicas, se han volcado hacia el Consejo de Seguridad del Estado, dirigido por Alejandro Garuz.

Miembros de este organismo retuvieron a la periodista de TVN Elizabeth González y al camarógrafo Bolívar Jurado, cuando realizaban una cobertura noticiosa cerca de las oficinas del Consejo de Seguridad, en un área no restringida.

Ese mismo día el secretario general del Sindicato de Periodistas de Panamá, Filemón Medina, acusó a Garuz de haberlo golpeado.

A propósito de esta situación, los relatores son enfáticos en que “bajo ninguna circunstancia, los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada sobre este tipo de programas de vigilancia, por considerarla de interés público, pueden ser sometidos a sanciones ulteriores”.

Tema de vieja data

El tema de las escuchas telefónicas no es nuevo en esta administración. En 2010, en un cable filtrado por Wikileaks, se reveló que el presidente, Ricardo Martinelli, le solicitó (el 1 de julio de 2009) ayuda a la Embajada de Estados Unidos para hacer pinchazos telefónicos a sus adversarios políticos.

“Necesito ayuda con la intervención de teléfonos”, fue el mensaje que Martinelli le envió a la exembajadora de EU Barbara Stephenson, a través de su blackberry, según se reveló en el cable.

La petición generó molestias en la diplomática, mientras que miembros de la Agencia Antidrogas de EU (DEA) fueron claros al señalar que el programa de “pinchazos” a través de la denominada “Operación Matador” estaba destinado al narcotráfico, y que no se ampliaría “para incluir objetivos políticos”.

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