Exigen la renuncia del presidente de la Corte

Grupos de la sociedad civil exigieron la renuncia del reelecto presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, y reiteraron sus críticas contra quienes avalaron esta decisión: el propio Ayú Prado, Hernán De León, Luis Ramón Fábrega, Cecilio Cedalise y Ángela Russo. VEA 6A

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La comisión de Gobierno que preside el perredista Pedro Miguel González (centro), a finales de 2015 aprobó el proyecto 245. La comisión de Gobierno que preside el perredista Pedro Miguel González (centro), a finales de 2015 aprobó el proyecto 245.
La comisión de Gobierno que preside el perredista Pedro Miguel González (centro), a finales de 2015 aprobó el proyecto 245. Archivo

Grupos de la sociedad civil exigieron la renuncia del reelecto presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, y reiteraron sus críticas contra quienes avalaron esta decisión: el propio Ayú Prado, Hernán De León, Luis Ramón Fábrega, Cecilio Cedalise y Ángela Russo.

Diputados redactan artículo para el proyecto de ley 245

Los diputados están en espera de la reanudación de la discusión, en segundo debate, del proyecto de ley 245 que modifica el Código Judicial, el Código Penal y el Código Procesal Penal para incluir una propuesta que evitaría que quienes estén siendo investigados bajo el sistema penal acusatorio, y que son de competencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), renuncien para pasar a ser procesados por el sistema inquisitivo.

El presidente de la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, Pedro Miguel González, del Partido Revolucionario Democrático, afirmó que ya la propuesta está elaborada y en espera del reinicio de su discusión y lectura por parte de la Secretaría General en el pleno.

Se trata de una modificación al artículo 481 del Código Procesal Penal relativo a los procesos penales que conoce la Corte. La propuesta de ajuste a este artículo establece que: “en los procesos penales que conoce la Corte como tribunal de única instancia, se seguirá el procedimiento oral previsto en este Código para los procesos comunes u ordinarios. Cuando se haya presentado por escrito la acusación no habrá declinación de competencia si en el Tribunal o Juzgado que deba ejercer la competencia no tiene vigencia el sistema penal acusatorio”.

LA GÉNESIS

González recordó que la redacción de este artículo fue propuesta por el magistrado de la CSJ Harry Díaz, cuando se discutió el proyecto [en primer debate] en octubre pasado.

Díaz es el magistrado fiscal en el proceso que sigue la Corte al diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y expresidente de la República Ricardo Martinelli, por la interceptación de comunicaciones a, al menos, 150 personas durante el gobierno pasado.

De ser aprobada, la norma impediría declinar el proceso a otra esfera judicial si Ricardo Martinelli renuncia al Parlacen.

No obstante, González precisó que los diputados prepararon la propuesta para presentarla al debate, pero serán los miembros del Legislativo en el pleno los que decidirán si tiene viabilidad o no.

“La modificación tiene como propósito evitar que quien esté siendo procesado bajo el sistema penal acusatorio por la Corte Suprema de Justicia una vez que haya sido presentada la acusación, pueda renunciar para que decline competencia y eso se vaya a la esfera regular”, destacó.

Manifestó, además, que la discusión en segundo debate del proyecto de ley 245, y que incluye medidas para evitar el hacinamiento en los centros penitenciarios, se detuvo en octubre pasado debido a que el Ministerio Público se oponía a algunos conceptos establecidos en el mismo.

“Si estos escollos se han superado podemos aprobarlo rápidamente en el pleno, y en caso de que esto no sea así podemos pensar en suprimir esos aspectos que tienen que ver con la prisión preventiva del proyecto”, destacó.

LA CARTA DE DÍAZ

En una carta con fecha del pasado 5 de enero, el magistrado Díaz le propuso al presidente de la Corte, José Ayú Prado, que incluya el citado artículo en el proyecto 245.

En declaraciones a este diario Díaz explicó: “no me parece justo que gasten recursos, tiempo y esfuerzos de los funcionarios judiciales en un proceso serio, que posteriormente se desestime, tan solo para haber cambiado la competencia”.

El procurador de la Administración, Rigoberto González, dijo al respecto que como se trata de una norma de procedimiento, esta sería “de inmediata aplicación para cualquier proceso”.

González advirtió que la aplicación de este tipo de normas siempre crea polémica entre los abogados, pero que el Órgano Judicial es el que está llamado a establecer su aplicación.

EL CASO

El proceso que sigue la Corte a Martinelli por los pinchazos telefónicos está en espera de que el juez de garantías de la causa, el magistrado Jerónimo Mejía, tramite la detención provisional del exmandatario, tal como lo ordenó el pleno de la Corte el 21 de diciembre pasado.

Víctimas del espionaje perpetrado en la administración pasada, le han pedido a Mejía que haga valer la orden de detención y que “actúe sin dilaciones no justificadas en el cumplimiento de la decisión dictada [...]”.

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