CONTRATO ADJUDICADO A TRANSCARIBE TRADING

Exministros del MOP, bajo la lupa

Fiscalía Anticorrupción de Descarga investiga posible sobrecosto en trabajos de la autopista Arraiján-La Chorrera.

Temas:

Jaime Ford, segundo ministro de Obras Públicas durante la administración Martinelli. Jaime Ford, segundo ministro de Obras Públicas durante la administración Martinelli.

Jaime Ford, segundo ministro de Obras Públicas durante la administración Martinelli. Foto por: Archivo

Federico José Suárez, primer ministro de Obras Públicas del pasado gobierno. Federico José Suárez, primer ministro de Obras Públicas del pasado gobierno.

Federico José Suárez, primer ministro de Obras Públicas del pasado gobierno. Foto por: Archivo

Jaime Ford Castro, quien fungió como titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante un periodo del gobierno de Ricardo Martinelli, es otro de los que deberá rendir cuentas ante la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, que investiga la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en los trabajos de rehabilitación y ampliación en la autopista Arraiján-La Chorrera, obra a cargo de Transcaribe Trading (TCT).

Fuentes del Ministerio Público informaron que Ford Castro tendrá que comparecer ante el fiscal Adecio Mojica el próximo miércoles 28 de junio. Por este caso, la fiscalía también ordenó la conducción de Federico José Pepe Suárez, quien ejerció como titular del MOP en el primer periodo de la gestión de Martinelli.

En este proceso, el fiscal busca determinar si en los trabajos de rehabilitación y ampliación de la mencionada autopista hubo sobrecostos.

Una investigación que adelantó la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional determinó que la obra tuvo un sobreprecio de unos $63 millones, entre la rehabilitación y ampliación de los 22.3 kilómetros, que fue adjudicada a la empresa TCT, por un monto inicial de $152.6 millones, pero una adenda aprobada en la pasada administración elevó el costo en $161.8 millones.

El proceso también alcanza a los hermanos David y Daniel Ochy, representantes de TCT. Daniel Ochy está detenido preventivamente desde la noche del jueves 22 de junio, tras rendir indagatoria ante el fiscal Mojica.

Fue conducido a las celdas transitorias de la Dirección de Investigación Judicial en Ancón. Ese día, Daniel Ochy fue a la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada para rendir sus descargos en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en una serie de transacciones efectuadas para la compra del grupo Editora Panamá América, S.A. Pero fue llamado por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga para que rinda cuentas por el caso TCT.

Evelyn Vargas, exabogada de la familia Martinelli, en una indagatoria rendida el 6 de marzo pasado, le confesó a la Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga el pago de sobornos por parte de Odebrecht, que ella creó la sociedad Yellow Wings para construir un hangar en Albrook, pero que TCT terminó construyendo la obra. Vargas le narró a la fiscalía que un día Dina Ochy, hermana de David y Daniel Ochy, le pidió que se reunieran. “ [...] Nos preguntó si nosotros teníamos conocimiento de algo relacionado con la compra de Epasa y nosotros le informamos que no teníamos nada relacionado con el tema. [...] Nos dijo que había estado reunida con su hermano y que le había dicho que Ricardo Martinelli llegó un día donde su hermano David Ochy para que él firmara un documento [...].

LA DEFENSA

Mientras que ayer, Miguel Batista, abogado de Ford Castro, fue al edificio Avesa para conocer sobre los cargos que se le imputan a su cliente. “Se han señalado irregularidades, pero son proyectos donde la actual administración ha tenido participación (...)”, argumentó. A juicio de Batista, todos los actos de corrupción deben ser investigados siempre y cuando a los imputados se les den las garantías que establecen la Constitución y las leyes. Mientras que Rosendo Miranda, abogado de Suárez, manifestó a este medio que por el momento no haría comentarios sobre la situación de su defendido.

Esta pesquisa se inició en agosto de 2015, luego de que el abogado Francisco Zappi presentara una denuncia ante el Ministerio Público para que investigara supuestos delitos contra la administración pública en las obras de la autopista Arraiján-La Chorrera.

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