Expatriados están a la espera de la ley de amnistía

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Henry Ramos Allup saluda a manifestantes que se congregaron en apoyo al rechazo del decreto. Henry Ramos Allup saluda a manifestantes que se congregaron en apoyo al rechazo del decreto.
Henry Ramos Allup saluda a manifestantes que se congregaron en apoyo al rechazo del decreto. Ariana Cubillos

Venezolanos expatriados en Miami por razones políticas esperan expectantes la aprobación del proyecto de ley de amnistía presentado el 11 de enero, que busca dejar en libertad a decenas de presos políticos y beneficiar a personas que se exiliaron por su oposición al chavismo.

Pese a que se espera que el proceso de discusión de la ley pueda prolongarse, en Miami, Florida, se congratulan por la posibilidad.

La ley “es una puerta de esperanza para regresar a su pueblo, para regresar a su patria, ver a sus seres queridos, con los cuales no han podido tener contacto”, dijo Carlos Vecchio, coordinador del partido Voluntad Popular. “No hay manera de enfrentar la crisis que tiene Venezuela sino unidos, y el primer paso para ese encuentro, esa unión, es la liberación de los que hoy están tras las rejas y quienes están en el exilio por razones políticas”, apuntó Vecchio.

El líder político salió de Venezuela a Estados Unidos a mediados de 2014 acusado, al igual que Leopoldo López, de incitar a la violencia durante las protestas que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de ese año. Aseguró que no dudaría en volver si es aprobada la ley.

“No vine a Estados Unidos a quedarme, fue para salvar mi vida, tengo toda la intención de regresar y colaborar y contribuir para el rescate de la democracia”, adujo el militar José Colina –quien pidió asilo en 2003–, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, grupo que dice tener 10 mil miembros en el mundo.

Colina, quien fue acusado por la justicia venezolana de colocar bombas en las embajadas de España y Colombia, lo que él niega, afirmó que muchos exiliados no regresarán porque “los tribunales siguen en manos del gobierno” y “no existen garantías para regresar”, subrayó.

El problema, explica la presidenta de la organización de derechos humanos en Miami Venezuela Awareness, Patricia Andrade, es que la ley tendrá que ser avalada por el Poder Judicial, y este “está secuestrado” por el gobierno chavista.

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