ENFRENTAMIENTOS POR PROYECTO DE LEY

Expedientes por muertes en Colón, sin acusados

Ante los sucesos ocurridos del 19 al 27 de octubre de 2012, el Ministerio Público abrió 13 expedientes, incluyendo 3 por homicidio.

A unos días de cumplirse un año de los enfrentamientos que se iniciaron el 19 de octubre de 2012 entre la Policía Nacional y manifestantes que rechazaban la vigencia de la Ley 72 que permitía la venta de tierras en la Zona Libre de Colón, y que dejaron un saldo de 3 muertos y más de 300 heridos, se conoce que en ninguna de las investigaciones abiertas por el Ministerio Público (MP) hay acusados.

La mayoría de estos expedientes, instruidos por fiscalías de Panamá y Colón, ha sido remitida a los tribunales de justicia con recomendaciones de sobreseimiento provisional.

Entre estos casos está el de Yamileth Navarro, de 29 años de edad, quien luego de salir de su trabajo en esa zona franca y llegar a su residencia, decidió ir a donde una vecina con la intención de cobrar un dinero. Pero quedó en medio de una balacera entre policías y manifestantes. Una bala acabó con su vida.

En los otros dos expedientes relacionados con víctimas fatales tampoco se imputó a nadie. Fue el caso del menor de edad Josué Patricio Bethancourt Vega, y de Jimmy Dixon, de 29 años. Las dos muertes también ocurrieron durante balaceras en las protestas.

SIN INDICIOS

Un informe elaborado por los abogados Dalila García e Ian Revello, de la Comisión de Derechos Humanos del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso), revela que durante estos incidentes se recibieron 32 denuncias de personas heridas y lesionadas por armas de fuego que eran atribuidas a miembros de la Policía.

Sin embargo, de estas 32 denuncias solo en 13 se abrieron expedientes en el MP.

De estos sumarios abiertos, el MP solicitó archivo en 10 de ellos, sin que en ninguno se registraran sindicados a pesar de que en la mayoría de los casos había señalamientos directos contra los agentes de la Policía, por parte de testigos.

Los otros tres expedientes siguen abiertos.

Entre las conclusiones de las fiscalías que instruyeron los casos por la muerte de Navarro, Dixon y Bethancourt, se señala que “no hay indicios de quiénes ocasionaron su muerte”.

Durante las protestas, que en algunos casos derivaron en saqueos, las autoridades reportaron varios policías heridos de bala por parte de desconocidos.

Producto de estas acciones se presentaron ante el MP denuncias contra el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino; el director de la Policía, Julio Moltó; y el jefe de zona de policía de Colón, Juan Cerezo.

Se les acusó de abuso de autoridad y uso excesivo de fuerza, pero ninguna de estas acciones legales fue acogida por el MP por considerar que “no se presentaron los elementos de prueba para constituirse en una investigación penal”.

VIOLACIONES

En tanto, informes elaborados por organismos de la sociedad civil, como la Comisión de Justicia y Paz, y Alianza Ciudadana pro Justicia, concluyeron que a raíz de estos incidentes “se produjeron graves violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía”.

Como ejemplos se mencionan el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, lanzamiento de bombas lacrimógenas dentro de residencias, disparos de perdigones a corta distancia, y el uso de armas de fuego contra población civil desarmada.

También se destaca que la mayoría de estas violaciones, supuestamente cometidas por la Policía, ocurrieron en las poblaciones de Pilón, Cativá, Nuevo San Juan, Sabanitas, Río Alejandro, La Feria, Villa Caribe, Puerto Escondido y Portobelo.

De igual forma, en estos informes se recogen entrevistas con la población civil donde surgen testimonios de madres que fueron sacadas de sus casas con sus hijos pequeños, en algunos casos con impedimentos físicos, sin que mediara una orden de allanamiento por escrito ni existiera indicio de la comisión de algún acto delictivo.

Según estos testimonios, la policía roció con gas irritante a niños y adultos sin ningún motivo, y los amenazaban para que no presentaran la denuncia.

Una de estas declaraciones es la de un joven (que se identifica) residente del multifamiliar conocido como Divino Niño.

Cuenta que al salir del edificio fue interceptado por unos policías que comenzaron a disparar y una bala le entró por la espalda, le atravesó el glúteo y se alojó en su pierna, lo que le causó una lesión permanente que le impide caminar con facilidad. Esta situación implicó la pérdida de su trabajo porque las heridas requirieron mucho tiempo para sanar, concluye el testimonio.

Grupos sugieren una reparación económica

Producto de los incidentes en la provincia de Colón, organismos de derechos humanos propusieron a las autoridades la implementación de un programa estatal especializado para la atención física y sicológica a las víctimas y sus familiares.

También sugirieron la aplicación de un sistema de reparación económica por las pérdidas sufridas, como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos.

De igual forma se recomendó establecer un mecanismo de investigación extrajudicial independiente para averiguar estas acciones violatorias y las muertes registradas en estos enfrentamientos callejeros;

capacitar a las fuerzas de seguridad en materia de derecho a la vida e integridad personal, respeto al ejercicio sobre derecho de reunión pacífica y el contexto del arresto.

Además, se les instó a abstenerse de utilizar a los agentes del Servicio Nacional de Fronteras para contener las manifestaciones.

Juan Manuel Díaz C.

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