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Las 54 hectáreas terminaron en sociedades de la familia Papadimitriu

Expropian Juan Hombrón

Sorpresivamente y sin hacer un anuncio oficial, el mandatario ordenó la expropiación, sin indemnización, de las tierras de Juan Hombrón.

Un año después, la historia sobre la “expropiación sin indemnización” relacionada con tierras que cediera gratuitamente la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte, se repite.

Sorpresivamente, ayer en la tarde, y sin informe alguno de la Secretaría de Comunicación del Estado, se promulgó en Gaceta Oficial un decreto ejecutivo por el que el presidente, Ricardo Martinelli, ordena “expropiar” por motivo de “interés social, urgente a favor de la Nación”, las 14 fincas entregadas gratuitamente por Villamonte en Juan Hombrón, en la costa de Coclé.

Se trata de las mismas fincas que, tras un rápido proceso de cesiones, están en poder de sociedades anónimas de los padres del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.

¿SIN INDEMNIZACIÓN?

Según se establece en el artículo 2 del decreto, hecho público ayer, “no habrá derecho a indemnización por la expropiación de las fincas”, citando como sustento jurídico el artículo 5 de la Ley 57 de 1946.

Curiosamente, se trata de la misma norma que el ministro Papadimitriu propuso en agosto de 2011 como fórmula para revertir la titulación del terreno de Paitilla, también cedido a título gratuito por Villamonte a la sociedad Segura Ventures Inc., cuyo dueño, supuestamente, era el vendedor de flores César Segura.

“Esto no viola la Constitución”, argumentaba entonces Papadimitriu, en respuesta a las críticas que de inmediato surgieron por su propuesta.

Ahora, tal y como sucedió hace un año, se cita en rechazo de la decisión del Ejecutivo, el artículo 48 de la Constitución Política, que establece que los procesos de expropiación por utilidad pública o interés social, implican una indemnización.

“La Corte Suprema ha señalado en varios fallos que se debe indemnizar. Inclusive, el Estado no puede señalar el valor de la expropiación, sino de mutuo acuerdo o a través de juicio de expropiación”, fue el comentario que al respecto hiciera el abogado y diputado de oposición Jorge Alberto Rosas.

Indicó que si la decisión del Gobierno es determinar que las 54.3 hectáreas son “servidumbre”, entonces deberá pagar el valor de los terrenos, aun cuando la titulación original del Estado fue a título gratuito.

De igual forma piensa el diputado panameñista José Isabel Blandón, quien manifestó que “la expropiación implica un reconocimiento de la propiedad, y da a las sociedades la posibilidad de reclamar judicialmente la indemnización”.

“Esta es una forma de garantizarle a la familia Papadimitriu que no perderá lo invertido”, advirtió.

Servidumbre

La Ley de 1946, utilizada como sustento para decretar que la expropiación de las fincas de Juan Hombrón se hará sin indemnización, estipula que “no habrá derecho a indemnización cuando se trate de la ocupación de un terreno cuyo título haga obligatoria una servidumbre gratuita”.

También se establece en los considerandos del citado decreto ejecutivo, que “se ha advertido de que tales áreas de terreno resultan necesarias para el desarrollo de la zona y, en consecuencia, hacen obligatoria constituir una servidumbre de paso sobre el área que ocupan las finas adjudicadas”.

Es decir, la decisión presidencial incluye convertir las 54.3 hectáreas en “servidumbre de paso”.

Al respecto, el abogado Ebrahim Asvat rechazó el argumento utilizado, alegando que “una servidumbre es de paso, no de extensión territorial. Es sobre un inmueble en beneficio de otro... También hay servidumbre de agua, de desagüe o de medianería... pero de una extensión territorial de ese tamaño, no entiendo cómo se puede expropiar aduciendo servidumbre”.

La decisión del Ejecutivo surge 14 días después (28 de junio) de que el administrador de la Anati, Franklin Oduber, afirmara que no se podía garantizar que las 54 hectáreas tituladas gratuitamente en rápidos procesos, regresaran a la Nación, a pesar de la promesa presidencial hecha el 9 de noviembre de 2011.

“No se puede pretender que el Estado anule las 14 titulaciones, ya que deben comprobar, al igual que otros, que su caso es el más fuerte” fueron las palabras de Oduber, en referencia a otras 10 reclamaciones legales que se ventilan en tribunales e instancias administrativas sobre esta polémica tierra.

Reclamaciones

Carlos Carrillo, abogado y representante de las empresas de los Papadimitriu, que tienen la propiedad de las 14 fincas comentó, tras ser informado de la decisión presidencial, que evaluarán demandar a los que vendieron los derechos posesorios.

“Si los títulos vendidos son expropiados o desconocidos por razones de ley, las empresas evalúan demandar a las personas que vendieron los mismos, una vez agotadas las acciones legales para que se determine la legalidad o ilegalidad de los mismos”, añadió.

Se intentó obtener la versión del mandatario sobre la sorpresiva decisión, pero evadió a los medios.

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