LA CÚPULA DEL PODER

FGE acomoda contrato a empresa

La institución le otorgó un contrato directo a un allegado de Martinelli por $399 menos de lo que exige la ley para armar una licitación pública.

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Eduardo Peñaloza fue ratificado como nuevo fiscal electoral en junio de 2010 por la Asamblea Nacional. LA PRENSA/Archivo. Eduardo Peñaloza fue ratificado como nuevo fiscal electoral en junio de 2010 por la Asamblea Nacional. LA PRENSA/Archivo.
Eduardo Peñaloza fue ratificado como nuevo fiscal electoral en junio de 2010 por la Asamblea Nacional. LA PRENSA/Archivo.

La Fiscalía General Electoral (FGE), en manos de Eduardo Peñaloza, contrató de forma directa por $299 mil 600 a la empresa publicitaria BBM, que pertenece a Rafael Bárcenas, miembro de Cambio Democrático (CD), directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y amigo cercano del presidente de la República, Ricardo Martinelli.

El monto, adjudicado hace 10 meses, es apenas $399 menos de lo que exige la ley para abrir una licitación. Es decir, si el contrato hubiese sido por $300 mil o más, la fiscalía debía llamar a un proceso público, en lugar de asignar el dinero a la empresa que consideró como idónea.

El trabajo por el que se pagó en la fiscalía, de acuerdo con la solicitud de bienes y servicios que aparece en el portal PanamáCompra, consistió en la “divulgación en periódico, internet, radio, televisión, mupis publicitarios, contenidos informativos sobre los deberes del ciudadano, delitos electorales y penalizaciones”.

Se intentó consultar a Peñaloza a través del departamento de comunicación de la fiscalía. Félix Ardines, director de esta división, afirmó “todo está en PanamáCompra”.

“Fue una campaña que se hizo el año pasado. Todo eso está ahí. ¿Por qué no averiguan cómo fue el contrato que tuvieron ustedes [La Prensa] con la publicitaria?”, dijo Ardines, y señaló que una de las razones por las que se escogió a BBM es que “tiene 35 años en el mercado. Son expertos en esto”.

A Bárcenas se le envió un correo con interrogantes sobre este trabajo. Uno de sus hijos –Mario Bárcenas– contestó a través de una llamada telefónica.

“A nosotros nos contactó el departamento de mercadeo de la Fiscalía General Electoral, y nos solicitó una reunión para presentar una propuesta. Hicimos la presentación y a la semana nos llamaron para pedirnos los documentos de la empresa para contratarnos”, dijo Bárcenas, quien funge como actual presidente de BBM.

Explicó que la campaña publicitaria fue en base al “cambio de residencia, la compra y venta de votos, y el doble voto electoral”, y que se pautó entre dos a tres meses en radio, prensa y televisión.

“Ser amigo o no del Presidente no afecta en este tema. Mi padre no ha estado involucrado en el proyecto”, respondió al preguntársele si la amistad de Rafael Bárcenas con Martinelli incidió en que la Fiscalía Electoral se acercara directamente a esta empresa publicitaria.

EL TRABAJO A REALIZAR

“La Fiscalía Electoral tiene como máxima prioridad la divulgación masiva a nivel nacional de una campaña de concienciación del papel fundamental que ejerce esta institución como garante y salvaguarda de los derechos políticos electorales”, afirma la institución en el informe técnico que debe justificar la contratación.

La razón por la que se escogió a BBM –aclara el documento– es que tiene una posición “predominante” en el mercado local.

En la propuesta de inversión de campaña presentada por BBM –y que lleva la firma de Bárcenas– se hace un desglose de gastos de $109 mil en pautas en televisión, $24 mil en prensa, $23 mil en radio, $10 mil en mupis, $6 mil en pantallas digitales, $3 mil en banners e internet y $105 mil en costos de producción audiovisual, gráfica y de impresiones.

CERCA DE LA CÚPULA

El mismo Rafael Bárcenas ha reconocido que se ofreció como un importante donante de la campaña presidencial de Martinelli en 2009. Desde entonces ha estado muy vinculado a la cúpula del gobierno del cambio.

BBM es la publicista de las cadenas Súper 99, propiedad de los Martinelli, y a la vez maneja la marca país, concedida de forma directa por la Autoridad de Turismo de Panamá, en 2010. En los dos primeros años con la cuenta, la empresa facturó poco más de $14 millones.

Bárcenas es directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por sugerencia de Martinelli, y su hijo –del mismo nombre– fue nombrado por este gobierno como director de la Autoridad Aeronáutica Civil.

También pretende hacer rellenos peninsulares en la calzada de Amador para construir una marina que costaría $100 millones, según afirmó en una entrevista a La Prensa en 2011. La inversión apunta a un mayor crecimiento en la zona tras la construcción de la tercera etapa de la cinta costera, la que le costó al Estado $782 millones.

El proyecto de Amador riñe con la Constitución por ser un terreno del Estado. Pero en esa misma entrevista, Bárcenas dejó ver su lado más optimista. “No importa lo que digan las leyes... aquí cuando quieren cambiar las cosas, lo hacen”, dijo.

Aunque no en términos económicos tan fructíferos, Peñaloza goza de fuertes nexos con Martinelli y el gobierno de CD.

Fue secretario del Consejo de Honor y Disciplina del partido fundado por Martinelli. Luego fue nombrado subdirector de Migración. También era el suplente de la gobernadora Mayín Correa en su rol como diputada ante el Parlamento Centroamericano.

Al igual que Bárcenas, Peñaloza tiene familia trabajando en el gobierno actual.

Según la información pública que proporciona la Defensoría del Pueblo, su pareja, Maribel Testa, trabaja en el Registro Público como secretaria con un salario de $1,500.

Su hijo Eduardo Peñaloza es analista de precios y mercado en la Dirección General de Contrataciones Públicas, con un salario de $1,500. Su otro hijo, Raúl Peñaloza, cobra $1,300 como asistente de abogado en la Autoridad Marítima de Panamá.

Uno de los mayores debates en cuanto al alcance de Peñaloza se refiere a un sitio web creado por la campaña de José Domingo Arias, candidato presidencial de CD, acusada por el Tribunal Electoral de plagiar datos familiares, sociales, económicos, laborales y políticos de todos los panameños.

El fiscal es objeto de frecuentes cuestionamientos por presuntos delitos de funcionarios de otras entidades de gobierno, por dedicar parte de su tiempo laboral a actividades proselitistas y por la supuesta utilización de recursos del Estado en la campaña oficialista.

Sin embargo, en entrevistas concedidas exclusivamente a medios de comunicación oficialistas, Peñaloza asegura que sí trabaja.

Los otros gastos de la Fiscalía Electoral

Además del vínculo contractual con la empresa BBM, bajo la jurisdicción de Eduardo Peñaloza, la Fiscalía General Electoral ha otorgado otros contratos directos. Por ejemplo, en febrero pasado, la institución decidió contratar por $29 mil a la empresa Elimar Distribuidor para la confección de camisetas, gorras, chalecos y botas de cuero con el logotipo de la entidad “para fácil identificación”.

El agente residente de esta empresa es Salomón Shamah, administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá.

La justificación para escoger a esta empresa, creada en 2006: “es de reconocida trayectoria en el mercado local, ya que cuenta con muchos años de experiencia en el ramo de suministro de elementos, accesorios complementarios de las prendas de vestir”.

En marzo pasado, Peñaloza otorgó otro contrato directo por $17 mil a Octavio Rodríguez Fuentes para que pintara exteriores, estacionamientos y terraza del edificio sede de la Fiscalía Electoral, el PH Hesed, en calle 44 Bella Vista. Precisamente el cambio de sede de la fiscalía fue otro de los gastos altos en que incurrió esta administración.

De un alquiler anual total de $129 mil en el área bancaria, la institución ahora paga una anualidad de $291 mil. Es decir, el compromiso financiero para el arrendamiento se incrementó en un 124%.

Además, en el último año y medio la institución añadió a su planilla 155 funcionarios y le renovó contrato a 81: un aumento anual de $2.4 millones, o el 30% de su presupuesto de $8.2 millones en 2014.

LUIS BURÓN-BARAHONA

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