Fallan contra ‘La Prensa’

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Después de las publicaciones del diario ‘La Prensa’, camiones de TCT bloquearon las entradas y salidas de las instalaciones del periódico. Después de las publicaciones del diario ‘La Prensa’, camiones de TCT bloquearon las entradas y salidas de las instalaciones del periódico.

Después de las publicaciones del diario ‘La Prensa’, camiones de TCT bloquearon las entradas y salidas de las instalaciones del periódico. Foto por: Archivo

Juzgado falla a favor de TCT Juzgado falla a favor de TCT

Juzgado falla a favor de TCT

El Juzgado Decimotercero Civil condenó a Corporación La Prensa a pagar $600 mil en concepto de daño moral a David y Daniel Ochy, propietarios de la constructora Transcaribe Trading.

La resolución del caso se da a raíz de una demanda por $6 millones interpuesta por los hermanos Ochy tras publicaciones realizadas por el diario La Prensa los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2012.

Alegaron que las publicaciones vinculadas con contratos estatales fueron “falsas, temerarias, injuriosas y denigrantes”. En ese momento el diario se opuso a la reclamación, indicando que era improcedente, ya que las publicaciones se ajustaban de forma rigurosa a documentos oficiales y se referían a asuntos de interés público.

Para ese entonces David Ochy no desmintió la información publicada, sino que criticó la prominencia dada a la misma y solicitó un derecho a réplica que no concretó.

Juzgado falla a favor de TCT

La jueza Melina Robinson, del Juzgado Decimotercero Civil, condenó a Corporación La Prensa a pagar $600 mil en concepto de daño moral a los empresarios David y Daniel Ochy, por publicaciones realizadas por este diario los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2012. El fallo también ordena el pago de costas a favor de los hermanos Ochy por otros $60 mil.

La resolución del caso, con fecha del 25 de noviembre pasado, se emite tres años después de que los empresarios Ochy demandaran a La Prensa por $6 millones por supuestos perjuicios morales y materiales a una de sus empresas, la constructora Transcaribe Trading (TCT).

Los demandantes alegaron en su reclamación del 6 de septiembre de 2012, que las publicaciones fueron “falsas, temerarias, injuriosas y denigrantes”, y que se trató de una “campaña de desprestigio” al generar “un ambiente de turbiedad e irregularidad en torno a las obras públicas que han desarrollado y/o ejecuta la empresa Transcaribe Trading”.

Los demandantes también deducen de los titulares y el contenido de estas publicaciones que el propósito de ellas era el de “establecer que han sido extraña e irregularmente favorecidos con contratos millonarios por el presente gobierno [administración del expresidente Ricardo Martinelli] (...)”.

Según el demandante, las notas periodísticas pretendían establecer que existió una “presunta maniobra irregular en el proyecto Paso Canoas-Puerto Armuelles”, insistiendo en una “inconveniencia de la obra y en el presunto escaso interés que sobre ella tiene la comunidad”. Sostiene que las notas transmiten la imagen de que los demandantes son personas “traficantes de influencias, estafadores, aprovechadores e inmorales”, cuando en realidad son “empresarios serios y responsables, relacionados con los negocios atinentes a la agricultura y a la construcción de obras civiles, los cuales jamás han sido objeto de investigación por delito alguno”.

La Prensa se opuso entonces a la reclamación, señalando que era improcedente la pretensión, dado que las publicaciones se ajustaban rigurosamente a las constancias oficiales y se referían a asuntos de relevancia e interés público, publicadas en ejercicio legítimo y regular de los derechos fundamentales de libertad de expresión e información reconocidos en la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos suscritos y ratificados por Panamá.

La Prensa sostuvo entonces que los artículos publicados sobre los contratos asignados a la empresa TCT por el gobierno de Ricardo Martinelli, puntualmente el que se adjudicó para la rehabilitación de la carretera que une Puerto Armuelles con Paso Canoas, se sustentaron en información pública que reposa en el portal de Panamá Compra del Gobierno Nacional, en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Contraloría General de la República.

Adicionalmente, informó que los periodistas del diario realizaron un recorrido in situ en la zona donde se desarrollaron las obras, conocieron las opiniones de los lugareños y constataron el buen estado de la vía de 38 kilómetros que, posterior a las publicaciones, fue ampliada a un costo de $114 millones. De la misma manera, en dos ocasiones, y tras varios intentos, periodistas de La Prensa se contactaron vía telefónica con David Ochy. El demandante no desmintió la información publicada, sino que criticó la prominencia dada a la misma y solicitó un derecho a réplica que, sin embargo, nunca envió al diario.

En una de las conversaciones antes mencionadas, el viernes 4 de agosto de 2012 David Ochy acordó dar a La Prensa una entrevista. Según lo acordado con el empresario, periodistas del diario llegaron a David, Chiriquí, el sábado 5, pero el empresario no contestó a sus llamadas hasta entrada la noche. Entonces dijo que era demasiado tarde para conceder la cita. No fue posible concertar una nueva entrevista y nunca envío una solicitud de réplica.

En su demanda, los empresarios reclamaron indemnizaciones por alegados daños morales y materiales.

Según el abogado de La Prensa, la jueza en su sentencia no hace un estudio de las distintas publicaciones que según los demandantes afectan su honra y no explica cuál es la actividad ofensora o hecho dañoso. Tampoco hace mención a la negativa de los empresarios a dar su opinión o a usar el derecho a réplica, el cual se puso a disposición en varias ocasiones, ni explica cómo puede producirse un daño a partir de la publicación de información de interés público, cuya veracidad no ha sido cuestionada en ningún momento.

Consultado por La Prensa, el apoderado de los hermanos Ochy se abstuvo de dar declaraciones.

Ante la decisión del Juzgado, La Prensa, a través de sus abogados, interpuso un recurso de apelación. De igual forma, los apoderados de los demandantes apelaron la decisión de la jueza Robinson.

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