´Falta analizar una lacrimógena´

Luego de siete meses de investigaciones, la Fiscalía Primera Superior aún no prevé enviar al Órgano Judicial el expediente del caso de los siete menores quemados el 9 de enero pasado en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, cinco de ellos fallecidos, según confirmó ayer la fiscal Geomara de Jones.

La funcionaria explicó que todavía falta por realizar un análisis a una bomba lacrimógena de la Policía Nacional que no haya sido usada, con el propósito de determinar el tipo de químico con el que está compuesta.

Asimismo, que los peritos entreguen los informes definitivos sobre la reconstrucción de los hechos.

De Jones confirmó que se mantiene el número de imputados: nueve policías y tres exfuncionarios del centro de cumplimiento.

La fiscal también salió al paso de los cuestionamientos de la defensa de los policías respecto a la idoneidad de los peritos.

En ese sentido, dijo que Eric Portugal, el perito cuestionado, es empírico pero no ha necesitado estudiar para hacer bien su trabajo.

Además, aclaró que la entidad que los nombra es el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyo director, Humberto Mas, ratificó su idoneidad en declaraciones a este diario.

De Jones inclusive dio a conocer una opinión del procurador de la Administración, Óscar Ceville, en la que indica que todos los funcionarios que formaban parte de la Policía Técnica Judicial (PTJ) como peritos, siguen teniendo esa misma calidad al ser transferidos a Medicina Legal.

“Nosotros no entendemos por qué surgen estos cuestionamientos, si en todos los casos que investiga el Ministerio Público se usan los servicios periciales del Instituto de Medicina Legal”, dijo.

Aclaró que los querellantes no han cuestionado a los peritos y añadió que, en todo caso, serán los tribunales los que tendrán la última palabra sobre este dilema.

“Todo lo relacionado con el peritaje cumple con la ley y si alguien quiere criticarlo, para eso están los organismos jurisdiccionales”, acotó.

Portugal, quien tiene 19 años como perito forense y quien rindió el informe sobre el incendio que causó las muertes de los cinco menores en enero pasado, fue descalificado por Benito Mojica, abogado de los policías acusados en este caso.

En total, 250 peritos forenses de la antigua PTJ pasaron a Criminalística, con sus rangos, sueldos e idoneidad, entre ellos Portugal.

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