Fijan audiencia preliminar por las escuchas ilegales

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El Juzgado Decimosexto de Circuito Penal fijó para los días 17, 18 y 20 de agosto próximos la celebración de la audiencia preliminar a Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional, por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

También fueron llamados a audiencia Ronny Rodríguez y William Pittí, exfuncionarios del Consejo de Seguridad, quienes están prófugos.

A los cuatro se les acusa de haber interceptado las comunicaciones de más de 150 personas durante el gobierno pasado.

Fijan audiencia por pinchazos

Las investigaciones por las escuchas ilegales en el gobierno pasado están a las puertas de un final. El Juzgado Decimosexto del Circuito Penal fijó para los días 17, 18 y 20 de agosto próximos la celebración de la audiencia preliminar a Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional, por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.

También fueron llamados a audiencia Ronny Rodríguez y William Pittí, exfuncionarios del Consejo de Seguridad, quienes están prófugos. Garuz y Pérez están detenidos preventivamente en la cárcel La Gran Joya y en El Renacer, respectivamente

Estas cuatro personas son acusadas por el supuesto delito de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad por supuestamente pinchar a 150 personas entre políticos, empresarios, periodistas y activistas de la sociedad civil durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009–2014).

El juez Enrique Pérez Alvarado definió como fechas alternas para realizar la audiencia los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2015. Todas serán a las 9:30 a.m.

Niegan fianza

El Juzgado Decimosexto también negó fianzas de excarcelación a favor de Pérez, Garuz y Rodríguez presentadas por los abogados Cristóbal Arboleda, Alejandro Pérez y Armando Fuentes.

El juez Pérez Alvarado consideró que la situación jurídico–penal “no lo recomienda, ya que se hace necesario asegurar la comparecencia de los encartados al proceso”.

Sustenta que la negación de la fianza de excarcelación para Garuz obedece a que en el expediente se señala como la persona que solicitó la señal de fibra óptica necesaria para el funcionamiento de los sistemas de espionaje introducidos al país mediante contratos cuya legitimidad aún no está aclarada.

El juez se refiere al contrato para la compra de equipos de espionaje, en 2010, durante el pasado gobierno. Esos equipos hoy día están desaparecidos.

Por otro lado, el juez señala que Pérez fue el que firmó un documento –encontrado en la administración del Consejo–, en el cual se detalla el nombre del proveedor israelí NSO Group Technologies Ltd., referente a equipo con destino a Panamá, que tenía como objetivo espiar equipos con formato Android y BlackBerry.

En tanto, el exagente Rodríguez es señalado por un testigo protegido como una de las personas entrenadas para operar los equipos destinados a espiar a la ciudadanía de manera ilícita. Por esta razón el juez argumentó su negativa de conceder fianza de excarcelación a los tres imputados.

Además, sustentó que los delitos investigados son “graves”, ya que los hechos imputados “resultan ser pluriofensivos”, “pues no solo es la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, lo que está comprometido, sino derechos humanos de primera generación”.

los jefes y sus responsabilidades

En el pasado quinquenio el gobierno de Ricardo Martinelli puso la responsabilidad de las tareas de inteligencia de seguridad a Jaime Trujillo, Olmedo Alfaro, Julio Moltó, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz (ver infografía).

Todos ellos han negado su vinculación con las escuchas ilegales y con los aparatos de espionaje comprados por el gobierno de Martinelli.

Trujillo y Alfaro negaron toda vinculación con las escuchas telefónicas y con los equipos de espionaje en declaraciones dadas en enero pasado a este medio.

Julio Moltó, quien tomó las riendas del Consejo de Seguridad desde julio de 2010 hasta marzo de 2012, fue el que realizó un esquema u organigrama en el que se establece que los servicios de inteligencia eran ejecutados por más de 200 personas dentro del Consejo.

En el organigrama que reposa en el expediente por las investigaciones de este caso, Moltó asignó como director de Inteligencia a Ronny Rodríguez, mientras que William Pittí e Ismael Pittí eran encargados de los proyectos especiales.

El 27 de noviembre de 2014, Moltó declaró bajo juramento ante la Fiscalía Auxiliar que la labor de los exagentes Rodríguez y William Pittí se centraba en inteligencia, análisis y elaboración de informes que producían las salas relacionadas con el combate de la delincuencia.

Rodríguez y Pittí laboraron por casi dos años con Moltó en el Consejo de Seguridad (ver gráfico).

También aceptó ante el fiscal que recibió visitas de representantes del Gobierno israelí y de un grupo de personas de nacionalidad israelí, quienes ofrecieron al Estado un equipo de interceptación de celulares.

Mientras que Gustavo Pérez, quien estuvo al frente del Consejo por seis meses, señaló en su indagatoria a Rodríguez como el funcionario que conocía de los pinchazos telefónicos y llevaba los informes a sus superiores.

No obstante, Pérez rechazó cualquier tipo de participación en las escuchas y alegó que solo acudía a la Presidencia de la República para firmar documentos.

Mientras que Garuz, el último de los secretarios del Consejo de Seguridad Nacional de la era Martinelli, se encargó desde septiembre de 2012 hasta julio de 2014.

A pesar de que se encontraba detenido desde el 12 de enero de 2015, no fue hasta el 24 de marzo pasado que Garuz aceptó en una ampliación de indagatoria ante la fiscalía que eran de su propiedad conversaciones telefónicas y grabaciones de conferencias de prensa de activistas de la sociedad civil que le fueron encontradas en un allanamiento a su residencia .

Además, reconoció que eran de su propiedad archivos con perfiles de activistas en un dispositivo de almacenamiento USB.

otros han quedado fuera

Cristóbal Arboleda, defensa de Garuz, manifestó que de acuerdo a la ley el juez tiene 45 días para fijar la fecha para audiencia, pero en este caso lo hace el mismo día que recibe el expediente -el viernes 17 de abril de 2015- por lo que considera que el juez de la causa ya tenía eso previsto.

“Esta ha sido una investigación absolutamente sesgada por el Ministerio Público (MP)”, declaró Arboleda, quien acusa a las autoridades judiciales de haber dejado por fuera de las investigaciones a personas que tenían la misma responsabilidades y cargos dentro del Consejo de Seguridad.

“Esto le fue advertido al MP, pero lo ignoró” agregó Arboleda.

Las investigaciones de este caso fueron adelantadas por el fiscal adjunto Ricardo Muñoz, de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada.

Concluyó que hay una línea de “machacar procesalmente a Garuz”, que es compartida por el MP que ejecuta y el Órgano Judicial que la avala.

Arboleda dijo que él está a la espera de que este mismo juez le fije una audiencia preliminar para un caso que él también tramita y que está en ese despacho desde hace cinco meses.

Aseguró que la ley establece derecho a fianza de excarcelación por este delito, por lo que apuntó que ha habido una decisión fuera de lo jurídico por parte del juez de la causa.

En tanto, Roniel Ortiz, abogado de Pérez, expresó que la fijación de la fecha de audiencia se ha dado en tiempo récord. “Esto ha sido un expediente totalmente manipulado, violando el debido proceso y las garantías fundamentales por parte del MP”, añadió .

Agregó que lo extraño que se ha dado en las investigaciones es que hay muchas pruebas por practicar que no se han hecho, entre estas la asistencia judicial del correo brat.pty507@gmail.com que estaba asignada a Ismael Pittí, exfuncionario del Consejo de Seguridad y quien actualmente ejerce un cargo en el extranjero designado por la Policía Nacional.

Ortiz dijo que en la vista fiscal de llamamiento a juicio se excluyó a Moltó a pesar de que durante su administración autorizó la instalación de los equipos de espionaje. Indicó que en el expediente consta que las interceptaciones al expresidente Ernesto Pérez Balladares y a la hoy diputada Zulay Rodríguez se dieron cuando Moltó fungía como secretario del Consejo de Seguridad Nacional.

Este medio llamó a Moltó para que respondiera a estos señalamientos, pero no respondió.

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