Órgano judicial

Fijarían sanciones a corruptos

Las denuncias contra los abogados por faltas a la ética serían remitidas por el Colegio Nacional de Abogados.

Los abogados que incurran en faltas a la ética y los funcionarios del Órgano Judicial que cometan actos de corrupción serán procesados y sancionados por el Tribunal Especial de Integridad y Transparencia, de ser aprobado un proyecto de ley que impulsa la creación de esta nueva jurisdicción dentro de ese poder del Estado.

El proyecto, que fue presentado por el magistrado Harley Mitchel en su período como presidente de la Corte Suprema de Justicia, ya fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

El tribunal tendría competencia en el ámbito nacional y aplicaría sanciones a los funcionarios del área jurisdiccional del Órgano Judicial que incurran en violación a las normas éticas, faltas disciplinarias, deberes, responsabilidades y prohibiciones que actualmente están contenidas en el Código Judicial y en los reglamentos aprobados.

El magistrado Mitchel, en su momento, defendió el proyecto argumentando que su propósito principal es garantizar la excelsitud de la función pública de administrar justicia y combatir la corrupción.

Según el documento, el tribunal podrá juzgar y sancionar a los magistrados de tribunales superiores, jueces, defensores de oficio, asistentes, secretarios, oficiales mayores, escribientes y demás funcionarios subalternos de los despachos judiciales, para los cuales habrá sanciones de: amonestación pública, multa que oscila entre el 5% al 35% de la remuneración total mensual que devengue el funcionario sancionado, traslado forzoso, suspensión del cargo y privación del sueldo por un período no menor de un mes ni mayor a dos años, y destitución del cargo.

Para los abogados que cometan faltas a la ética habrá amonestación privada y pública, la prohibición del ejercicio de la abogacía por un término no inferior a un mes ni superior a un año, y para los reincidentes habrá prohibición para el ejercicio de la abogacía por un término mínimo de dos años.

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