ANÁLISIS DEL CASO MARTINELLI

Fiscal acusa a Martinelli de ‘reciclar’ argumentos

El Gobierno estadounidense sostiene que sí aplica el proceso, mientras la defensa del expresidente dice que no.

La extradición por los delitos de interceptación

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El expresidente Ricardo Martinelli está detenido en un centro de reclusión de Miami, Florida, desde el 12 de junio. El expresidente Ricardo Martinelli está detenido en un centro de reclusión de Miami, Florida, desde el 12 de junio.
El expresidente Ricardo Martinelli está detenido en un centro de reclusión de Miami, Florida, desde el 12 de junio. Archivo

La Fiscalía de Miami insistió en que el expresidente Ricardo Martinelli no ha dado una razón válida para evitar su entrega a Panamá, e instó al juez federal Edwin Torres a que certifique su extradición ante el Departamento de Estado.

El fiscal Adam Fels señaló a la Corte del Distrito Sur de la Florida el pasado 18 de agosto, que los abogados de Martinelli han “reciclado” un caudal de argumentos sin mérito alguno y no han presentado “una sola razón válida” para que el juez niegue la extradición.

FELS: JUEZ NO AUTORIZARÍA ESPIONAJE ÍNTIMO 

Los abogados del expresidente Ricardo Martinelli han dicho que su cliente no sabía que las interceptaciones realizadas desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en los dos últimos años de su mandato carecían de autorización judicial.

Pero el fiscal Adam Fels replicó que aun si fuera cierto que Martinelli desconocía las actividades del CSN, ninguna persona razonable asumiría que un juez autorizaría que funcionarios espiaran “a los familiares de los rivales políticos, empresarios competidores y la amante” de Martinelli, con un equipo estatal.

Sobre esto, el magistrado Harry Díaz –fiscal del proceso seguido al exgobernante en Panamá– precisa que los informes que Martinelli recibía del funcionario del CSN Ronny Rodríguez, en un sobre, cada mañana en el Palacio de las Garzas, “no tenían el carácter de asuntos de seguridad nacional ni asuntos relacionados con la preservación del orden público ni de la independencia nacional ni de la integridad territorial”.

Díaz señaló esto el  pasado 17 de agosto en una declaración jurada solicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que fue entregada un día después por la Embajada de Panamá en Washington al Departamento de Estado estadounidense.  

Según Díaz, su investigación acreditó que en el edificio 150 del CSN, en Ancón, operó una unidad de espionaje –dirigida por Ronny Rodríguez–, por órdenes directas de Martinelli, entre 2012 y junio de 2014. Para estas actividades, se utilizaron dos sistemas adquiridos a dos empresas israelíes: MLM Protection, a un costo de $13.4 millones, y NSO Group, por $8 millones. Se desconoce  el paradero de ambos equipos.

El magistrado fiscal aportó con su declaración “una pequeña muestra” obtenida en las inspecciones oculares realizadas al correo brad.pty507@gmail.com –utilizado por otro espía del CSN, llamado Ismael Pittí–. Se trata de la transcripción de dos conversaciones del dirigente del PRD Francisco Sánchez Cárdenas, y otra de la diputada de ese partido Zulay Rodríguez.

Una de las conversaciones transcritas de Sánchez Cárdenas corresponde a una reunión en la que estaban  Balbina Herrera, Laurentino

Cortizo y Mitchell Doens, entre otros. Pittí anotó que en un determinado momento Sánchez Cárdenas anunció “celulares afuera, please”, –“lo que demuestra que los panameños ya sabían que el Gobierno tenía la capacidad de grabar conversaciones a través de celulares”, anotó el magistrado Díaz–.

El grupo dejó sus celulares en una sala donde uno de los presentes dijo que no había buena recepción. Pittí anotó en la transcripción que a partir  de entonces, “muy al fondo se escucha que se encuentran reunidos”.

La extradición por los delitos de interceptación

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) envió una nota al juez federal Edwin Torres –que revisa el proceso de extradición del expresidente Ricardo Martinelli–, en la que afirma que los delitos de interceptación de las comunicaciones sí son extraditables, según los tratados vigentes entre Panamá y esa nación.

La afirmación ha causado controversia entre la defensa técnica del expresidente Ricardo Martinelli, ya que uno de sus argumentos plantea, precisamente, que estos delitos no están incluidos en el convenio original de extradición de 1904 suscrito entre la República de Panamá y Estados Unidos.

Además, que dichos delitos solo fueron incluidos expresamente como extraditables en el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, suscrito en Budapest y ratificado por Panamá por medio de la Ley 79 de 2013, fecha posterior a la que se alega en que supuestamente se cometieron los delitos contra la intimidad en Panamá.

Las consecuencias de que los delitos de interceptación de las comunicaciones no sean extraditables son sumamente serias. Por un lado, las víctimas quedarían sin ningún tipo de compensación y una parte importante del caudal de evidencias del caso podría perderse, debilitando el resto de la causa criminal de los pinchazos.

Por esta razón, para la defensa técnica es fundamental eliminar los cargos derivados de los delitos de interceptación de las comunicaciones.

Supongamos que el argumento de la defensa fuera totalmente válido. ¿En qué se fundamentó el Departamento de Estado para decir que estos delitos sí son extraditables?

Vale la pena recordar que el proceso de extradición es administrativo y que tiene un componente judicial que sirve para validar que se cumplen las condiciones necesarias para la extradición. El tema de fondo de la extradición es una decisión política, ya que está vinculada con la diplomacia y las relaciones exteriores de los países.

Hay dos argumentos poderosos para que el Departamento de Estado haya declarado que los delitos son extraditables. El primer argumento es el Convenio de Montevideo de 1933, ratificado por Estados Unidos y por Panamá (Ley 4 de 1938), que en el literal b de su primer artículo señala como condición para la extradición que exista la doble incriminación, es decir, que el hecho sea tipificado como un delito tanto en el país requirente como en el país requerido en la extradición.

Otra razón fundamental para declarar la extraditabilidad aplicable, según la Convención de Budapest, es un argumento más sofisticado y que ha evolucionado en el derecho penal internacional en las últimas décadas.

Los convenios multilaterales de naturaleza penal están elaborados con una parte de su contenido destinada a tipificar ciertas conductas como delitos (parte sustantiva), y el resto del convenio explica la metodología y las reglas con las que se investigan y enjuician esos delitos (parte procesal). Bajo este supuesto, si los delitos regidos por el Convenio de Budapest ya estaban tipificados antes de que existiera ese convenio, lo más relevante para los países signatarios es la parte procesal.

En palabras simples, a partir de la entrada en vigencia del Convenio de Budapest, esos delitos se vuelven extraditables.

Según este análisis, el Departamento de Estado tiene fundamentos para declarar que los delitos que Panamá invocó en su solicitud de extradición son viables para aceptar dicha solicitud. Tanto la Convención de Montevideo como el Convenio de Budapest permiten dicha extradición.

(El autor es abogado y tiene un doctorado en derecho internacional).

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