LA AUDIENCIA CONTRA EL EX INGENIERO MUNICIPAL DE PANAMÁ POR BLANQUEO DE CAPITALES

Fiscal afirmó que Salas se aprovechó de su cargo

Mientras la defensa del exfuncionario niega los cargos, la jueza María Lourdes Estrada se acogió al plazo de 30 días para decidir si lo enjuicia o no.

El ex ingeniero municipal Jaime Salas se aprovechó de su posición y manejó información privilegiada para lograr contratos a favor de las empresas Edificaciones Portobelo y Joed, que controlaba, según lo confirmó ayer la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada en la audiencia preliminar contra el exfuncionario, acusado de blanqueo de capitales.

En el proceso, realizado en el Juzgado Segundo Penal, el fiscal Marcelino Aguilar señaló que por la investigación del caso se comprobó que Salas manejaba ambas empresas desde su despacho de funcionario y que incluso esta situación fue confirmada por su esposa, Esilda Rodríguez, quien figuraba como representante legal de Edificaciones Portobelo.

Además, el fiscal Aguilar informó que durante un allanamiento realizado en la misma empresa Edificaciones Portobelo se hallaron documentos con los montos para la ejecución de un proyecto, información que debía ser reservada.

Según el fiscal, en la investigación también se estableció que Salas violó la ley de contrataciones públicas y realizó transacciones por fuertes sumas de dinero, que luego no pudo justificar.

En su alegato, el fiscal explicó que la ley de contrataciones públicas impedía a Salas, como ingeniero municipal, participar de los contratos que celebraba el Municipio de Panamá.

En otra parte de su alegación, Aguilar detalló que el contador de Edificaciones Portobelo, Hugo Sánchez, enviaba cheques de esa empresa a Salas, los cuales eran el producto de las transacciones realizadas.

También precisó que ambas empresas recibieron dinero de las juntas comunales de Chilibre, Santa Ana y Río Abajo.

A juicio del fiscal Aguilar, la responsabilidad de Salas, de Esilda Rodríguez y de Hugo Sánchez está evidenciada, ya que fueron los beneficiarios del dinero generado a través de las dos empresas, por lo que solicitó a la jueza segunda Penal, María Lourdes Estrada, el encausamiento criminal de los tres imputados por los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios.

Además, la fiscalía pidió el sobreseimiento definitivo de Rubén Darío Pérez y de Edgardo Araúz, también investigados en este proceso.

Habla la defensa

Por su parte, el abogado Juan García, defensor de Salas, advirtió que las acusaciones de la fiscalía son inexactas, ya que un informe elaborado por la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) revela que no hubo indicios de actividad ilícita por parte de su cliente.

De acuerdo con García, este análisis de la DIJ fue elaborado por los peritos, luego de que la jueza Estrada ordenara una ampliación de las sumarias y se analizara el informe emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la Presidencia.

También explicó que aunque las empresas manejaron contratos por 3 millones de dólares, solo obtuvieron 600 mil dólares de ganancias.

En tanto, Luis Carlos Cabezas, abogado de Hugo Sánchez y de Edgardo Araúz, dijo que al Ministerio Público “se le cayó esta investigación”, ya que está viciada, pues no se usaron peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) para levantar los informes y analizar las transacciones.

En tanto, Julio Pitty, abogado de Esilda Rodríguez, planteó que nunca se violó la ley de contrataciones públicas porque no se trató de una licitación pública, sino de un contrato directo, asignado por el Consejo Municipal y refrendado por la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas.

La jueza se acogió al término de 30 días para decidir si llama a juicio a los imputados o no. Además, tiene un día adicional por cada 50 hojas del expediente, que consta de 40 tomos, con 14 mil páginas aproximadamente.

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