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Fiscal plantea vía para notificar a Martinelli

A fin de notificar al expresidente Ricardo Martinelli de los cargos que se le imputan en la investigación de los pinchazos –contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad y contra la administración pública–, el fiscal del caso, Harry Díaz, propuso al juez de garantías, Jerónimo Mejía, usar la vía diplomática.

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El magistrado Harry Díaz confirmó que Interpol no le ha dado respuesta aún sobre la alerta azul para ubicar al exgobernante. El magistrado Harry Díaz confirmó que Interpol no le ha dado respuesta aún sobre la alerta azul para ubicar al exgobernante.
El magistrado Harry Díaz confirmó que Interpol no le ha dado respuesta aún sobre la alerta azul para ubicar al exgobernante. Archivo

A fin de notificar al expresidente Ricardo Martinelli de los cargos que se le imputan en la investigación de los pinchazos –contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad y contra la administración pública–, el fiscal del caso, Harry Díaz, propuso al juez de garantías, Jerónimo Mejía, usar la vía diplomática.

La defensa del expresidente Martinelli consignó ayer una nota en la Secretaría General de la Corte, en la que ratificó que no entregará el correo electrónico del exgobernante, pues ya proporcionó su domicilio en Miami, Estados Unidos. Interpol, por su parte, no ha respondido sobre la alerta azul.

Díaz pide vía diplomática para notificar a Martinelli

El magistrado Harry Díaz, fiscal en el proceso que se le sigue en la Corte Suprema de Justicia al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos, pidió utilizar la vía diplomática para notificar al exgobernante de los cargos en su contra.

Díaz hizo la solicitud a su colega Jerónimo Mejía, quien actúa como juez de garantías en el caso, a través de una carta enviada ayer.

En la misiva, Díaz confirma al magistrado Mejía que no ha recibido respuesta sobre la alerta azul que requirió a la Interpol para ubicar a Martinelli.

Sin embargo, resalta que a través de informaciones publicadas en los medios de comunicación se enteró que Martinelli reside en el 2025 de la avenida Brickell, edificio Atlantis, apartamento 1901, Miami, Florida, Estados Unidos, y que por vía diplomática podría ser notificado en esa dirección.

Además, le recordó que en su escrito de acusación –fechado el pasado 9 de octubre– se incluyó la dirección conocida del exmandatario, no así un correo electrónico.

Con esto último, Díaz respondió a su colega Mejía, quien el pasado 30 de octubre le advirtió que si tenía la dirección electrónica de Martinelli debía suministrarla a su despacho, a fin de que la administración de justicia pudiera realizar eficientemente las actuaciones que le corresponden y con ello garantizar el derecho a la defensa del imputado.

Díaz acusa al exgobernante de la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Mientras tanto, el abogado Rogelio Cruz consignó la tarde de ayer una nota en la Secretaría General de la Corte, en la que ratificó que el equipo de defensa del expresidente no entregará la dirección electrónica de este.

“Hemos entregado nuestro domicilio profesional, teléfonos y dirección electrónica donde recibimos notificaciones, así como la residencia personal de Martinelli”, precisó.

Según Cruz, con estas direcciones es suficiente para que se notifique a su cliente sobre cualquier diligencia que tenga previsto realizar el fiscal o el juez de garantías en este proceso.

En este mismo contexto, la Secretaría de la Corte habilitó ayer un correo institucional para realizar las notificaciones del proceso.

Por otra parte, Cruz confirmó que los abogados de Martinelli esperan que el juez de garantías fije la fecha de la audiencia para la formulación de cargos, durante la cual deben resolverse los incidentes de nulidad y otros recursos que han presentado en el proceso.

El expresidente Martinelli, quien se encuentra fuera del país desde enero pasado, enfrenta seis procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad y financieros.

El exmandatario ha señalado en diversos medios de comunicación que es objeto de una persecución política y que las acusaciones en su contra no tienen ningún asidero legal.

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