Fiscal solicita dejar sin efecto suspensión del Buko Millonario

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El contrato para el bingo televisado Buko Millonario fue adjudicado en el año 2011. El contrato para el bingo televisado Buko Millonario fue adjudicado en el año 2011.
El contrato para el bingo televisado Buko Millonario fue adjudicado en el año 2011. Archivo

La fiscal cuarta Anticorrupción, Ruth Morcillo, presentó a la Corte Suprema de Justicia una solicitud especial para “levantar” la orden de suspender provisionalmente la investigación a Ricardo Martinelli Linares, por el contrato del Buko Millonario.

PLENO DE LA CORTE RESOLVERÁ PEDIDO DE FISCALÍA

La fiscal cuarta Anticorrupción, Ruth Morcillo, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una “solicitud especial” para dejar sin efecto la orden dada por el entonces magistrado Gabriel Fernández, que suspendió la investigación seguida a Ricardo Martinelli Linares –hijo del expresidente Ricardo Martinelli– en el expediente por posibles irregularidades en la concesión del bingo televisado Buko Millonario.

En una nota de prensa divulgada ayer por el Órgano Judicial, se informa que el pasado 29 de diciembre la fiscal presentó una solicitud especial “para levantar los mandatos proferidos el 30 de noviembre por el magistrado Gabriel Fernández”, quien falleció el 5 de diciembre de 2015.

Un día antes -28 de diciembre- el magistrado presidente José Ayú Prado había reiterado a la fiscal que tenía que atender el mandato de Fernández.

En resolución del 30 de noviembre de 2015, el magistrado Fernández admitió el amparo de garantías presentado a favor de Martinelli Linares. En dicho amparo se pide revocar una solicitud de información de cuentas bancarias de Martinelli Linares y otras tres personas que forman parte de la empresa que obtuvo el contrato de concesión: Omar Chen Chang, Jacqueline Chan de Watson y Egbert Agustín Wright, directivos de Grupo de Inversión Mundial, S.A. A Martinelli Linares se le vincula con la sociedad Inmobiliaria San Cristóbal Ltd., supuesta tenedora del 55% de Grupo de Inversión Mundial, S.A.

La defensa de Martinelli Linares presentó, el 27 de diciembre pasado, una solitud de incidente de desacato contra la fiscal por supuestamente no acatar la suspensión de la investigación al hijo del expresidente.

La CSJ informó que ayer se le dio traslado a la fiscal Morcillo sobre este incidente de desacato.

“La decisión final con respecto a la acción del amparo de garantías constitucionales presentada a favor de Ricardo Martinelli Linares, contra la orden de hacer de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, será adoptada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, luego de resolver el incidente de desacato y la solicitud especial de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción,” señala la nota del Órgano Judicial.

Siguen reacciones

La suspensión provisional del proceso a Martinelli Linares por el contrato de Buko Millonario siguió generando reacciones.

Para la exmagistrada de la Corte Esmeralda de Troitiño en el caso de una investigación criminal, la ley prevé que no se puede alegar confidencialidad de ninguna clase.

Aclaró que puede haber algunas excepciones, pero en caso de procesos criminales no aplica confidencialidad de información.

En tanto, Miguel Antonio Bernal, catedrático de la Universidad de Panamá, coincide con la posición del fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, y del excontralor Alvin Weeden, quienes calificaron la aceptación del amparo como un “entuerto jurídico” y “una vergüenza” para el sistema judicial.

“Aun cuando la Corte se encuentra a tiempo de fallar en el fondo sobre este amparo, debe producir un alto grado de preocupación hasta donde ha llegado está situación, mientras que hay amparos de garantías que duermen el sueño de los justos, hay otros que son atendidos inmediatamente para favorecer como siempre a los más poderosos”, señaló Bernal.

Luis Eduardo Camacho González, abogado de Martinelli Linares, expresó que presentó el amparo de garantías a favor de su defendido, porque la solicitud de información a los bancos tenía que estar ligada a la relación de la sospecha de algún tipo de delito y en este caso no sucedió.

Indicó que la fiscal, al elevar este tipo de solicitud, debe definir la clase de delito por el que investiga a su defendido en este proceso.

Fuentes judiciales precisaron que la fiscalía pidió información de cuentas bancarias de los sospechosos en este proceso a 40 bancos y obtuvo respuestas de 30 entidades.

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