CASO PETROBRAS

Fiscales amenazan con renunciar

Los legisladores alteraron drásticamente el contenido de un proyecto de ley y agregaron una enmienda que permite acusar a procuradores y jueces.

Firma Andrade Gutiérrez cooperará en investigación

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El líder del Senado, Renán Callheiros, y el presidente Michel Temer han recibido duras críticas. El líder del Senado, Renán Callheiros, y el presidente Michel Temer han recibido duras críticas.
El líder del Senado, Renán Callheiros, y el presidente Michel Temer han recibido duras críticas. Ueslei Marcelino

Los fiscales que investigan la red de corrupción en Petrobras amenazaron ayer con renunciar y acusaron al Congreso de impulsar leyes para ahogar el caso, intensificando una guerra de poderes que tiene en vilo a la democracia brasileña.

La Cámara de Diputados aprobó en plena madrugada una iniciativa que permite acusar a jueces y fiscales de abuso de autoridad. Para los fiscales, ese proyecto representa “el comienzo del fin de Lava Jato” (lavadero de autos), como se conoce a la investigación que reveló una confabulación entre empresarios y partidos para financiar la política y acrecentar fortunas personales mediante subastas ilícitas de obras en la petrolera.

“Nuestra propuesta es la de renunciar colectivamente en caso de que esa propuesta sea sancionada por el presidente” Michel Temer, dijo el fiscal Carlos dos Santos Lima en una conferencia de prensa en Curitiba (sur).

Irónicamente, el proyecto de ley que obtuvo media sanción ayer surgió de una iniciativa de los propios fiscales y contó con el respaldo de más de 2 millones de firmas.

Pero los legisladores alteraron drásticamente su contenido y agregaron una enmienda que permite acusar a procuradores y jueces de abuso de autoridad.

Los fiscales consideraron que se trata de una “ley de intimidación”, elaborada por un cuerpo que tiene entre sus miembros a decenas de sospechosos de corrupción y muchos de ellos bajo el foco de la Operación Lava Jato.

“El avance de propuestas como la ley de intimidación instaura una dictadura de la corrupción, un estado de tiranía en que el nuevo poder se ejerce fuera de los límites transferidos por el pueblo”, declaró el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol.

La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lucia, y el procurador de la República, Rodrigo Janot, se sumaron al reclamo de lo que ya es una batalla pública entre poderes. Pero para Thiago Bottino, profesor de derecho penal de la privada Fundación Getulio Vargas, “es una amenaza difícil de ser cumplida. El Ministerio Público es una institución independiente de la persona (...). Esta reacción emocional no es la mejor forma de convencer a los diputados de que la ley no debería ser aprobada”, dijo a la AFP.

El enfrentamiento tendrá un nuevo capítulo hoy jueves cuando el STF decida si acepta una denuncia contra el presidente del Senado, Renán Calheiros, que promueve varias iniciativas para regular la acción del Poder Judicial. El caso está bajo secreto del sumario y su juzgamiento estará precedido de un acto de magistrados federales en reclamo de lo que consideran el avance de un poder sobre otro.

Se produce además en vísperas de la firma de un acuerdo de “delación premiada” entre la justicia y la constructora Odebrecht, la más implicada en el escándalo de Petrobras, para obtener el testimonio de más de 70 ejecutivos a cambio de una reducción en sus eventuales condenas.

La confesión masiva del grupo de ingeniería pondría sobre la mesa muchos nombres nuevos y según medios locales afectaría a un centenar de políticos, mayormente por la práctica de la llamada caja 2 de financiación ilegal de campañas electorales.

“La aprobación de la ley de intimidación ocurre en momentos en que Lava Jato está cada vez más cerca de (probar) crímenes de corrupción practicados por un número significativo de legisladores influyentes”, dijo Dallagnol.

Firma Andrade Gutiérrez cooperará en investigación

 Andrade Gutiérrez, S.A., uno de los mayores conglomerados empresariales y de ingeniería de Brasil, firmó ayer miércoles un acuerdo de indulgencia con una agencia del Gobierno para colaborar en la investigación de un enorme escándalo de corrupción.

Andrade Gutiérrez y el regulador antimonopolios Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) dijeron en comunicados separados que el acuerdo es parte de una investigación a las obras de ingeniería realizadas en múltiples favelas de la ciudad de Río de Janeiro en los últimos años.

Los fondos utilizados para financiar esas obras eran parte del programa de inversión Plan de Crecimiento Acelerado de la destituida presidenta Dilma Rousseff, y están incluidos en la ”Operación Lavado de Autos”, una investigación de corrupción por contratos fraudulentos entre constructoras y empresas estatales.

REUTERS

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