REVELACIONES EN ITALIA VINCULAN A PRESIDENTE DE PANAMÁ EN SUPUESTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN INTERNACIONAL

Fiscales italianos interrogan a Lavítola por siete horas

diligencia. El fiscal Henry J. Woodcock interrogó ayer a Lavítola por varias horas. ANSA / Ciro Fusco diligencia. El fiscal Henry J. Woodcock interrogó ayer a Lavítola por varias horas. ANSA / Ciro Fusco
diligencia. El fiscal Henry J. Woodcock interrogó ayer a Lavítola por varias horas. ANSA / Ciro Fusco

Mientras en Italia, Valter Lavítola enfrentaba ayer en la cárcel de Poggioreale en Nápoles, Italia, las preguntas de los fiscales Henry John Woodcock y Francesco Curcio, en Panamá el ministro de Seguridad Pública y canciller encargado, José Raúl Mulino, daba la cara ante el cuerpo diplomático acreditado en el país.

Con el escándalo internacional sobre la presunta vinculación del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y otros funcionarios de su gobierno, en el cobro de coimas relacionadas con contratos con empresas italianas, el ministro Mulino explicó la versión oficial sobre los acuerdos de cooperación con Italia y la participación de Lavítola.

“Para todos los efectos prácticos, el señor Lavítola, en ese momento, podía tener el rango equivalente de un embajador en misión especial... que se da y yo he sido embajador de misión especial... o de un enviado personal del primer ministro y para todos los efectos del gobierno de la República de Panamá, él era una persona públicamente identificada por el Gobierno de Italia, lo que vino después fue después, no existe nada irregular”, resaltó Mulino.

“A mí también me han prestado carros en otros países... yo no creo que una deferencia y cortesía elemental sea un acto de corrupción”, añadió.

En la reunión con los diplomáticos, Mulino comentó que para Panamá era muy importante que los embajadores acreditados en el país conocieran los detalles de los acuerdos de cooperación con Italia y los contratos que produjeron.

En ese sentido, el ministro aludió al hecho de que el Consejo de Gabinete, en pleno –cuando aún existía la alianza con el Partido Panameñista–, los autorizó sin objeción alguna.

Igualmente mencionó al exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino, cuya cartera avaló, dijo, el proceso de contratación con las empresas italianas.

Sobre la propuesta de la empresa Svenmark para la construcción de las cárceles modulares, el funcionario explicó que por falta de recursos no se pudo concretar.

Con relación a las declaraciones del excanciller italiano Franco Frattini, que calificó de especialmente cercana la relación entre Lavítola y el Presidente de Panamá, Mulino preguntó a los diplomáticos presentes si no era cierto que a muchos los tuteaba y que les decía “qué pasó mi hermano, qué pasó brother. ¿Eso me convierte a mí en cómplice?”.

Finalmente, calificó de falacia las informaciones aparecidas en importantes medios de Italia y el mundo, y acusó a la oposición panameña de estar “alentando falsedades”.

Por otro lado, el vicepresidente, Juan Carlos Varela, instó ayer a que la Asamblea Nacional a que nombrara una comisión de diputados [organismo que investiga al Presidente] para que viaje a Italia e investigue el caso. “Lo ideal es que esa comisión esté conformada por personas independientes, con respeto y credibilidad en el país”, añadió Varela.

La petición del vicepresidente, que fue formalizada en la Asamblea Nacional por las bancadas opositoras del Partido revolucionario Democrático (PRD) y del Panameñismo, fue rechazada por las mayoritarias bancadas de Cambio Democrático y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista.

La propuesta fue vetada por 39 votos a favor y 18 en contra.

El diputado de Cambio Democrático Agustín Shellhorn defendió la decisión de la bancada oficialista asegurando que “no existe formalmente un proceso en contra de autoridades panameñas y que esta situación no se debe manejar políticamente”.

En este sentido, el diputado José Blandón manifestó que “lo menos que puede hacer esta Asamblea es nombrar esta comisión y no esconderse en un hueco como un avestruz”.

“Ya este no es un tema de los medios nacionales o de la política local, sino que es un tema que está saliendo de autoridades italianas y en el cual autoridades norteamericanas y brasileñas están solicitando la información correspondiente. Es un tema de corrupción internacional, no es un tema cualquiera”.

Por su parte, el presidente Martinelli volvió ayer a utilizar su cuenta de Twitter para dar su versión de los hechos, asegurando que pronto se sabría la verdad de la historia. (Ver mensajes).

Desde Italia

Ayer, Finmeccanica, conglomerado italiano al que pertenecen las empresas Selex Sistemi Integrati, Augusta Westland y Telespazio –que vendieron los radares, helicópteros y el mapa digital, respectivamente, por $250 millones–, emitió un comunicado rechazando categóricamente haber pagado comisiones ilegales al Gobierno de Panamá o al empresario Valter Lavitola, “así como haber autorizado que uno de sus helicópteros Augusta haya sido puesto a disposición del presidente panameño, Ricardo Martinelli”.

La agencia de noticias Ansa señala que Giuseppe Orsi, administrador delegado del grupo empresarial –cuyo capital incluye una cuota del 32.45% del Estado italiano– alegó que “nunca he autorizado, de ninguna manera, que se pusiera a disposición o se entregara un helicóptero AugustaWestland al Gobierno de Panamá o a su Presidente, como adelanto o al margen de los tiempos acordados para la entrega regular de cinco helicópteros”.

Finalmente, informó que Finmeccanica “ha encargado a sus abogados de evaluar las acciones que estimen necesarias para la tutela de sus propios derechos y a la reparación de los graves daños soportados” por la difusión de noticias sobre presuntas irregularidades vinculadas con sus actividades”.

El comunicado omite, sin embargo, un importante dato: el 1 de diciembre de 2010 Pier Francesco Guarguaglini renunció al cargo de presidente de Finmeccanica, debido al escándalo de corrupción relativo al descubrimiento de la existencia de un “fondo negro” alimentado con sobreprecios para sobornar a funcionarios en el extranjero con el objetivo de obtener contratos.

A esta renuncia se sumó después la de Salvatore Metrangolo, Paolo Pozzessere, Manlio Fiori y Marina Grossi, esposa de Guarguaglini y quien desempeñaba el cargo de directora general y consejera delegada de Selex.

Algunas de estas personas, incluso, fueron detenidas en su momento por los hechos aludidos.

Tampoco menciona el comunicado de Finmeccanica la carta del 17 de octubre, en la que Selex suspende un contrato de “promoción de ventas” con la sociedad anónima Agafia Corp., cuya presidenta es Karen De Gracias, una panameña ligada sentimentalmente a Lavítola.

Igualmente ayer, el diario italiano La Repubblica publicó la transcripción de unas escuchas telefónicas del 21 de agosto de 2011 entre Lavítola y el ya mencionado exdirector comercial de Finmeccanica, Paolo Pozzassere, en las que hablan de entregar un helicóptero al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, “como anticipo del pago de 30 millones [no se especifica si dólares o euros] que se le había prometido”.

Como ya se informó, ni el helicóptero ni el resto del pago fue entregado. La operación salió a la luz después de que el nombre de Lavítola apareciera en las investigaciones por supuesto soborno a Berlusconi.

La agencia de noticias EFE agrega que “los investigadores italianos centran sus pesquisas en la sociedad Agafia Corp.”, mencionando al argentino Gustavo Franchella, quien alega ser su dueño.

Los investigadores consideran que Agafia Corp. “funcionó como intermediaria en los negocios entre Finmeccanica y el Gobierno panameño”.

Las Cárceles

Los documentos obtenidos por la Fiscalía de Nápoles relacionados a la construcción fallida de cuatro cárceles modulares en Panamá por $176 millones, no hacen referencia a que el proyecto no se concretó por tener un “costo muy elevado”, como declaró la exministra de Gobierno Roxana Méndez.

El nombre de Méndez también ha sido ligado al supuesto pago de coimas en Panamá por parte de empresas italianas, ya que como exministra de Gobierno tuvo bajo su responsabilidad parte de las negociaciones con la empresa que construiría las cárceles.

La hoy alcaldesa capitalina explicó que se trató de un proceso largo en el que se hicieron múltiples estudios de terreno y que, luego de consultar a la Contraloría General, la Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas, se decidió no cerrar el trato, “tomando en cuenta las prioridades del Estado y la capacidad de endeudamiento que había en el momento”.

Sin embargo, el 15 de junio de 2011, Mauro Velocci, presidente del Consorcio Svemark Panamá que propuso la construcción de las cárceles, recibió un mensaje electrónico de Raúl Andrade, asesor legal del Ministerio de Gobierno, en el que le pedía una “lista de actividades bien detalladas para establecer los pagos toda vez que hay que recordar que el 75% del contrato es suministro y se harán pagos sin haber iniciado la construcción en Panamá...”. ( Ver facsímil).

En los documentos incautados por la Fiscalía de Nápoles también aparecen otros correos electrónicos entre Velocci y Ábrego, en los que se menciona que el proyecto costaría $176 millones y tendría una dimensión de 91 mil 470 metros cuadrados.

En estas negociaciones también participó la abogada Marleni Paolo, quien es la agente residente de las tres filiales de Finmeccanica en Panamá. La abogada Paolo además actuó como agente residente de la ya citada sociedad anónima panameña Agafia Corp., que según medios italianos, cobraría el 10% de la suma total de los contratos.

Velocci declaró a este diario que el precio nunca fue objetado por los miembros del Gobierno panameño durante el largo período de negociación que finalmente fracasó.

Efectivamente, en la carta del 23 de julio de 2011 que la exministra Méndez le envió al consorcio Svemark Panamá, suspendiendo “por ahora” el proyecto debido a “razones de prioridades”, no se menciona que el precio era muy alto.

“Confirmamos que este Ministerio considera muy valiosa la propuesta presentada por su empresa y se ajusta a lo que se desea implementar en el sistema penitenciario panameño en un futuro”, agrega la citada carta.

El tema volvió a abrirse tres meses después, el 14 de octubre de 2011, cuando el embajador italiano en Panamá, Giancarlo Curcio, remitió una carta al Consorcio Svemark solicitando la donación de un hospital pediátrico para Veraguas a cambio de retomar las negociaciones del proyecto de cárceles modulares.

La Prensa le envió ayer un cuestionario al embajador Curcio sobre este asunto, pero no respondió.

“Queda claro que para que el embajador Curcio haya realizado una solicitud tan loca, seguro había hablado con alguien de más arriba del Gobierno”, comentó Velocci a La Prensa el 8 de diciembre de 2011.

Ayer, la alcaldesa capitalina negó haber recibido ni dinero ni beneficio alguno como parte del proceso de negociación con la empresa Svermark, e insistió en que el alto precio fue la única razón para la suspensión del contrato, cuya negociación empezó el ministro José Raúl Mulino.

El interrogatorio

La agencia de noticias Ansa detalla que la primera sesión de preguntas que enfrentó Lavítola ayer estuvo enfocada en las ingentes sumas (más de 20 millones de euros, unos 26 millones de dólares) que el empresario recibió del Estado italiano y con documentación falsa, para financiar los órganos de prensa partidarios, entre los que estaba el diario L´Avanti del que Lavítola fue editor.

La hipótesis de los investigadores es que Lavítola desvió estos fondos –2.5 millones de euros– hacia cuentas personales en el exterior, para financiar operaciones irregulares en América Latina, incluyendo el pago de comisiones ilegales en Panamá.

El segundo interrogatorio, que comenzó inmediatamente después del primero, fue conducido por el juez para las investigaciones preliminares Darío Gallo, por encargo de la fiscalía de Bari, donde Lavítola es investigado por sus relaciones con Gianpaolo Tarantini, un empresario local ya condenado por cesión de cocaína y actualmente procesado por instigación de la prostitución.

Tarantini es considerado por los investigadores uno de los contactos que utilizaba Berlusconi para procurarse compañía femenina para las fiestas que organizaba en sus residencias privadas de Roma, Milán y Cerdeña.

La sesión de preguntas duró unas siete horas.

Finalmente, ayer el procurador de la Nación, José Ayú Prado, informó que la fiscal segunda Anticorrupción, Lizzett Marie Chevalier Ríos, preside la delegación del Ministerio Público que viajó ayer a Italia para hacer entrega formal a las autoridades italianas correspondientes, de la Asistencia Judicial Internacional fundamentada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La intención de la petición es obtener copias autenticadas y legalizadas de la documentación pertinente, incluyendo órdenes de arresto contra Lavítola, declaraciones de testigos y acusados, en relación al proceso de contratación para la construcción de cárceles modulares.

A Italia también irá, en las próximas horas, el ministro Mulino, para insistir en que el presidente Martinelli nada tiene que ver con las investigaciones que se le sigue a Valter Lavítola por corrupción internacional.

(Con información de Santiago Cumbrera, Ereida Prieto, José Otero, Eliana Morales, Irene Hernández y Gustavo Aparicio).

El rol de los embajadores italianos en Panamá

Il Fatto Quotidiano, en su edición de ayer, publicó una crónica titulada “Las bellas carreras de los tres compañeros de Valter Lavítola”, en el contexto de los escándalos de corrupción que involucran al gobierno de Ricardo Martinelli.

El diario italiano cuenta los estrechos vínculos, tanto del actual embajador de Italia en Panamá, Giancarlo Cursio, como de su antecesor, Plácido Vigo, en las andanzas de Lavítola en nuestro país.

La tripleta la completaría María Claudia Ioannucci, exsenadora del partido de Silvio Berlusconi, y quien fuera anfitriona del presidente Martinelli durante su viaje clandestino a Cerdeña.

Según el diario, el grupo tiene dos características en común: una carrera pública exitosa y vínculos estrechos con Lavítola.

Se asegura que los diplomáticos fueron “confidentes, cómplices e informantes veloces de Lavítola, con una habilidad para involucrarlo en temas [bilaterales], incluso llegando a seguir sus órdenes para introducirlo en los negocios panameños”.

Uno de los testigos clave de la Fiscalía de Nápoles, Mauro Velocci, presidente del consorcio Svemark que –según se han reportado desde Italia, basado en las investigaciones de la Fiscalía de Nápoles– habría pagado coimas en Panamá, declaró a los fiscales que cuando buscaba obtener el contrato para la construcción de cárceles modulares, “el embajador Cursio estaba totalmente sometido a Lavítola y en más de una ocasión, antes de hacer algo, consultaba con éste su parecer”.

Velocci confesó su sorpresa ante ciertas prácticas y relaciones en Panamá.

En un recuento a los fiscales sobre la primera vez que vio el modo de funcionar de Lavítola, dijo que “estando en el carro, de pronto [el embajador] Vigo me dijo crudamente que para llegar a la firma del contrato en breve, era indispensable que Capriotti [socio del consorcio Svermark] llamara a un tal Valter Lavítola. En esa ocasión escuché por primera vez su nombre. Y [el embajador me dijo] eso por dos motivos: debido a que era allegadísimo al primer ministro Berlusconi –quien había delegado en Lavítola el seguimiento de la ejecución del Memorándum Italia-Panamá–, y sobre todo porque Lavítola [también] era muy amigo y mucho más cercano al presidente Martinelli”.

Según el diario, a las dudas de Velocci se contrapuso la certeza del diplomático italiano, quien le insistió en que Lavítola estaba esperando la llamada de Capriotti, y que esta debía producirse antes de que ellos llegaran al ministerio.

“A ese punto, le pregunté a Vigo, que quién le había advertido a Lavítola sobre dicha llamada y él me respondió que fue Paolo Berlusconi [hermano de Silvio Berlusconi]”, relató Velocci.

Plácido Vigo es hoy en Roma la mano derecha del actual ministro de Relaciones Exteriores, Giulio Terzi di Sant´Agata.

Según la crónica, Velocci contó a los fiscales sobre la firmeza del embajador para que se hiciera la llamada. “Contrario a sus modos usualmente educados, ese día me habló en términos duros y fatales, dejando claro que de esa llamada dependía que nos recibiera el ministro”.

¿Pero, de dónde nace el vínculo casi confidencial entre Lavítola y Martinelli?, se pregunta el periódico, que inmediatamente empieza a narrar unas vacaciones del mandatario panameño a cuenta de Lavítola en Italia, donde entra la colaboración del tercer personaje de la crónica, la exsenadora Ioannucci.

En agosto de 2011 –narra el diario–, mientras Martinelli estaba en Cerdeña, Lavítola lo llevó a Villa Certosa, la más importante de las mansiones de Silvio Berlusconi en Cerdeña. Desde allí, Lavítola llamó al primer ministro, contándole que está junto al Presidente de Panamá.

“Está él”, dijo Lavítola, refiriéndose a Martinelli. “Además, están el ministro de Obras Públicas, el presidente de la banca central, otro amigo de ellos y Ioannucci, quien ha servido de anfitriona en Cerdeña”, cuenta el rotativo.

Ioannucci en ese entonces había sido nombrada por Berlusconi en el consejo de administración de los Correos Italianos, y cuenta que aprovechó la ocasión para firmar un convenio con Martinelli para la supuesta modernización de los correos panameños.

A Ioannucci le correspondió la tarea de que el Presidente panameño –según Il Fatto– fuera fotografiado en la villa de Berlusconi “para poder enviar dichas fotos a la prensa de su país”.

“Son cosas de poder, de relaciones, de publicidad, de dinero y de amistad, las cosas donde estaba el valor agregado de Valter”, concluye el reportaje.

Redacción de La Prensa

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