Fiscalía y defensa de Ríos Montt, un pulso que olvida a víctimas

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Fiscalía y defensa de Ríos Montt, un pulso que olvida a víctimas

El ingreso en un hospital psiquiátrico público del exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, quien enfrenta un juicio por genocidio, se convirtió en un pulso legal entre la defensa y la Fiscalía, cuya pugna deja a un margen a las víctimas que claman por una justicia cuasi utópica.

Un grupo de fiscales y una ambulancia de la Cruz Roja llegaron el pasado jueves a la vivienda donde el general golpista (1982-1983) permanece bajo arresto domiciliario.

El objetivo era ejecutar la orden de traslado del Tribunal B de Mayor Riesgo expedida el pasado 23 de julio, en la que dictaba el internamiento del acusado y que fue una jugada que sorprendió a propios y a extraños.

No obstante, el grupo de abogados del supuesto genocida interpuso un nuevo recurso para evitar que se consumara el procedimiento. Y consiguieron su propósito: por segunda vez en menos de una semana el traslado de Ríos Montt al sanatorio mental Federico Mora se cancelaba.

Y es que este no era el primer intento. El sábado 25 de julio era el día marcado por el alto tribunal que ve el proceso, encargado de casos de gran impacto social, para que internasen al exdictador. Pero la defensa de Ríos Montt sacó ese día una carta de debajo de la manga, que no es un as definitivo, para evitar que su patrocinado ingresara en un centro asistencial señalado por el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jorge de León Duque, como el peor del mundo.

La otra parte del caso, los representantes de las víctimas de ese genocidio, rechazaron esta semana cualquier opción que no sea ingresar al exdictador en el centro público. La defensa propone dos hospitales privados de la capital: el centro militar o la clínica Los Pinos.

Este rechazo se plasmó en una querella presentada el viernes por el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos ante la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia jurídica del país. Ríos Montt enfrenta un nuevo juicio por la masacre de mil 771 indígenas ixiles y mayas a manos del Ejército de Guatemala durante su régimen de facto (1982-1983).

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