Medios de comunicación

Fiscalía ordena indagatorias por supuesto blanqueo

El fiscal Marcelino Aguilar dio inicio a la toma de declaraciones con el empresario Moisés Levy, revelaron fuentes judiciales.

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Jaime Abad presentó en abril pasado una denuncia para que se investigue a 10 empresas por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y otros. Jaime Abad presentó en abril pasado una denuncia para que se investigue a 10 empresas por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y otros.
Jaime Abad presentó en abril pasado una denuncia para que se investigue a 10 empresas por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y otros. Archivo

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada formuló cargos y ordenó indagar a tres empresarios por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de la investigación sobre una serie de transacciones efectuadas para la compra de una empresa que agrupa a varios medios de comunicación impresos, presuntamente con fondos vinculados a actividades ilícitas, informó ayer el Ministerio Público a través de un comunicado.

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, a cargo del fiscal Marcelino Aguilar, inició la toma de declaraciones indagatorias con Moisés Levy, según detallaron fuentes judiciales, las cuales precisaron, además, que los otros dos empresarios imputados están vinculados a la empresa Transcaribe Trading, S.A. (TCT).

El Ministerio Público precisó que, de acuerdo con la investigación, un grupo de empresarios, personas naturales y jurídicas, depositaron en una cuenta bancaria, en un lapso de dos días, dineros para la adquisición de la empresa que agrupa varios medios de comunicación, cuya actividad precedente está relacionada con delitos contra la administración pública.

En el comunicado, el Ministerio Público indica que “respeta y garantiza la libertad de expresión y la línea editorial de los medios de comunicación. Por lo tanto, la investigación penal no afecta la relación laboral ni las actividades periodísticas que allí se desarrollan”.

La investigación a la que hace referencia el Ministerio Público guarda relación con una denuncia penal interpuesta el 18 de abril pasado por el exdirector de la desaparecida Policía Técnica Judicial (PTJ) Jaime Abad, para que se investigue a las empresas Transcaribe Trading, S.A. (TCT), Excavaciones del Istmo, S.A., y ocho sociedades más por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva y contra la administración pública.

En la denuncia, Abad cita a David Ochy y Axel Gómez como los representantes legales de TCT y Excavaciones del Istmo, S.A., respectivamente.

La primera empresa obtuvo el contrato para la construcción del ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera, por $152 millones; mientras que la segunda era la contratista del proyecto de rehabilitación de caminos de Panamá Oeste, por $27 millones.

Abad indicó en la denuncia que maneja información de que se utilizó una cuenta corriente del Global Bank Overseas, LTD para depositar los dineros que “ presumiblemente provinieron de fondos públicos, porque fueron transferidos desde cuentas de empresas que, a su vez, participaron en actos públicos y por ende tales empresas tenían alguna relación con el Estado, y conforme a lo expresado por el diputado [Jorge Iván] Arrocha fueron utilizados indebidamente para la compra de la empresa Editora Panamá América (Epasa)”.

Abad agrega que la cuenta en el Global Bank Overseas, LTD fue utilizada como “cuenta canasta” o “centro de acopio” para recibir la transferencia de fondos “desde una multiplicidad de fuentes de origen”, entre las que citó las empresas Gladden Corporation, Fursys Latin Corp., Caribbean Holding Services LTD, High Spirit, Constructora Corcione & Asociados, Pavilion Financial Company Inc., Pueblos ID, S.A., y Gold Park Investment Inc.

El exdirector de la PTJ indicó en conferencia de prensa que estas empresas –10 en total–“formaron una especie de cuenta canasta a la cual, en menos de 48 horas (...), aportaron una millonaria cifra que se utilizó para la compra de Editora Panamá América”.

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