EL CASO DE LAS CÁRCELES MODULARES

Fiscalía prohíbe a Herrera salir del país

La dirigente perredista acudió ayer al Ministerio Público, pero no rindió declaración indagatoria porque no estaba asistida por un abogado.

La Fiscalía Séptima de Circuito impuso una medida cautelar de impedimento de salida del país a la dirigente del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, acusada por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, tras la divulgación, a través de Telemetro y TVN, de correos electrónicos que contienen conversaciones entre el presidente, Ricardo Martinelli, y el empresario italiano Valter Lavítola.

Herrera acudió ayer en la mañana a rendir declaración indagatoria en la fiscalía, pero se acogió al artículo 22 de la Constitución, según el cual toda persona acusada por un delito tiene derecho a la asistencia de un abogado.

La dirigente perredista es señalada por difundir, en diciembre de 2011, correos electrónicos en los que supuestamente el Presidente conversa con Lavítola sobre el pago de sobornos a funcionarios panameños dentro de la negociación fallida para la construcción de cárceles modulares en el país.

Herrera ha dicho que esos correos se los dio el también empresario italiano Mauro Velocci, que fuera representante en Panamá del consorcio Svemark y negoció con el Gobierno las cárceles modulares.

La fiscalía también formuló cargos a Velocci, aunque este se encuentra en su país [Italia].

Al concluir la diligencia, Herrera denunció que sus abogados no fueron notificados sobre la citación de la fiscalía. “Yo les dije que estaba dispuesta a declarar, pero si estaban presentes mis abogados, y al llegar me di cuenta de que no los habían notificado”, dijo.

Antes, al llegar al Ministerio Público (MP), señaló que los cargos en su contra son parte de una persecución política por sus aspiraciones a la Alcaldía de Panamá y a la Presidencia.

Herrera calificó de ilegal la orden del juez undécimo penal, Alexis Ballesteros, para que el fiscal séptimo de circuito, José Osorio, la indagara, pues viola el artículo 5 de la Ley 63 del Código Procesal Penal, según el cual ningún juez puede intervenir en la decisión de un fiscal.

Agregó que las acciones de Ballesteros podrían tener relación con la posible designación como procuradora de la Nación de Ana Belfon, abogada del presidente, Ricardo Martinelli.

“Belfon puede ser Procuradora cuando el licenciado Ayú Prado sea nominado como magistrado de la Sala Penal. Eso es lo que se dice, y como Panamá es un pañuelo, no vaya a ser que le estén haciendo un favor a Martinelli”, destacó.

Precisó que ninguna de las acciones de Martinelli evitará que denuncie las violaciones del gobierno.

Reacciones

El vicepresidente, Juan Carlos Varela, opinó que quienes denuncian actos de corrupción deben ser aplaudidos y no procesados por la justicia.

“En muchos países se protege a las personas que denuncian actos de corrupción, para evitar que se tomen represalias contra ellas, como es en este caso”, dijo.

En tanto, el dirigente del PRD y precandidato presidencia de ese partido Samuel Lewis lamentó que “las autoridades judiciales se presten para perseguir a miembros de ese colectivo político, que hoy se atreven a denunciar públicamente los actos de corrupción del gobierno de Martinelli, como lo ha hecho Balbina Herrera”.

A su juicio, llama la atención que el MP “no haya movido un dedo para investigar las denuncias de coimas y sobrecostos en las compras de radares, pero sí lo haya hecho contra quien lo ha denunciado”.

“Aspiramos a que el MP sea utilizado para investigar los delitos y no para servir como un ente que patrocina el terrorismo judicial”, dijo.

A su vez, el secretario general del PRD y quien también es precandidato presidencial de ese colectivo, Juan Carlos Navarro, dijo que es “inaceptable que nuevamente usen al MP para perseguir políticamente al PRD por denunciar los desaciertos del gobierno”.

El primer subsecretario del CEN del PRD, Javier Martínez Acha, calificó como “absurdo” que el MP vaya contra el denunciante y no contra quien comete el delito, “prestándose a todas luces a perseguir a una dirigente del PRD”.

Martínez Acha lamentó que “la actual administración de justicia del país esté en estas condiciones”.

(Con información de Isidro Rodríguez y Eduardo Mendoza).

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