POLÍTICA Y SOCIEDAD CIVIL

Frente se declara en alerta

La agrupación se opone a cualquier acción en contra de los magistrados Jerónimo Mejía, de la CSJ, y Erasmo Pinilla, del TE.
El Frente por la Democracia considera que las elecciones de 2014 podrían ser ‘sangrientas’. Prepara un cronograma de acciones en diferentes puntos del país. LA PRENSA/ Ricardo Iturriaga. El Frente por la Democracia considera que las elecciones de 2014 podrían ser ‘sangrientas’. Prepara un cronograma de acciones en diferentes puntos del país. LA PRENSA/ Ricardo Iturriaga.
El Frente por la Democracia considera que las elecciones de 2014 podrían ser ‘sangrientas’. Prepara un cronograma de acciones en diferentes puntos del país. LA PRENSA/ Ricardo Iturriaga.

El Frente por la Democracia, una agrupación que nació a mediados de 2012 para oponerse a polémicas leyes que impulsó el Ejecutivo, se declaró anoche en alerta ante varios acontecimientos que, dijeron, afectan la democracia.

Mariano Mena, uno de los coordinadores de este grupo, dijo por ejemplo que van a defender la institucionalidad del país frente “a las intenciones del presidente, Ricardo Martinelli, de perpetuarse en el poder”.

“Están tratando de sacar al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Jerónimo Mejía, y cuando lo saquen van a aplicar la misma estrategia con el magistrado del Tribunal Electoral (TE) Erasmo Pinilla”, sustentó.

Dijo que tal como se orquestan las elecciones de 2014, podrían ser “sangrientas”.

Aseguró que programan un cronograma con actividades que emprenderán en todo el país, para manifestarse en contra de acciones lesivas del gobierno de Martinelli.

También advirtió de que se opondrán a la venta de las acciones del Estado en las empresas mixtas, en cualquier administración.

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro, por su lado dijo reconfirmar el compromiso de su colectivo con el frente y con los preceptos que formaron el grupo.

LOS INVITADOS

En el acto estuvieron, además, el presidente del Partido Popular, Milton Henríquez; Irving Santos, en representación del Panameñista; Nelva Reyes, de Espacio Encuentro de Mujeres; Raisa Banfield, en representación de los ambientalistas; Alessandro Ganci, de la Asamblea Ciudadana, y los políticos del PRD Francisco Sánchez Cárdenas, Mitchell Doens y Balbina Herrera, entre otros.

El Frente por la Democracia se manifestó en las calles en contra de la ley que buscaba vender las acciones del Estado en las empresas mixtas, contra la Sala Quinta y contra la norma que reformó el Código Electoral en septiembre de 2012.

TAMBIÉN SE PRONUNCIAN

El pronunciamiento de esta agrupación, integrada por partidos políticos y por integrantes de la sociedad civil, se dio horas después de que el Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) instara a través de una nota a la Asamblea Nacional y a la Comisión de Credenciales de este órgano, a que se inhiba de la denuncia contra Mejía.

Este gremio de juristas, en el comunicado, reprochó los actos que atenten contra la independencia de cualquier órgano del Estado y que se preste para manipular sus decisiones, en medio de una campaña electoral.

La denuncia contra el magistrado de la Sala Segunda Penal de la CJS fue interpuesta ante la Asamblea el pasado 20 de junio por el abogado Antonio Guerrero, quien acusa a Mejía por el supuesto abuso de autoridad y apología del delito.

Guerrero utiliza argumentos del magistrado relacionados al proceso que se le sigue a la magistrada suplente Karem Benítez, quien es acusada de llevarse los expedientes para su casa. En su momento Mejía expresó: “Jueces y funcionarios sacan los expedientes para adelantar trabajo”.

Caso Gerardo Solís

El MAG también reprochó la querella penal presentada por el magistrado de la CSJ Harry Díaz y el ministro de Salud, Javier Díaz [son hermanos], contra Gerardo Solís, precandidato independiente a la Presidencia, por la supuesta comisión del delito contra el honor.

Para este gremio, la acción legal de los funcionarios viola las garantías constitucionales de libre pensamiento y de libre expresión e insta al Ministerio Público de abstenerse a ejercer acción penal.

“Para que no se convierta en un instrumento de persecución política”, sustentan.

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